Este 29 de enero se cumple un año de la formalización de 14 imputados de la indagatorias por cohecho, soborno, delitos tributarios, ventajas indebidas del síndico y responsabilidad jurídica de las empresas.

Conocido como caso Caval, la investigación que lleva adelante la Fiscalía de O´Higgins ha descartado cualquier salida alternativa o procedimiento abreviado, decisión tomada por la complejidad de los hechos investigados.

El fiscal Sergio Moya, a cargo de la causa, dijo que “se hace necesario que sean conocidos los hechos en su calificación jurídica como un todo, y no de manera parcial”.

Moya, además, reiteró que los delitos que se investigan son graves, toda vez que perjudicaron al fisco de Chile. Además, por su amplia repercusión pública al estar implicados el hijo y la nuera de la Presidenta.

Sin embargo, explicó que las penas variaran de caso en caso. “La obligación al cerrar la investigación es ponderar las declaraciones que han prestado los imputados y determinar si concurren circunstancias atenuantes de responsabilidad penal; por ejemplo, de colaboración sustancial”. Además, analizar los posibles atenuantes u agravantes.

Moya no quiso referirse a la situación puntual de Sebastián Dávalos: “La situación de todas las personas que han sido investigadas en esta causa va a ser definida cuando se cierre la investigación, incluído él”.

En conversación con El Mercurio, explicó los pasos a seguir. Así detalló que los 13 imputados que quedan irán a juicio oral, el que se podría desarrollar entre mayo y junio de 2017.

“Estimamos que la acusación se presentaría a fin del mes de enero del próximo año, cuando venza el plazo judicial que tiene la investigación. Calculamos, estimativamente, que la preparación de juicio oral podría ser a fines de febrero o principios de marzo. Y si esos plazos se cumplen, el juicio oral tendría lugar aproximadamente entre mayo y junio”.