Agricultores y organizaciones de regantes de distintas regiones del país se movilizaron en rechazo a la Reforma del Código de Aguas que se tramita en la Cámara Baja y que será votada este martes en Sala.

La iniciativa en primer trámite legislativo fue aprobada por las comisiones de Agricultura, Hacienda y Recursos Hídricos, por lo que el presidente de esta última instancia, diputado Daniel Núñez, espera que el proyecto sea despachado al Senado, más cuando, según él, existe un acuerdo entre los parlamentarios de la Nueva Mayoría.

“La derecha se ha alineado absolutamente con la posición de la Sociedad Nacional de Agricultura y estoy seguro que ellos van a hacer llamados de inconstitucionalidad de esta reforma, pero nosotros tenemos a todo un país que está viendo como el agua tiene que ser usada con un mínimo criterio de racionalidad y abordar problemas sociales como su escasez que impacta en las comunidades”, dijo.

Núñez destacó que la reforma establece además un uso racional del agua, permite que haya una fiscalización efectiva y termina con la especulación.

En tanto, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fenatraos), Hugo Maturana, expuso los desafíos a los que se ven enfrentadas las empresas sanitarias con la legislación vigente: “Hay escasez por el mal uso de los privados. Todas las empresas sanitarias van a tener problemas con el abastecimiento de agua potable o dulce de la cordillera y se está ya buscando recursos de agua de mar para desanilizarla, con lo que significa su alto costo”, explicó.

El abogado y presidente de la Fundación Newenko, Felipe Tapia, afirmó que no basta con garantizar el derecho al agua en la ley, sino que debe ser reforzado en la Constitución. “Promover una idea de gestión integrada de cuencas, idea que viene de la reforma del 2005 y no se realizó en esa época. Otro tema es el acceso a la información  y participación ciudadana y la idea de poder regular el mercado de agua, eliminarlo o fijar reglas a la hora de transferir derechos de agua. No obstante, en general la reforma cumple con mínimos que es la obligación internacional de Chile de promover el acceso al agua como derecho humano”, sostuvo.

De este modo, Tapia dio el visto bueno al avance en los cambios, pero advirtió que el proyecto debe ser perfeccionado.

En entrevista con nuestro medio regional asociado, El Divisadero, el presidente de la Corporación Para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura, expuso que aunque las modificaciones no afectarán los derechos ya constituidos, “aporta a ir cambiando el sentido común de que el agua es una mercancía transable siendo que es un elemento vital para la existencia”.

Asimismo, identificó la figura del caudal ecológico como uno de los puntos centrales en disputa en la discusión legislativa, puesto que aún no está claro si se aplicará a las nuevas concesiones o también a los derechos ya constituidos.

La reforma al Código de Aguas fue ingresada en agosto de este año al Congreso y sus autores son un grupo de parlamentarios de la Nueva Mayoría, más la diputada independiente Alejandra Sepúlveda y el diputado UDI, David Sandoval.