El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, en su calidad de integrante de la comisión investigadora de Barrios Intervenidos envió una misiva a La Tercera en la cual critica los pobres resultados, a su juicio, de programas de intervención policial en poblaciones “vulnerables” del país, como la llamada Iniciativa La Legua o Barrio Seguro: “La apuesta de más violencia para frenar la violencia ha fracasado”, aseguró.

Esto luego que durante esta semana, en medio del velorio de un joven de 25 años que se llevó a cabo en la población, sus amigos efectuaran disparos al aire los que hirieron a una mujer, situación que ha planteado el fracaso de este tipo políticas de seguridad policial impuestas por el Estado, la que en el caso de La Legua, cumplió quince años desde su puesta en marcha.

Pascual Cortés, abogado Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua sostuvo que este tipo de políticas de seguridad “muy violentas, sin ninguna planificación que han generado externalidades negativas”, y que han demostrado ser ineficaces, por lo que Cortés cuestiona: “¿Cómo puede ocurrir esto en un lugar que lleva quince años de intervención?”.

“Ese modelo de intervención lo que está demostrando es ser ineficaz a la hora de controlar el delito y el narcotráfico como pretendía hacerlo. Eso, sin siquiera hablar de otro tipo de externalidades como es lo que a nosotros más nos preocupa como Comité de DDHH de la Población La Legua, que es que ha generado un patrón sistemático de violencia policial”.

El abogado valoró que la Comisión Investigadora de Barrios Intervenidos exija al Ministerio del Interior y a las policías una rendición de cuentas sobre los gastos realizados en estos planes de intervención y cuán eficaces han sido, y por el contrario, han sido caldo de cultivo para que en el caso de La Legua, se verifiquen situaciones de violación de los derechos humanos de sus habitantes.

“Suma a toda esa violencia, una nueva violencia que es la estatal que se materializa en situaciones de violencia policial. Situaciones concretas, más allá que la sola presencia excesiva de la policía ya representa una situación violenta, pero a eso se agregan situaciones de abuso verbal, de golpizas, situaciones de tortura, detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, controles de identidad abusivos, un conjunto muy complejo de violencias que conviven, y se multiplican una a otra en la población La Legua”.

Por su parte, el diputado de RN Gonzalo Fuenzalida, también integrante de la comisión sobre Barrios Intervenidos, señaló que la intervención en La Legua se dio “porque es un lugar donde hay narcotráfico y donde funcionan bandas de narcotráfico que están armadas”, no obstante, a su juicio esta intervención es sistémica, en donde lo policial es sólo un aspecto.

Al mismo tiempo emplazó a organismos de derechos humanos a presentar las pruebas y los recursos correspondientes a las denuncias sobre abuso policial.

“No estamos enfrentando, muchas veces en La Legua, a buenos vecinos estamos enfrentando a narcotraficantes. Mi pregunta es si hay un narcotraficante armado cómo puede terminar una intervención policial, y muchas veces puede terminar mal, puede terminar con violencia, puede terminar con procedimientos policiales, ahora si hay o no abusos, bueno los que hacen ese tipo de acusaciones tendrán los fundamentos y las pruebas, o habrán ido a la justicia en su minuto a denunciarlo, porque para eso existen los recursos administrativos que sancionan el mal uso de los recursos policiales”.

La socióloga y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile María Emilia Tijoux, hace énfasis en cómo el concepto “violencia” automáticamente se asocia, en estos casos, con los “sectores excluidos” de la sociedad, siendo que la violencia primaria, a su juicio, es la que viene del Estado y de esa misma sociedad que los confina a una existencia precaria y con nulo acceso a la salud, a la cultura y a viviendas dignas.

La forma de responder ante esta violencia, de acuerdo a Emilia Tijoux presenta dos vertientes, la primera es la del “buen pobre”, que acepta y acata estas condiciones de vida, “y que se conforman con recibir a sus muertos en las peores condiciones en el Servicio Médico Legal”, o se resisten de “mala manera”, es decir “defendiéndose, y entrando en negocios como el narcotráfico”, el que no necesariamente es manejado desde el interior de las poblaciones.

“Sin embargo, la violencia para el otro lado, es decir la violencia de la segregación de una ciudad en barrios que ni usted ni yo conocemos, a los que nunca vamos, en donde la riqueza se expone de una manera pornográfica, a mi modo de ver, donde la corrupción está vinculada a todos los estratos del mundo político, donde estamos escuchando a cada rato que quienes estafan quedan libres. Entonces, ¿de cuál violencia estamos hablando? No hay nada nuevo en que en los sectores más desfavorecidos y excluidos haya producción de violencia. Lo que podría extrañarnos es que no hubiera”.

Por esto es que la académica de la Universidad de Chile plantea que lo correcto sería hablar de violencias en plural, partiendo por las más grandes de nuestro país “como es el racismo, el clasismo y la impunidad”.

“Entonces a nivel micro, los actos también quedan impunes, entonces cuidado, con esta poblaciones ‘peligrosas’, con escuelas de bajo rendimiento, llenas de ‘gente mala’, entonces lo que hacemos ahí es colocarlos en el lugar del aniquilamiento, entonces ¿habría que exterminarlos? ¿Habría que terminar con ellos? Son las preguntas que uno se hace frente a esta otra cara, y son los otros medios de comunicación los que ganan rating con eso”.

El próximo 12 de diciembre, la comisión investigadora sobre Barrios Intervenidos sesionará en la misma población La Legua ya que, según su presidente, el diputado del PPD Daniel Farcas pretenden “dar una señal de que esta Comisión estará en terreno viendo qué está pasando y cómo podemos contribuir a tener un resultado distinto al que hemos tenido, ya que no se ajusta a las expectativas del Gobierno ni a las de la ciudadanía”.