Dos de cada tres chilenos que se jubilan al año cotizan 20 años o menos, el equivalente a la mitad o menos de su vida laboral, según un estudio de la Superintendencia de AFP. Entre los hombres es el  50 por ciento quienes tienen menos de 20 años de cotizaciones, mientras que casi el 75 por ciento de las mujeres está en esta condición.

Por esta razón, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sólo unos pocos trabajadores chilenos tendrían “pensión completa”, es decir más de 30 años de aportes a su ahorro previsional.

A partir de estos datos, la Asociación de AFP si bien reconocieron que esta situación “es el espejo de la realidad laboral que existe en Chile”, plantearon la necesidad de que además de mejorar las condiciones laborales, se integre al sistema previsional a los trabajadores a honorarios y a los por cuenta propia, además de que el aumento de la tasa de cotización vaya directo a las cuentas individuales y que el Pilar Solidario sea reforzado con impuestos generales.

Misma recomendación realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de Stephan Danninger, jefe de la misión para Chile del organismo.

Desde la Coordinadora No+AFP criticaron a las aseguradoras privadas señalando que con la interpretación que hacen de estas cifras lo que buscan es “expiar sus culpas” e insinuar que mejorando estos aspectos, el sistema privado podría entregar mejores pensiones a los jubilados.

Carolina Espinoza, vocera de la Coordinadora, señaló que estos datos manifiestan lo que siempre han planteado, por ejemplo que la precariedad laboral en nuestro país es “tremenda”. No obstante, “nos parece absolutamente ilógico e irracional” que las aseguradoras privadas lo utilicen como un “chivo expiatorio” de su ineficiencia, lo que demuestra que “no tienen ganas de soltar este negocio que para ellos significa lucro inmoral a todas luces”.

Además, Carolina Espinoza sostuvo que insistir en incorporar a los trabajadores a honorarios en el sistema previsional “no tiene sentido” ya que en el anterior gobierno de Michelle Bachelet se intentó incluir a quienes entregaban boletas, pero ha sido “impracticable”, aseguró.

Por otro lado, expresaron que achacar el problema de las malas pensiones sólo a la precariedad laboral, tal como lo señalaron desde las aseguradoras, también escapa a la realidad, ya que trabajadores que han cotizado 30 años por remuneraciones por sobre el promedio nacional, “no alcanzan a ser un tercio de sus remuneraciones en el caso de los varones, y para las mujeres es peor, ya que llegan a un 25 por ciento el mejor de los casos”.

“Insistir en que producto de la precariedad del mercado laboral es la explicación a las malas pensiones, es francamente una desfachatez y no querer solucionar el problema de fondo”.

Desde Fundación Sol, el investigador Recaredo Gálvez recordó que uno de los principales argumentos de las aseguradoras privadas para explicar las malas pensiones tiene su origen en el mundo del trabajo, deslindando su responsabilidad en los problemas previsionales que tienen los chilenos.

Sin embargo, señala Gálvez, “si miramos la realidad” lo que hay que considerar como premisa es que las AFP no son un sistema de seguridad social, razón por la cual sólo se limitan a transferir las desigualdades propias del mundo del trabajo a la vejez, “debido a cómo opera el sistema de las AFP”.

“Pero si nosotros en un sistema de seguridad social con una lógica distinta, la idea es que las desigualdades del mundo del trabajo no se trasladen a la vejez. Y eso por eso que nosotros hemos planteado que el problema no termina siendo que hoy en día exista este nivel de densidad de cotizaciones, el problema es que con este nivel de densidad de cotizaciones se obtienen pensiones realmente insuficientes, en cambio un sistema de seguridad social debería buscar la manera eficiente y efectiva  de poder entregar pensiones suficientes, teniendo en cuenta cuáles son realmente los momentos de mayor densidad de cotizaciones, o más bien dicho cuáles son esos volúmenes”.

Finalmente, el investigador de la Fundación Sol señaló que un sistema de reparto de financiamiento tripartito, es decir el Estado, el trabajador y el empleador, que asegure una tasa de reemplazo del orden del 70 por ciento, podría servir como incentivador al ahorro de los trabajadores, ya que tendrían este aliciente para entregar parte de sus salario al tener la certeza que al final de su vida laboral, podrá acceder a una pensión digna.