Con la preocupación de la comunidad internacional por los posibles precedentes que pudieran sentarse con la eventual entrega de beneficios a criminales de lesa humanidad, en el que sería uno de los pocos casos en el mundo. Incluso, dentro de la Iglesia chilena las opiniones están divididas sobre este acto litúrgico.

El abogado Nelson Caucoto descartó que el acto de “arrepentimiento” que se desarrollará este viernes en el penal de Punta Peuco, tenga alguna injerencia judicial a la hora de entregar beneficios carcelarios. Asimismo destacó lo dispuesto en el derecho internacional y que determina la obligación de los Estados a impedir que los crímenes contra la humanidad queden impunes.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Caucoto señaló que el acto de este viernes “será la guinda de la torta de todo lo que se ha armado para llamar la atención sobre los beneficios carcelarios que debieran darse a las personas”.

De todas formas aclaró que independiente de lo que puedan señalar o decir los internos de Punta Peuco, judicialmente no tiene mayor injerencia.

“Lo de mañana es un acto litúrgico que no aporta absolutamente nada, desde mi punto de vista, judicialmente no tiene ninguna incidencia. Entiendo que tampoco puede tener incidencia del manejo de la situación actual en la que se encuentran ellos, salvo aquello que esté relacionado con personas que están con peligro de muerte, que sean enfermos terminales o personas que estén fuera de sí que no tengan conciencia de su persona y que estén en un grado de demencia de un alzhéimer avanzado, en que allí ellos pueden optar a indultos particulares ante la Presidenta de la República”.

El abogado puso énfasis además en lo que señala el derecho internacional al respecto donde se especifica la obligación de los Estados por evitar que los crímenes contra la humanidad queden impunes. Por lo mismo, cualquier beneficio carcelario que se pueda otorgar a estos criminales debe cumplir con estándares elevados.

Entre ellos se cuenta cumplir dos tercios de la pena, arrepentimiento efectivo y que se traduzca en cooperación con las investigaciones judiciales que se encuentran abiertas. Lo que no se percibe en el caso de los militares de Punta Peuco.

Lo que busca la comunidad internacional con estos criterios es que no se desnaturalicen los castigos a los violadores de DD.HH. como sostiene el abogado Nelson Caucoto.

“Preocupa a esa comunidad internacional que cuando se dictan sentencias, y en el caso de Chile tiene la particularidad que la sentencia se dictan 20 o 30 años después de ocurridos los hechos, cuando se dictan estas sentencias sobre crímenes de lesa humanidad la comunidad internacional es la que está vigilando, que se cumpla irrestrictamente esas condenas, de manera de que nada venga a desnaturalizar el castigo mediante estos beneficios carcelarios, libertades condicionales, en eso es absolutamente cerrada la comunidad internacional”.

El debate sobre el otorgamiento de beneficios carcelarios no es ajeno a nuestro territorio. En Argentina y Uruguay también se ha desatado la polémica por el cambio de régimen penal de algunos condenados por crímenes contra los derechos humanos.

En conversación con el programa Libres e Iguales de nuestra emisora la Doctora en Relaciones Internacionales e investigadora de la London School of Economics Francesca Lessa, la justicia debe tener cuidado respecto de quiénes son los beneficiados.

“Los jueces deberían evaluar en cada caso específico porque creo por ejemplo por razones de salud podría ser aceptable, pero no creo que se pueda establecer, en general, que todas las personas cumplan prisión domiciliaria. Creo que es el poder judicial el que tiene que evaluar en cada situación específica de personas condenadas si la prisión domiciliaria es apropiada o menos”.

En países como Argentina y Uruguay, no hubo necesidad de hacer un acto público de perdón para optar a un beneficio carcelario, mientras que en otras latitudes como Alemania, donde hasta hace un par de años continuaban abiertas las causas contra integrantes del régimen Nazi, la mayoría de las condenas fueron efectivas y los sentenciados murieron en la cárcel.

De hecho hubo juicios donde los imputados pidieron perdón públicamente como fue el caso del ex guardia de Auschwitz, Reinhold Hanning, lo que no impidió que fuera condenado por su participación en el genocidio que Hitler impulsó en contra de diversas etnias.

Quiebre en la Iglesia por ceremonia litúrgica

Este jueves, un grupo de familiares de víctimas de la Dictadura se encadenaron a las bancas de la Catedral de Santiago en protesta por la misa que este viernes se realizará en el penal de Punta Peuco, en la cual un grupo de condenados por crímenes de lesa humanidad pedirían perdón por los crímenes cometidos.

Autoridades de la Iglesia se pronunciaron sobre este tema, una vez terminada la protesta alrededor de las 16 horas, y expresaron su desacuerdo con la impunidad de este tipo de delitos, razón por la que las víctimas de la Dictadura calificaron como un “triunfo moral” estas declaraciones.

El obispo auxiliar de Santiago, Fernando Ramos, fue quien se refirió a este tema, señalando que los manifestantes habían concurrido a la Catedral a exigir un pronunciamiento de la iglesia sobre si estaban favoreciendo la impunidad con el acto que miembros de la institución están patrocinando en Punta Peuco.

“Les demostré y les expliqué con mucha claridad que oficialmente la iglesia no está a favor de la impunidad, el acto que va a realizarse mañana en Punta Peuco es un acto privado, es una liturgia ecuménica donde un grupo de internos invitaron a pastores católicos y o católicos para hacer un acto privado”, señaló el prelado.

El obispo Ramos aseguró que la iglesia como institución no está envuelta en la organización de la ceremonia litúrgica que se realizará en el penal de Punta Peuco, haciendo énfasis en el quiebre con la declaración de la Conferencia Episcopal del miércoles, cuando en una declaración señaló: “¿No será el momento en que como país busquemos los mecanismos jurídicos para que personas con estas dificultades, siguiendo criterios objetivos, puedan continuar cumpliendo en sus casas, junto a sus seres queridos, la condena recibida?”.

Víctimas de la Dictadura: “Repudiamos esta maniobra comunicacional y política”

En tanto, diversas agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones a los DDHH expresaron –a través de un comunicado- su rechazo al acto litúrgico de este viernes en Punta Peuco, la cual calificaron como la búsqueda de una “reconciliación forzada” de parte de los reos del penal.

“Repudiamos que el gobierno y los actores involucrados en esta maniobra orquestada continúen haciendo oídos sordos a las exigencias de las organizaciones de Derechos Humanos y del pueblo, y se mantenga el afán de crear las condiciones políticas para lograr que se legisle en favor de la impunidad”, señalaron.

Además, las organizaciones llamaron a “detener esta maniobra comunicacional y política que menoscaba el valor de los Derechos Humanos”, y que a su juicio sólo busca consagrar la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos recordaron que sólo el cinco por ciento de los casos ha sido resuelto y que sólo “148 de las 1193 personas detenidas desaparecidas han sido encontradas e identificadas. La información en poder de los criminales condenados y de los aún en libertad es esencial para resolver estos casos. Pero la verdad no puede ser moneda de cambio para la impunidad”.

Cabe recordar que según cifras del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), existen alrededor de diez mil reos que tienen más de 60 años de edad en recintos de Gendarmería, por lo que no queda claro si el debate sobre beneficios carcelarios apunta a todos ellos o sólo a los internos de Punta Peuco.

Además, de acuerdo a cifras entregadas por Gendarmería, de los más de mil 200 agentes de la Dictadura que han sido procesados por la justicia, sólo 126 se encuentran en presidio efectivo, es decir el 9,52 por ciento.