A través de un oficio al Servel enviado el 15 de septiembre, y que se mantuvo reservado por tres meses, el fiscal a cargo del caso SQM Pablo Gómez solicitó documentación clave acerca del gasto electoral de la campaña de Michelle Bachelet.

Una solicitud que se realiza con el objetivo de indagar eventuales aportes irregulares en el financiamiento del proceso electoral del año 2013 y que, por primera vez, abarca el periodo de campaña de la jefa de Estado, ya que antes sólo se conocía la precampaña donde se reveló que el recaudador de campañas Giorgio Martelli, recibía recursos de SQM a través de la empresa Asesorías y Negocios (AyN).

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el diputado del Partido Socialista Leonardo Soto destacó que se revise todo el financiamiento de las campañas políticas. En ese sentido, el legislador recordó que presentó una moción para que se transparentaran los aportes reservados de todos los partidos la que fue rechazada por el Parlamento.

“Esta arista yo la veo como algo que está recién comenzando (…) pero en buena hora, que se revise todo el financiamiento que ha existido. Yo incluso, presenté una indicación que aprobamos en la comisión de Constitución y que fue rechazad en la Sala, que buscaba que se hicieran públicos todos los aportes reservados de todas las candidaturas presidenciales y parlamentarias, porque todos sabemos que estos aportes reservados nunca lo fueron en realidad”.

Para el senador del PPD Guido Girardi este tipo diligencias son “normales” en el marco de una investigación sobre financiamiento de campañas, donde es la obligación del Ministerio Público solicitar estos antecedentes.  Asimismo, destacó que una investigación de estas características se haga sin presiones ni obstáculos.

“Yo pienso que el costo que tendría una presidenta que por ser presidenta no se le investigara. A mí me parece que da una señal muy importante para el país, para el mundo, que en Chile las investigaciones se puedan hacer sin ningún obstáculo, sin ninguna presión, que los ministerios públicos sean autónomos y libres para poder investigar, me parece que esa señal es muy importante”.

Desde la oposición el diputado gremialista Jaime Bellolio recordó que cuando esto ocurrió con el caso Penta todos apuntaban con el dedo a la UDI, cuando en realidad señala, se trataba de una situación transversal.

“Yo creo que los chilenos ya saben y ya no son dudas. Tenemos clarísimo que parte del financiamiento no fue de manera regular. Por tanto, ahora lo que queda es que la misma Fiscalía sea la que tenga que comprobar eso. Yo me acuerdo cuando el ex ministro Peñailillo apuntaba con el dedo a las personas de la UDI, resulta que él después estaba empapelado en boletas, entonces aquí uno no puede tener un estándar para medir a los otros que no lo tiene para sí mismo”.

Mientras que el diputado de Renovación Nacional Nicolás Monckeberg calificó como una “buena señal” esta nueva indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público, apuntado a las irregularidades que tendría el financiamiento de la campaña de la ahora jefa de Estado.

“Me parece que es correcto que se investigue en profundidad una campaña que a todas luces merece ser investigada, no sólo por el monto involucrado, sino porque todos los antecedentes que el mismo fiscal ha recogido apuntan a que parte de los fondos de la precampaña, donde está el ex ministro del Interior, el señor Martelli, y todo ese círculo, no eran para hacer asesorías, sino que eran precisamente financiar la campaña”.

Para el Partido Amplitud, la vicepresidenta de esa colectividad Elizabeth Armstrong apuntó a que “es imposible que la Presidenta Bachelet no conociera el origen ni supiera del manejo de los fondos de la campaña, la cual sirvieron para financiar a muchos personajes que después integraron sus equipos de confianza, como fue el caso del ex ministro de Hacienda Alberto Arenas, y del ex director del SII, Michel Jorrat”.

Desde el Gobierno, la portavoz de La Moneda, Paula Narváez señaló que “esto es propio del trabajo normal de dos instituciones autónomas del Estado y por lo tanto, el Gobierno no puede ni debe referirse a un proceso que desarrollan dos entidades autónomas del Estado”.