700 metros separan a los mineros del pique Santa Ana con las autoridades de Gobierno, metros que se convierten en kilómetros a la hora de hablar de las distancias que prolongan desde hace casi 3 semanas un conflicto que tiene a un grupo de trabajadores sepultados a la espera que el Ejecutivo entregue respuesta a sus demandas.

Desde La Moneda la postura es invariable: solo se sentarán a conversar cuando los pirquineros decidan acabar con la protesta, medida de presión que las autoridades aseguraron no tolerarán.

Los mineros tampoco dan su brazo a torcer, no se reunirán en una mesa de diálogo a menos que desde el Gobierno acepten sus propuestas, con las que los emplazan a tomar el control del yacimiento abandonado por privados y restablecer su fuente de trabajo.

En el medio, como puente, impulsando el diálogo, el arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, ve con preocupación el problema: las partes no quieren ceder y hoy están en riesgo la vida de los trabajadores.

“Me reuní con el subsecretario Aleuy, con el ministro Mario Fernández y con el Intendente de la región para contarles mi perspectiva y la necesidad de hacerles ver que esa zona es especialmente deprimida económicamente. Hay 180 trabajadores que están sin fuente de trabajo, en una mina que operativa y, por lo tanto, les plantee que vieran todas las fórmulas para que haya trabajo”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el prelado llamó a acercar las posturas, entendiendo que “los trabajadores son víctimas, toda vez, que ellos participaron en una empresa que los abandonó, que no les pagó once meses de imposiciones, tampoco los sueldos de tres meses; después de eso, la mina se transfirió y ellos quedaron sin nada; se declaro en quiebra y ellos son los primeros acreedores”.

Para Chomalí este conflicto radica en una injusticia generada por empresarios que “no miran el bien común y, sobre todo, no miran a los trabajadores que son el centro de toda empresa”.

Uno de los argumentos usados por las autoridades para no resolver las demandas de los mineros es que este sería un tema entre privados, sin embargo, para el Arzobispo esto “solo es cierto desde el punto de vista legal, no así desde el Estado, y menos desde el punto de vista ético: el Estado tiene una responsabilidad respecto de las situaciones que se reproducen cuando no se respetan las leyes. Desde ese punto de vista, el tema de fondo, que planteé en la reunión, es que los empresarios terminan una empresa sin pagar cotizaciones ni salarios y no les pasa absolutamente nada, entonces eso genera malestar en la gente más pobre y desprotegida”.

Pese a las conversaciones con ambas partes, Fernando Chomalí se siente impotente: “Hablé con Luis Chandía, le comenté la conversación con las autoridades, entiendo que los trabajadores arman una propuesta para presentar al Gobierno, pero son las situaciones que se dan en un país que la OCDE mostró como el más desigual de sus miembros, esa desigualdad no solo es económica, este conflicto es una muestra de lo que pasa en Chile: son muchos los casos donde los más frágiles quedan desprotegidos frente a las personas más poderosas. Es un tema muy de fondo”.

Las esperanzas del Arzobispo son que los mineros puedan llegar a algún acuerdo y salir del yacimiento, sin embargo, reconoce que la situación es muy compleja: “Ellos me plantean que no tienen que ofrecerle a sus familiares estando afuera. Es un tema muy duro”.

Lota y el recuerdo del fin

A principio de los 90 el histórico yacimiento de carbón de Lota cerró por problemas financieros. En ese momento, el gobierno de Patricio Aylwin presentó un proyecto millonario de modernización de la ciudad: capacitaciones, puestos de trabajo y reinserción laboral eran las promesas que se le hacía a los mineros que veían como el oficio de toda una vida, la tradición familiar, estaba llegando a su fin.

El tiempo no les dio la razón a las autoridades: el plan de Lota fracasó. Las promesas solo entregaron como resultado desempleo y pobreza estructural. Los oficios en los que se instruyó a los pirquineros (peluquería, pesca, confección) no fueron una real solución, ni siquiera una fuente de trabajo. Es habitual ver como los viejos del carbón barren plazas y las vuelven a ensuciar, para limpiarlas otra vez, empleos municipales que han prolongado la agonía de una ciudad que se niega a morir.

Por eso lo de Curanilahue asusta a los trabajadores, el recuerdo los impulsa a pelear para levantar el pique, no perder su fuente laboral y seguir haciendo lo que saben: ser mineros del carbón.

Para Fernando Chomalí “el mercado no puede seguir regulando la vida de un país”, por eso habla del poder subsidiario del Estado para poder contribuir a rentabilidades que si bien no son económicas, tienen características sociales: “En un contexto de libre mercado absoluto acontecen situaciones donde personas no han podido entrar en el sistema por una situación histórica, con un sistema que crea desigualdad y corrupción y estas personas han quedado indefensas”.

Así, recordó otros eventos en la región, como el cierre de fábricas que ha dejado a mucha gente sin trabajo.

“No podría ser indiferente a este tema, iría en contra de mi vocación, de generar un país más justo”.