Aprobado por el Congreso y en condiciones de ser remitido al Ejecutivo quedó el proyecto que establece una nueva regulación para los servicios sanitarios rurales.

En general, el texto aprobado incluye variadas adecuaciones de forma que no alteraron el fondo del proyecto, como por ejemplo, una destinada a definir los casos en que se necesitará llamar a licitación pública para el otorgamiento de nuevas licencias de operador de servicios sanitarios rurales.

El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga expresó que esta nueva normativa fortalece los sistemas de agua potable rural, contempla nuevas regulaciones y potencia la capacitación de los dirigentes.

“Se aprueba por unanimidad la nueva Ley de agua potable rural que beneficiará a 1 millón 700 mil chilenos y chilenas que se abastecen a partir de 1.700 sistemas en distintos lugares de Chile, que no sólo impone derechos y deberes a los usuarios, comités y cooperativas que administran los sistemas de agua potable, sino que fortalece la institucionalidad del Estado para prestar un mejor servicio”, sostuvo.

El proyecto define que el servicio sanitario rural podrá ser operado por un comité o una cooperativa que cuenten con una licencia entregada por el Ministerio de Obras Públicas.

Excepcionalmente, conforme se establezca en el reglamento, el servicio podrá ser operado por otra persona natural o jurídica autorizada por la cartera, previo informe favorable de la autoridad sanitaria regional. Las cooperativas que presten los servicios que establece esta Ley serán sin fines de lucro.

Al respecto, la diputada socialista Denise Pascal, indicó que después de ocho años, por fin se logró hacer cambios a un sistema de agua potable rural exitoso que requería modernizarse y fortalecer a los comités que administran un bien tan preciado como es el agua.

“Hoy  los servicios sanitarios de nuestras zonas rurales van a ser servicios comunitarios, a través de corporaciones, empresas y la participación de la comunidad, van a tener un régimen claro y preciso de los gastos, inversiones y necesidades que tienen. Esto además conlleva la necesidad de la capacitación de los dirigentes del APR, las consultas ciudadanas de su APR, ante la necesidad que se planteen nuevas”, detalló.

La Comisión Mixta, asimismo, llegó a acuerdo en el marco sancionatorio y en los montos de las multas para los infractores, definiéndose para ello un criterio de graduación ajustado a la gravedad de las conductas. Conforme a dicho acuerdo, se determina que los operadores podrán ser objeto de la aplicación de multas a beneficio fiscal por parte de la Superintendencia del ramo.