Luego que la machi Francisca Linconao, imputada por el caso Luchsinger-Mackay, quedara sin prisión preventiva, se puso en cuestión el modo en que se ha llevado a cabo el proceso en contra de los más de 10 comuneros acusados por el brutal ataque al matrimonio.

Mientras la medida cautelar de arresto domiciliario, aún está en suspenso por el plazo que tienen los querellantes para apelar; la oposición trabaja en una posible interpelación al Ministro del Interior acusando la intromisión del Gobierno en el caso.

Desde La Moneda se defienden justificando su acción a favor de la salud de la autoridad ancentral mapuche: Su bajo peso, sumado al severo cuadro de gastritis que la aqueja, hicieron que las autoridades, luego de diversos actos de presión, accediera a solicitar el cambio de medida cautelar para que Francisca Linconao espere el juicio oral en su rehue.

Así, el Gobierno también informó que se mantendrán como querellantes en el caso, pese a que desde Chile Vamos le piden retirarse.

El constante retraso del juicio oral

El problema no solo es la medida cautelar. Uno de los principales reclamos de los abogados defensores de Francisca Linconao es que la Fiscalía demora, una y otra vez, el juicio oral que desde hace ocho meses se encuentra en etapa de preparación.

A juicio de algunos de los abogados que participan de causas en La Araucanía como Rodrigo Román o Manuela Royo, la pertinencia y legalidad de las pruebas con las que cuenta el Ministerio Público hacen dudar la solidez de la acusación contra la machi. Incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos planteó que la Fiscalía no tiene los argumentos necesarios para acusar a la mujer.

En conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el abogado de la machi, Jaime López, sostuvo que la preparación del juicio oral se ha visto paralizada en el intento de hacer coherencia entre la acusación y la formalización con la suma de nuevos antecedentes.

El defensor asegura que la demora tiene que ver con que a la Fiscalía se le cayó su principal prueba: el testimonio de José Peralino, en cuyo testimonio se habría basado la Fiscalía para detener a los diez inculpados, incluyendo a Linconao. Así, recordó cuando el 30 de marzo de 2016 el comunero mapuche acusó presiones de la PDI para inculpar a sus compañeros.

López añadió que las medidas cautelares de prisión preventiva a las que se ha sometido a los imputados, responden por sobre todo a la gravedad de la pena asignada al delito.

“Se va tratando de crear la sensación de culpabilidad de las personas, lo que no me parece adecuado, porque los jueces resuelven en torno a las pruebas, si hay un testigo que les diga que ellos cometieron un delito o no, si hay alguna prueba científica que logre acreditar que los inculpados estuvieron en sitio del suceso o no. En buenas cuentas, los jueces tienen que convencerse a través de pruebas y no de sensaciones que se van generando”.

De las reacciones políticas que ha generado este caso, sobresalen las que acusan al Ministerio Público de invocar de manera arbitraria la Ley que Califica Conductas Terroristas, punto de vista que compartió el abogado Sebastián Saavedra, defensor de otros de los imputados, Luis y Juan Tralcal Quidel, quien además advirtió que los defensores de los comuneros tampoco han recibido un trato justo en el marco del proceso judicial.

“Si el defensor público elegido por los comuneros mapuches,manifiesta  su opinión política, es retirado de la Defensoría Penal Pública; si contrata abogados particulares, éstos se ven investigados con testigos corregidos de identidad. Entonces estamos en una situación de alta vulnerabilidad principalmente de los imputados que están viendo disminuidas sus posibilidades de defensa”.

En tanto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos Branislav Marelic, si bien evitó pronunciarse sobre la  inocencia o culpabilidad de la machi Linconao y las otras personas acusadas, afirmó que necesario el respeto al debido proceso, especialmente la presunción de inocencia y que las medidas cautelares se den de manera proporcionada.

“Deseamos que el juicio avance  para la determinación de los responsables y la verdad del caso, porque si existe un cuestionamiento de que el juicio o procedimiento tuvo infracción de garantías, podría quedar la sensación de que el resultado es ilegítimo” .

El representante del Instituto de Derechos Humanos concluyó seguirán actuando como observadores en el caso Luchsinger-Mackay, por lo que estarán presentes en la audiencia de preparación del juicio oral y su proceso.