Como una canción que suena repetida, de esas que no se cansan de tocar en las radios, las demandas de los trabajadores ante inclumplimientos por parte de las autoridades aparecen a diario en las informaciones locales. Esta vez son los pescadores de Chiloé quienes alzan la voz para denunciar absoluto desinterés en la zona.

En mayo de 2016 todo el país se sentó frente a los televisores para ver cómo un grupo de trabajadores levantaba barricadas y ponía en jaque al Gobierno. La movilización en contra del vertimiento de salmones contaminados en aguas chilotas alcanzó, incluso, ribetes faranduleros cuando la presentadora Karen Doggenweiler tapó la boca de una manifestante con un furioso abrazo que más que cariño tuvo la intención de contener la rabia de la mujer contra el Gobierno y la Presidenta por abandonar a sus ciudadanos.

En ese momento el vocero de Defendamos Chiloé describía la situación como “la gota que rebalsó el vaso” en una ciudad llena de conflictos por resolver, una olla a presión que hace 8  meses explotó.

Así, además de los bonos de reparación por la pesca suspendida durante la emergencia sanitaria, los pobladores levantaron una demanda urgente: un informe sanitario que revelara las reales consecuencias de los salmones contaminados en las aguas de la Isla. Hasta ahora nada de eso ha sido resuelto.

Hace algunos días la Superintendencia de Medio Ambiente  de la región admitió que se ha dilatado el procedimiento sancionatorio contra las dos salmoneras, Australis Mar y Salmones Maullín, involucradas en el incidente, según explicaron el problema es que el análisis de los informes técnicos sobre sus planes de contingencia frente a mortalidades masivas de peces.

Por eso desde Chiloé volvieron a irrumpir en la opinión pública. Manifiestan que en innumerables oportunidades han pedido a las autoridades locales, como el Intendente, y a las centrales que acudan a explicarles in situ los resultados del comité de científicos. Sin embargo, nadie va de visita. Juan Carlos Viveros, de Defendamos Chiloé señala que “se va a cumplir un año desde el vertimiento en las costas de Ancud y no sabemos las consecuencias, tampoco si hubo o no marea roja”.

Viveros acusa al Intendente de negarles audiencias, tampoco visita al lugar, ni hablar de entregar información sobre la situación. “Esto se hace a puertas cerradas de la comunidad”.

“Por el tema del puente Chacao nos hemos reunido con la Presidenta. Sin embargo, de los salmones contaminados nadie quiere hablar”, agrega el vocero de Defendamos Chiloé.

Apuntan directamente al trato de las autoridades con las salmoneras. No solo sindican a los personeros de Gobierno, también critican el actuar de los senadores de la comisión de Medio Ambiente, instancia donde fueron a exponer las consecuencias del vertimiento de los peces. “Los hemos invitado a venir tres veces, nadie viene. Solo el Senador Navarro nos visitó. Los demás no nos contestan. La senadora Allende lee nuestros mensajes y no se toma el tiempo de responderlos. No les interesa”.

Para Juan Carlos Viveros lo que ocurre es un “caradurismo” de las autoridades: “Hay una colusión completa entre el aparato del Estado y la industria salmonera, con el gran capital”. Apuntan a la ley ambiental, negociada con las grandes empresas, en una zona que ve cómo diferentes mega proyectos atentan con el desarrollo sustentable del lugar: salmoneras, puente Chacao, invasión minera, parques energéticos y conflicto con el agua, son solo parte de las demandas de Chiloé, zona que podría convertirse en un nuevo lugar de sacrificio.

Las querellas y el trato desigual de Fiscalía

“Las autoridades y los salmoneros deberán ir a declarar. Acá hubo un crimen ambiental. Las empresas están coludidas con los sistemas públicos”, así describe el dirigente social la presentación de dos querellas criminales que buscan sancionar a los responsables del dramático episodio de contaminación.

La abogada de la causa, Orietta Llauca, explicó que en causas separadas se busca perseguir la responsabilidad de las empresas salmoneras por el delito de daño ambiental, por un lado, y, por otro, el de las autoridades que permitieron el vertimiento de salmones muertos sin ningún tipo de estudio ambiental que midiera el daño de la acción.

“Lo menos que hubo por parte de los funcionarios públicos fue negligencia. Las empresas preguntaron el 4 de marzo en la mañana si podían tirar esos desperdicios al mar. En la tarde la autorización estaba concedida. Eso significa que no se hizo ningún estudio, al menos no los básicos que exigen las normativas internacionales firmadas por Chile, por lo que al menos hubo delito de prevaricación administrativa”.

De las dos, solo avanza la que es en contra de las empresas. De la otra, la abogada desconoce los posibles avances, toda vez que se le ha negado poder acceder a los avances de la causa. Situación que denuncia como irregular.

“En ambas causas hemos tenido un comportamiento discriminatorio hacia mí y mis representados. No se me entrega información; la solicito a través de los triubunales y tampoco lo aceptan. Sigo llevando la causa a ciegas, solo así puedo seguir presionando”.

Según explica la abogada, la Fiscalía argumenta que trabaja por oficio, es decir, por iniciativa propia. Ella no lo cree, menos cuando asegura que todas las diligencias que se han desarrollado en la causa contra las empresas, son en respuesta a la querella presentada por Defendamos Chiloé.

Orietta Llauca denuncia el comportamiento del Ministerio Público, también de las autoridades: “El comportamiento ha sido corporativo con las salmoneras”.  Así, al igual que defensores de pescadores de otros puntos del país, responsabiliza al subsecretario de Pesca, Raúl Súnico de las decisiones a favor de las empresas que se han tomado en esta y en otras situaciones.