La semana pasada se dio a conocer un estudio encargado por el Ministerio de Justicia titulado “Percepciones punitivas de la sociedad chilena”, según el cual el 54 por ciento de los encuestados considera que se requieren “sanciones más estrictas” para reducir los niveles de delincuencia, mientras que sólo un 17 por ciento está de acuerdo con generar más planes de reinserción.

En tanto, en la misma semana Paz Ciudadana dio a conocer su estudio sobre victimización y percepción de inseguridad, mostrando una significativa baja en el temor a ser víctima de un delito, de un 21,1 por ciento a un 17,9, así como una baja también en los delitos violentos desde un 29,5 a un 23,9 por ciento.

Abogados penalistas consultados por Radio y Diario Universidad de Chile analizaron estas cifras, especialmente aquellas referidas a la percepción de las personas sobre la necesidad de aplicar “mano dura” para combatir la delincuencia.

El profesor del Departamento de  Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Jaime Winter, señala que “en principio” elevar las penas para delitos como el robo, el homicidio o la violación no tendría incidencia, toda vez que ya son altas las sanciones para este tipo de delitos en nuestro ordenamiento jurídico.

El jurista dice que el trasfondo que plantea este tipo de debate es que “enfrentar el problema de la delincuencia con derecho penal, es enfrentar el problema de la delincuencia que represión y, por tanto, con exclusión”, siendo que la razón de que exista mayor delincuencia es la falta de integración social, lo que es dar pasos en el sentido equivocado, señaló.

“La verdadera forma de enfrentar la delincuencia son con decisiones políticas que son mucho más de fondo, que tienen que ver con, por ejemplo, reconocimiento de derechos sociales. Cómo puede influir la gratuidad en la educación o que haya una educación pública realmente de calidad, o que haya acceso a la salud, o que hayan pensiones dignas. Ese tipo de cosas tendrían efectos, posiblemente, mucho más potentes en nuestras cifras de delincuencia, entendiendo que siempre va a existir”, apunta.

Sin embargo, al ser más complejo enfrentar desde este enfoque la delincuencia, lo que hace el legislador es dar “señales” de que se está enfrentando la delincuencia aumentando las penas: “Y en vez de solucionar el problema, lo agravan”.

“Por ejemplo, el centro de la Agenda Corta Antidelincuencia está en agravar las penas a los delitos contra la propiedad, ese es el núcleo de esa ley. Pero cuál es el diagnóstico que se hacía es que hay una gran cantidad de casos que no se esclarecen. Entonces cuál es la respuesta: aumentar las penas, y esas penas para quién van a aumentar para las situaciones que no están en el problema, porque las penas sólo las pueden aumentar para los casos que sí son esclarecidos. Ese es un caso evidente de populismo penal”, añade el experto.

Para Cristián Riego, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Diego Portales (UDP) el que la mayoría de las personas exijan sanciones más duras para los delitos, no es ninguna novedad, lo que es relevante es poder hacer más eficiente el sistema penal.

El problema que plantea el académico de la UDP es cuando las autoridades toman estas percepciones y las hacen carne a través de mecanismos sancionatorios que redundan en lo que se ha llamado “populismo penal”, y al igual que el profesor Winter, Cristián Riego ejemplificó con la Agenda Corta Antidelincuencia, y específicamente el control preventivo de identidad, “una cosa bastante absurda”, planteó.

Riego acota que los delitos violentos y de mayor connotación contra la propiedad son un grupo bastante pequeño y reducido, sin embargo lo que se ha hecho es subir las penas en todos los delitos contra la propiedad, incluidos los que no son violentos, “lo cual a mí me parece un error”, señala.

En este sentido, sostiene que son ciertos grupos de interés los que presionan para elevar las penas de determinados delitos, poniendo el caso del retail como el más claro, toda vez que delitos como el “robo hormiga” han visto incrementadas sus sanciones, mientras que para la colusión de precios, el trámite legislativo al respecto ha sido más que complejo para establecer penas mayores a las empresas: “A mí no me cabe la menor duda que el daño que produce la colusión de los remedios con el daño que produce el robo hormiga de los supermercados, cuál es más grave”.

“Yo diría que en nuestro sistema de penas como característica tiene el que está cada vez más siendo expresión de una respuesta a grupos de interés. Nuestro sistema de penas se está fragmentando, y cada vez entonces las penas aplicables a los delitos de los sectores más débiles son más altas, y las penas que pueden cometer los sectores más poderosos siguen siendo bajas”.

Finalmente, Jaime Winter sostiene que es necesario “replantearse el rol de las policías”, principalmente de Carabineros, integrando a la institución a la comunidad, que trabaje en resolver sus problemas, lo mismo que mejorar la respuesta de la institucionalidad estatal frente a las denuncias de delitos ya que una de las cosas que aumenta la sensación de victimización es no tener una respuesta del sistema, lo que genera también sensación de desamparo de la víctima.