Después de tres años de gestión, Raúl Súnico deja la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura. Esto, en medio de numerosos antecedentes que dejarían en evidencia un nuevo caso de conflicto de interés.

La historia entre Súnico y la industria pesquera respondería a un vínculo más allá de su llegada a la titularidad de Subpesca durante el segundo mandato de Michelle Bachelet desde marzo de 2014.

Según publica Ciper Chile, un correo electrónico escrito por el ex presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), Luis Felipe Moncada, y enviado a integrantes del Directorio, informa que Súnico le confirmó que no se cumpliría uno de los puntos del programa de Michelle Bachelet: terminar con la pesca de arrastre.

¿Por qué? Según el mensaje de Moncada, Súnico hizo referencia a la autorización por 5 años de este método en los langostinos en la Región de Coquimbo. Este tema se habría comentado entre ambos en una reunión durante el 13 de octubre de 2014.

Súnico (PS) fue diputado por el Distrito 43 (Talcahuano-Hualpén) en el periodo 2006-2010. Luego de una derrota electoral parlamentaria, colaboró con la Municipalidad de Talcahuano. En esta última labor, de 2010 a 2013, impulsó demandas favorables a la pesca industrial. En el mismo periodo, su cónyuge, Marcela Alejandra Viveros Garay, cobró $33 millones a través de 34 boletas que le pagó Asipes.

A través de una declaración pública, Raúl Súnico explicó su salida del cargo. “Aquí existe alguien que entregó una serie de antecedentes con una clara intención de perjudicarme y quiero enfrentar la situación en la que se me ha expuesto injustamente sin cargo ni privilegio de ningún tipo”.

Según explicó la ex autoridad, “se ha querido vincular de manera intencionada el trabajo que desarrolló mi esposa, en el ejercicio libre de su profesión, en un periodo además en donde yo no ocupaba ningún cargo público (2010-2012)”.

Pescadores artesanales: “se debe limpiar la Subsecretaria”

La Directiva del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) valoró la salida de Súnico luego de conocer “los entretelones de su relación con la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y los contratos de su esposa con dicha entidad gremial”.

Para el presidente de Condepp, Jorge Bustos, “la presidenta debe nombrar un Subsecretario de Pesca que no sea corrupto ni servil a las 7 familias (dueñas de los recursos pesqueros)”. Según Bustos, “Súnico durante la tramitación de la ley de Pesca hizo lobby a favor de los industriales, junto al ex alcalde de Talcahuano Gastón Saavedra”.

El dirigente afirmó que mantendrán sus demandas: la propiedad de los peces, fin a la pesca de arrastre y el fraccionamiento como corresponde porque es la gran debilidad. “El subsecretario estaba para proteger a la industria”, concluyó Bustos.

Exigieron que con la salida de Súnico “se limpie la Subsecretaría de Pesca, porque al parecer hay otros funcionarios públicos, círculo cercano de Raúl Súnico, que también obedecen a intereses que no son los del Estado”, indicó Nelson Estrada, vicepresidente de la entidad.

Juan Carlos Cárdenas, director ejecutivo de la ONG Ecoceanos, advirtió que este caso “abre una caja de pandora” que puede relacionar a otros administrativos y/o políticos.

“Las demandas van aumentar por la renuncia. La primera de ellas, del sector pesquero artesanal y organizaciones ciudadanas, es que la Presidenta Michelle Bachelet cumpla en estos 16 meses que quedan el programa que se comprometió. En segundo lugar, la anulación de la Ley de Pesca. Y tercera, que se abra una investigación por el comportamiento corrupto del (ex) subsecretario”, comentó Cárdenas.

Desde Ecoceanos aseguraron que la gestión de estos tres años fue insuficiente y marcada por diversas denuncias. La organización se refirió al “primer caso de corrupción pesquera del 2017” al mencionar una autorización que dio Súnico al grupo pesquero de la familia Del Río.

“Esta autorización emitida en la tarde del 30 de diciembre del 2016, le permite a Deris S.A. a partir de las 24 horas siguientes (1 de enero del 2017) contar con el permiso para que sus cinco barcos-factorías -con plantas elaboradoras de harina de pescado a bordo-, operen en las aguas exteriores de las regiones de Aysén y Magallanes. Esto, a pesar que desde 1996 se encuentra expresamente prohibida en la legislación pesquera, las operaciones de estas destructivas naves-fábricas en aguas jurisdiccionales chilenas” denunció la ONG.

Consecuencias judiciales y políticas

Este domingo, el ministro del Interior Mario Fernández se refirió brevemente al tema. “No quiero entrar una opinión definitiva. Puedo señalar que el gobierno está reaccionando prontamente y afrontando las fuentes de estos antecedentes y sus consecuencias”, dijo el secretario de Estado.

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, llamó a responder a la demanda del término de la pesca de arrastre. “Fuera de esa dimensión que debe investigarse si es que hubo cohecho y la relación entre ellos, me parece que el subsecretario comprometiera no tocar un área tan sensible como la pesca de arrastre es una brutalidad porque tiene una afectación al medioambiente”.

Mientras se conocen estos antecedentes y la agenda del sector queda en incertidumbre, la fiscalía investiga la relación entre parlamentarios y pesqueras de la región del Biobío por posibles financiamientos fraudulentos. Según publicó La Tercera el viernes pasado, se dieron a conocer datos de un documento que habría obtenido el Ministerio Público mediante una incautación a las oficinas de Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) en Concepción.

El texto tendría nombres de pesqueras vinculadas a Asipes como Blumar, Alimar, Biobío, Camachaca, Food Corp, Landes, Bahía Coronel y Mar Pacífico. Además, contendría apellidos de supuestos actuales y ex parlamentarios, y autoridades locales, vinculadas a montos con directa relación a algunas pesqueras.

Mirosevic advirtió que esta indagatoria es clave. “Es importante que la fiscalía logre dilucidar los antes posible si estos son aportes legales o son aportes ilegales por otras vías a las campañas de estos políticos. Es una larga lista y preocupante, justo en los años que se estaba votando la Ley de Pesca. Sea cual sea la verdad, es bastante evidente que la industria presionó y tuvo influencias para la redacción de la ley. Independiente de lo que pase en la materia judicial, la Ley de Pesca hay que revisarla definitivamente”.