Comisión investigadora propone cambios normativos para corregir “jubilazos”

Parlamentarios adelantaron que el informe de la Comisión Investigadora que analizó las irregularidades en jubilaciones de funcionarios afiliados a Dipreca y Capredena, contendrá propuestas de cambios normativos que permitan corregir los abusos, además del establecimiento de responsabilidades de altos mandos de Gendarmería.

Parlamentarios adelantaron que el informe de la Comisión Investigadora que analizó las irregularidades en jubilaciones de funcionarios afiliados a Dipreca y Capredena, contendrá propuestas de cambios normativos que permitan corregir los abusos, además del establecimiento de responsabilidades de altos mandos de Gendarmería.

Las comisiones especiales investigadoras encargadas de analizar eventuales irregularidades en el otorgamiento de pensiones de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) y las jubilaciones pagadas a funcionarios de Gendarmería, está alistando el informe final con las proposiciones y conclusiones de los parlamentarios.

El presidente de la instancia, diputado Leonardo Soto, indicó que se han detectado problemas en el ingreso al sistema previsional público al darse la posibilidad de inscripción a trabajadores que están contratados a través de la modalidad de contrata u otro casos de personas en Gendarmería que no custodian recintos penales.

“Los casos más notorios son donde ha habido abultamiento de las pensiones de retiro, esas se producen por varias triquiñuelas o ardides. Por ejemplo, lo que se ha llamado ´las sillitas musicales´, resulta que cuando quedan pocos meses para retirarse, el alto mando va subiéndolos en funciones y en tres o cuatro meses, hemos visto saltos de personas en relación a como estaban antes, de cinco a seis grados”.

El parlamentario añadió que se entregan asignaciones que son discrecionales del alto mando, como las de funciones críticas, a personas que no cumplen ninguna función crítica. Asimismo, en Capredena se mal utilizarían las pensiones de inutilidad o de invalides para personas que estando en el servicio activo, se retiran por razones de salud.

De este modo, en la Comisión Especial proponen corregir con cambios normativos el conjunto de mecanismos que se utilizan para distorsionar el sistema y manipularlo a beneficios de personas determinadas, además de establecer responsabilidades políticas y administrativas de los altos mandos, de los directores nacionales de Gendarmería particularmente de los últimos periodos.

En cuanto a la identificación de personas que se han visto beneficiadas con las irregularidades y que tienen vínculos con personeros políticos, como Miryam Olate, ex esposa del diputado Osvaldo Andrade. El diputado DC Patricio Vallespín perteneciente a la comisión investigadora, afirmó que no ha existido en el análisis un especial encono hacia tal o cual persona, sin descartar que en el momento de la votación de las conclusiones en el Parlamento, eso sí se pueda producir.

“Nosotros no podemos aplicar sanciones porque no nos compete pero sí, identificar potenciales irresponsabilidad, irregularidad, incumplimiento de normativa, poco rigor o prolijidad en el ejercicio de las funciones por parte de las autoridades si lo podemos esbozar, pero el que tiene que buscar las sanciones es el Ejecutivo propiamente tal”.

En tanto, el diputado UDI Jorge Ulloa, expuso que se descartó irregularidades en la serie de instituciones asociadas a Capredena y Dipreca.

“No se ven situaciones de anormalidad en las instituciones Ejército, Armada y Fuerza Aérea, eventuales anormalidades se ven por ejemplo, en el Ministerio de Defensa o desde la misma Capredena. En el caso de Dipreca, no se ven situaciones anormales en Carabineros ni en Investigaciones, si una serie de situaciones anormales en Gendarmería, recordando que ésta no corresponde al DFL 1 que rige tanto a Carabineros, Investigaciones y las Fuerzas Armadas”.

Debido al receso legislativo, para marzo la Comisión Investigadora tiene comprometida la presentación de sus conclusiones que deberán ser votadas en el Parlamento.





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