Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) criticaron al contralor Jorge Bermúdez, luego que éste presentara ante el Senado una contienda de competencias con la Corte Suprema, en la cual se opone a que sea el máximo tribunal el que determine si los trabajadores de la repartición puedan ser pasados desde las AFP al sistema de pensiones de Capredena.

Bermúdez fundó este requerimiento en los gastos que debería incurrir el Estado si se concreta este traspaso de funcionarios de un sistema previsional a otro, el cual ascendería, según señaló, a 300 mil millones de pesos en 30 años. Esto pese a que la Corte de Apelaciones ya les dio la razón a los trabajadores de la DGAC.

José Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la DGAC, señaló que la actitud del contralor “es perniciosa”, ya que tensiona a poderes del Estado como son el Senado, la Corte Suprema y la misma Contraloría, lo que implica, además someterlos a una “presión indebida”: “Esto de ir más allá de las fronteras del rol fiscalizador de la Contraloría, el inmiscuirse y tensionar gratuitamente a dos poderes, que no nos deje resolver en la justicia algo que partió hace cinco años, es bastante complejo”.

Pérez aseguró que el contralor Bermúdez tiene obsesión particular con la situación de los trabajadores de la DGAC que es netamente ideológica sobre el sistema de pensiones al cual deben pertenecer los funcionarios, y que ahora la está llevando a un nivel político con esta jugada que está realizando en el Senado.

“Él ha tenido una dedicación casi exclusiva, especialmente para atacar a los funcionarios y funcionarias de la DGAC por una cuestión que es ideológica, que hoy día la está politizando, porque le está diciendo a un poder el Estado como es el Congreso, específicamente al Senado, ‘sabe qué, usted ahora se va a convertir en el tribunal, como dicen los abogados, especialísimo’. Es decir, claro hay un artículo 53 de la Constitución Política pero entendemos nosotros que no pueden presionar y ejercer algo que es quebrantar o trizar la estructura de los poderes, entonces eso es una señal que nosotros rechazamos, para el caso particular nuestro, y como ciudadanos también y dirigentes sindicales nos parece impresentable. Tendrá su derecho, pero por qué tanta obsesión: porque hay un factor ideológico”.

El contralor Bermúdez ha justificado su preocupación sobre este caso señalando que así como el órgano fiscalizador que lidera cuestionó en su momento las abultadas pensiones de funcionarios civiles de Dipreca y Capredena, ahora está siendo movido por el mismo afán al impugnar la decisión de los tribunales de justicia sobre el régimen previsional al que deben someterse los funcionarios de la DGAC.

José Pérez respondió que los dos casos son totalmente distintos, ya que mientras las revelaciones sobre las elevadas pensiones de funcionarios civiles de las cajas de previsión de las FFAA dan cuenta de montos de 4 o 5 millones de pesos mensuales, ellos sólo quieren que las pensiones de los funcionarios de la DGAC alcancen la tasa de reemplazo de 70 por ciento: “Entonces él está manipulando la información, faltando incluso a la verdad”, ya que, a su juicio, incluso el contralor ha manejado las cifras que supuestamente le costaría al Estado costear estas pensiones, generando una suerte de campaña del terror.

El senador independiente pro DC Pedro Araya, integrante de la comisión de Constitución que es la que deberá analizar el requerimiento, señaló que el contralor ha hecho uso de sus facultades legales al plantear esta contienda de competencias con la Corte Suprema, y que en esa línea a la comisión de Constitución del Senado “no les corresponde pronunciarse sobre el fondo”, que tiene que ver con cuál es el régimen previsional de los funcionarios de la DGAC, sólo determinar cuál es el organismo pertinente para tomar esa decisión.

Pedro Araya estima que en la sesión del 3 de enero se les debería notificar formalmente, y a partir de ahí se le solicitarán los antecedentes a la Contraloría y se fijará el calendario de audiencias antes de resolver.

El senador por Antofagasta descartó que con esta presentación hecha por el contralor Bermúdez se produzca una tensión innecesaria entre poderes del Estado como han planteado algunos juristas, ya que sólo está haciendo uso de sus atribuciones, por lo que llamó a “no dramatizar” en este caso.

Por su parte, el senador del PS y también integrante de la comisión de Constitución, Alfonso de Urresti, señaló que “estamos frente a un tema de fondo” que tiene que ver con el sistema previsional chileno, el cual tiene “dos cabezas”: “No podemos dos sistemas paralelos: uno que otorga cuantiosas y contundentes jubilaciones como es el sistema de las cajas de Capredena y Dipreca, y por otro lado un sistema de AFP que otorga pensiones miserables”.

Por lo mismo, el senador por la Región de Los Ríos llama a que se realice un gran acuerdo político para abordar el sistema previsional chileno, “que hay que decirlo con todas sus letras: fracasó”.

“Es un sistema que a los únicos que les ha convenido es a los grandes empresarios, a las AFP para tener un flujo de capitales permanentes y manejar una gran cantidad de recursos todos los meses producto de las cotizaciones obligatorias que tenemos todos los trabajadores en Chile. Esto no da más, y creo que es un momento, efectivamente, para abordar de fondo el sistema previsional”.

Finalmente, los funcionarios de la DGAC esperan que el Senado los apoye y determine que la Corte Suprema tiene la competencia para determinar que deben ser transferidos a Capredena, y así mantener lo que ya decidió la Corte de Apelaciones en agosto pasado.

“Ellos nos conocen, nos conocen hace muchos años cuando hemos estado en las comisiones de Hacienda, de Defensa ahí están las grabaciones, están los audios, los papers, las presentaciones. Hay muchos de los senadores que son parte de la comisión de Constitución que nos han atendido en la formalidad de una reunión, de una audiencia y saben quiénes somos, por lo tanto esperamos que nos apoyen y le digan al contralor lo mismo que le dijo la Corte de Apelaciones y le dijo la Corte Suprema frente a esta situación de contienda de competencias, es decir ‘Contralor, dedíquese a fiscalizar, deje a la justicia tranquila y que operen las instituciones’. Nosotros también confiamos en eso, que los senadores y senadoras nos apoyen”.