Los acontecimientos nacionales y políticos de los últimos días han mostrado de manera nítida lo bueno, lo feo y lo malo de nuestro país.

Los incendios que están arrasando decenas de miles de hectáreas en la zona centro-sur de Chile, han convocado la dura labor de personal de la Conaf, bomberos, Carabineros, brigadas internacionales, aviones especializados de Estados Unidos y Rusia, así como los aportes de decenas de miles de voluntarios y donantes que quieren contribuir a combatir esta tragedia. Eso es lo bueno.

Lo feo es que, una vez más, queda claro que el país no cuenta con los recursos públicos para hacer frente a grandes desastres naturales. Al igual como sucedió con el terremoto de febrero de 2010, los ciudadanos se pueden dar cuenta que el Estado de Chile es un infante de sala cuna en materias de emergencias. ¿Y quién suple esa falencia? Todos los chilenos con buenas intenciones. Sin embargo, las políticas públicas de un país que quiere alcanzar el desarrollo no se pueden basar en la buena voluntad y el sentido solidario de su población. La “Teletonización” de las causas sociales refleja la precariedad de nuestro Estado, que en tragedias como la actual, queda a merced de la voluntad privada de sus ciudadanos (pobres y ricos).

Lo malo es que mientras los incendios arrasan los valles más fértiles del país –que se vienen desertificando hace décadas por la industria forestal que reemplazó el bosque nativo por pinos y eucaliptos, que se están degradando por la instalación de centrales eléctricas en base a carbón o embalses hídricos que trastornan seriamente el ecosistema, y que se han visto debilitados por el monocultivo que busca obtener la máxima rentabilidad de la tierra a cambio de cualquier producto agrícola en boga– la clase política chilena vive en un infierno dantesco en el cual, curiosamente, parece sentirse a gusto.

El mejor ejemplo de esto último es Jacqueline van Rysselberghe, la flamante presidenta de la UDI, el partido ultraderechista chileno que, hasta hoy, es el más votado en Chile.

La semana pasada Ciper, un sitio web especializado en periodismo de investigación, reveló correos electrónicos que en 2014 intercambiaron la entonces senadora mechona Van Rysselberghe con Luis Felipe Moncada, presidente de la asociación de pesqueras industriales de la Octava Región (Asipes). Estos mails revelan de manera clara como la senadora de la UDI siguió órdenes y se puso a disposición del dirigente de ese poderoso gremio empresarial para influir, redactar y, en caso necesario, atrasar la tramitación de una ley que afectaba los intereses de ese sector en esa región.

La evidencia fue tan contundente que cualquier persona con cierto grado de pudor hubiera agachado el moño y se habría ido silenciosamente a la casa. En Europa su carrera política estaría arruinada de por vida. No así en Chile, y menos en la UDI. ¿Y por qué habría de renunciar, se habrá planteado la propia Jacqueline, si ningún político cooptado de este país le ha caído realmente “el peso de la ley”? Muchos próceres de ese partido se han visto involucrado hasta el cuello en escándalos de corrupción, cohecho o financiamiento ilícito, pero no les ha pasado nada. Basta con recordar nombres como Pablo Longueira, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Iván Moreira, Pablo Wagner y Ena von Baer, todos ellos, por cierto, colaboradores del gobierno de Sebastián Piñera.

Y en la vereda de al frente del duopolio político que ha gobernado el país desde 1990, las cosas no son tanto mejores. ¿Qué pasó con el senador DC Jorge Pizarro y sus hijos? ¿Qué se sabe del senador socialista Fulvio Rossi y su relación con las grandes mineras y pesqueras del norte? ¿Qué pasó con la evidencia –poca aún- de que el PPD, cuando estaba presidido por Carolina Tohá, habría recibido financiamiento ilegal de Soquimich?

Pero la UDI es digna de un estudio de caso, por cuanto viene aplicando –aun antes del ascenso mediático y político de Donald Trump en Estados Unidos– el concepto tan de moda llamado “post-verdad”.  Esta “post-verdad” es, en el fondo, la legitimización de la mentira. En ese sentido no es un concepto tan nuevo, ya que Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda de Adolf Hitler, fue un asiduo ejecutor de esta forma de comunicación.

En una entrevista publicada por el diario La Tercera el domingo 29, Jacqueline van Rysselberghe desplegó todo su talento propagandístico como fiel representante de la actual “post-verdad”. Jacqueline espetó que qué tiene de malo confiar en el juicio experto de Moncada, el representante de la industria, “si Luis Felipe era y es mi amigo, ¿en qué otra persona más podía confiar?”. A cualquier persona se le ocurren varias más, como los representantes de los pescadores artesanales, los dirigentes sindicales, entre otros. Aunque el intercambio de emails refleja claramente la sumisión y disposición de Jacqueline de someterse al “juicio experto” de los grandes intereses económicos, en la entrevista asegura, sonriente y con voz firme, que “a mi nunca me ha pauteado ninguna pesquera ni alguna otra empresa”. Post-verdad pura. Y poco después la presidenta de la UDI dice que, en su calidad de médico, es probable que–aunque no lo recuerda bien- se haya juntado también con miembros de la industria de las Isapres.

Para Jacqueline van Rysselberghe, que es miembro activa del Opus Dei, una secta ultraconservadora católica, los incendios que arrasan con una parte de Chile han sido una suerte de bendición. Nadie está hablando de ella ni de su dudoso historial político.

Y lo mismo sucede con gran parte de la clase política local. Afligidos y preocupados por la tragedia del fuego, la mayoría de los chilenos tiene puesta su mirada en los incendios. Mientras tanto, los pirómanos de la política están haciendo de las suyas.