En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Mauricio Daza, uno de los abogados querellante del caso Penta, explicó los pasos a seguir luego que el Tribunal Constitucional acogiera a trámite el requerimiento presentado por la defensa de Laurence Golborne, para suspender la arista que lo investiga por Ley de Donaciones.

El próximo 15 de marzo las partes alegarán ante los ministros del TC, instancia donde se resolverá si se admite la solicitud del ex ministro. Los querellantes confían en que ese mismo día se cerrará este capítulo dilatorio y se podrá seguir avanzando en la investigación

Mauricio Daza explicó que el requerimiento por inconstitucionalidad ingresado por la defensa de Golborne “pasó la primera valla”. Ahora, este 15 de marzo, se analizará  la admisibilidad del requerimiento. “Si se aprueba, se mantiene la suspensión del proceso solo en el caso del ex ministro. En caso de rechazarse, esta suspensión quedaría sin efecto”.

¿Cómo ven que el TC se inmiscuya en estos casos?

Llamaría mucho la atención que se aprobara la solicitud de la defensa. Creemos que el requerimiento carece de los mismos fundamentos para ser admisible. Esperamos que eso dictamine el Tribunal para poder poner término a este capítulo y seguir adelante con el proceso penal contra él, porque se le imputan graves y reiterados delitos.

¿Qué busca la defensa con este requerimiento?

Ganar tiempo. Es una mera maniobra dilatoria. En cuanto a su contenido, lo único que hace es controvertir la aplicación de una norma contenida en la Ley de Donaciones, uno de los múltiples delitos por los que Golborne está siendo imputado. En caso de acogerse el fondo, el resto de los delitos por los que se lo imputan, los delitos de naturaleza tributaria, siguen su curso penal.

En general, la intención de la defensa es diluir la actividad persecutora del Ministerio Público y contar con más antecedentes a favor de ellos. También se abre la posibilidad de generar un escenario más favorable, considerando que la situación procesal del resto de los procesados va a definirse antes que la de Laurence Golborne en caso que se aplique una suspensión que podría durar hasta un año, momento donde se deben analizar los motivos de fondo del requerimiento de inconstitucionalidad presentado.

En última instancia, en caso que el Tribunal Constitucional lo admita, decrete suspensión y dirima que en el fondo es favorable, esta parte de la investigación, esta norma controvertida específicamente en la Ley de Donaciones, no le sería aplicable en el proceso penal, pero deja a salvo a todos los otros delitos que se le imputan, en este caso, los tributarios por facilitación de documentación ideológicamente falsa, usada para su campaña política.

¿Este requerimiento puede abrir el paso a que nuevas defensas vayan al TC?

Es una posibilidad. No sería sorpresivo que otras defensas lo usaran para obtener alguna ventaja procesal, esto bajo la convicción que este es un tribunal más favorable, sobre todo, si se considera que la integración de sus ministros es, principalmente, de naturaleza política. De hecho, las definiciones del Tribunal Constitucional, que efectúa el Congreso, están pauteadas por partidos políticos. Por eso puede ser una instancia ventajosa.

Pese a ello, pensamos que esto solo tiene un afán dilatorio, y que vamos a poder llevar a juicio a las personas vinculadas con la elite política y financiera del país que están ligados a redes de financiamiento ilegal y de corrupción.