Desde el sector empresarial y transportista de La Araucanía insisten en que el gobierno declare Estado de Excepción la región y militarizar si es necesario las zonas donde se han producido quema de camiones y atentados. Esto, avalado por los parlamentarios de la región. El senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, dijo que respaldaría la llegada de Fuerzas Armadas para patrullar las zonas de mayor conflicto.

El tema reviste urgencia para el gremio de camioneros que emplazó al ministro del interior Mario Fernández para presentarse a la zona. Sin embargo, la autoridad ha señalado que finalmente se trasladará durante la próxima semana a la región y descartó declarar estado de excepción por tratarse de una restricción a los derechos ciudadanos.

Los dueños de los camiones afectados ya anunciaron que solicitarán un seguro por los daños sufridos y también apuntaron a la necesidad de crear un fondo de compensación para las víctimas.

El presidente de los transportistas, Sergio Pérez, dijo que es obligación del Estado resarcir a las personas que han sido dañadas porque hasta ahora ningún seguro ha sido práctico. “Nosotros tenemos una excelente opinión del ministro de Hacienda y de Economía. También existen las instituciones bancarias y los expertos financieros. Entonces, no podemos ser nosotros los encargados de decir cómo se hacen los fondos de compensación. Ese famoso seguro que comprometieron está mal hecho”, señaló.

Las presiones de los gremios productivos y de transportes

La búsqueda de beneficios económicos detrás de estos hechos corre por vías paralelas a la solicitud de decretar el Estado de Excepción.

Para el presidente del partido Wallmapuwen, Ignacio Astete Nahuelcoy, si esto es legítimo o no responde a su posición de víctima ante la pérdida de su material de trabajo, lo que sin embargo está lejos de posicionarse como el conflicto de fondo. “Lamentablemente, han sabido posicionarse ante la opinión pública como las víctimas de una situación mucho más profunda”, comentó.

En agosto de 2015, cuando los camioneros se trasladaron a Santiago, protagonizando una manifestación con sus maquinarias frente a La Moneda, se inició la discusión sobre estas subvenciones con el entonces ministro del Interior, Jorge Burgos.

En ese momento, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, detalló que se trataba de un seguro nacional que sería financiado a través del Banco Estado, enfocado en los pequeños y medianos transportistas porque los otros tendrían un leasing, es decir,  un sistema de financiamiento de largo plazo y tasas de interés bajas relacionado con el arriendo de maquinarias.

Este seguro comenzaría a operar en diciembre de 2015 y, según lo dicho por Aleuy en una entrevista concedida a La Tercera, “en una situación de austeridad de la economía, generar recursos extras es una dificultad. Sin embargo, estamos convencidos que el Estado debe dar cobertura financiera para poder recuperar bienes siniestrados”.

Sin embargo, en abril de 2016, el Banco Estado lanzó un seguro con una cobertura de 300 a 3.000 UF, es decir, más de 77 millones de pesos, que incluía a las instalaciones de la empresa que sufría daños, pero no a los camiones.

Astete se refirió a las presiones que sigue ejerciendo este sector al Gobierno. “Lo que se viene dando en el Wallmapu es que durante largo tiempo han usufructuado el territorio para obtener ganancias, esto con el beneplácito del Gobierno. Entonces, lo que ahora están haciendo es una nueva ofensiva para que el Estado se haga cargo de las pérdidas y, más allá de juzgar si está bien o no, la verdad es que el Gobierno hace caso de eso”, comentó.

 ¿Equilibrio económico?

Este es un escenario que se reitera cada vez que ocurren este tipo de acontecimientos y que, a juicio del historiador mapuche Fernando Pairican, se sustenta en una mirada tanto política como económica arraigada en que el Estado debe garantizar el desarrollo económico de los privados, sumado a una raigambre autoritaria de declarar Estado de Excepción. “Son sectores que siguen pensando con la lógica económica de la década de los sesenta en que el Estado debe respaldarlos, subsidiarlos y garantizar su capacidad de desarrollo. Es una lógica desarrollista y tienen un discurso muy conservador también”, advirtió.

Además, señaló que estos subsidios operan bajo una lógica de alcanzar un “equilibrio económico” para un sector que es víctima de hechos catalogados como terroristas. Sin embargo, son planteamientos sesgados en cuanto ya que sólo buscaría beneficiar a esos gremios pero no abordar el conflicto de fondo. “Fue clave el paro que realizaron en Santiago cuando fueron recibidos por Jorge Burgos porque ahí se comienzó a gestar la reparación de carácter económico en caso de que se vean afectados por lo que definen terrorismo, pero que es un término bastante flexible”, afirma Pairican.

Estas negociaciones entre el Estado y los camioneros para alcanzar una indemnización por estos hechos de destrucción han sido permanentes. Incluso, antes de finalizar el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía, el dirigente de los camioneros, José Villagrán, señaló que si no había una propuesta que incorporara la tesis “camión quemado es camión pagado”, no servía de nada.

Sin embargo, también se han conocido casos donde la propia Fiscalía ha declarado como “autoatentados” para cobrar estos beneficios económicos. En 2014, el fiscal  jefe de Temuco, Alberto Chifelle, señaló que una de las compañías aseguradoras había cancelado 14 millones de pesos a la empresa afectada cuando se detectó que era un hecho simulado.

Las comunidades indígenas que se sientes víctimas por de un juicio anticipado que se hace cada vez que ocurren estos hechos de mayor violencia, también han dicho que estas multigremiales buscan compensaciones económicas pese a que ya se han enriquecido a costa de usurpar los territorios ancestrales. Es el caso de las grandes compañías forestales y de los proyectos energéticos que están copando cada vez más esa región.