A pocos días que la Comisión de Evaluación Ambiental rechazara el proyecto minero Dominga, queda una sensación de triunfo comunitario por la consideración de las observaciones de los vecinos de La Higuera. Sin embargo, también surge el cuestionamiento sobre la efectividad de una institucionalidad que debe llegar a una última instancia resolutiva para considerar estas posturas. Asimismo, emerge el cuestionamiento sobre quiénes conforman este Servicio de Evaluación Ambiental, ya que en su mayoría son puestos de confianza del Ejecutivo, que en la discusión incluso tomaron papeles antagónicos.

En la Constitución del 1980 se estipuló como garantía el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y se creó el primer mecanismo de defensa para quienes se sintieran lesionados, a través de un recurso de protección ambiental. Hasta ese momento, el territorio chileno era tierra de nadie y el ingreso de proyectos de extracción era libre.

La situación no cambió mucho, ya que el modelo detrás de dicha reforma constitucional se basa en el extractivismo, que privilegia la explotación de recursos en pro de generar la máxima cantidad de riquezas para los dueños de las concesiones de todo tipo que se generaron en la misma época dictatorial.

Entre 1980 a 1994 existe otro gran hito de referencia, cuando se dicta la Ley de Base de Medio Ambiente 19.300, que tuvo algunas modificaciones hasta el año 2014, con un último cambio. Bajo dicha ley se crea la Comisión Nacional de Medioambiente (Conama) a nivel central, junto a sus prolongaciones a nivel regional, las Coremas. A su vez, se creó un mecanismo para la gestión ambiental y dentro de éste, el Sistema de Evaluación Ambiental.

La reforma que cambió la institucionalidad medioambiental fue la hecha en 2010, la que incorpora un ministerio de Medio Ambiente; una Superintendencia capacitada para fiscalizar y sancionar; el Servicio de Evaluación Ambiental y tres tribunales que atendieran las causas referidas a esta temática.

Sin embargo, Jaime Montenegro, director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, explica que “dentro de este nuevo marco legal existen vicios, ya que quienes integraban las Coremas en la institucionalidad anterior son los mismos miembros de las Comisiones de Evaluación Regional que dependen del Servicio de Evaluación Ambiental, lo que genera que en la decisión sobre la aprobación de proyectos exista una verticalidad del mando desde el Ejecutivo”.

Las Comisiones de Evaluación Regionales están integradas por el Intendente regional, quien preside la comisión; secretarios regionales de los ministerios y servicios de Medio Ambiente, Salud, Economía, Turismo, Energia, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes, Minería y Desarrollo social. El director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, quien es elegido por concurso público, integra esta mesa en calidad de secretario.

La comunidad en la evaluacion ambiental

En diferentes partes de Chile las comunidades han tenido que resistir a la instalación de proyectos de extracción, porque los proyectos que se están proponiendo desde diferentes sectores industriales no toman resguardos para no agotar los recursos, proteger la biodiversidad, cuidar el desarrollo de la vida social en el territorio, proteger sitios arquelógicos y, lo que es más grave, no afectar la salud de quienes habitan el territorio.

Si bien es cierto que existe una institucionalidad, la comunidad está fuera del sistema de evaluación ambiental, ya que su participación es sobre la base de observaciones en un tiempo acotado de 60 días y solo si algún habitante se interesa en presentar comentarios a los proyectos altamente técnicos que presentan las empresas.

Según explica Montenegro, abogado experto en derecho ambiental, “existe una asimetría radical en los tiempos que manejan las empresas y la comunidad. En primer lugar, 60 días es poco comparado con lo que se demora una empresa en elaborar un proyecto, que en promedio toma dos, tres y hasta cuatro años, como fue Hidroaysén. La pregunta es cómo una empresa que se demoró todo ese tiempo, decirle a la comunidad que opine dentro de 60 días. Los términos son muy especializados, hay muchos conceptos científicos que el común de la gente no conoce ni comprende, entonces ¿cómo se pretende que una comunidad absorba esto?”.

El investigador de la Universidad de Chile agregó que “lo más grave es que esta opinón ciudadana carece del efecto vinculante, es decir, no es obligatorio que la autoridad considere lo que la comunidad opine. La ley dice que el Servicio de Evaluación Ambiental debe ponderarla, pero de ninguna manera es obligatorio que la tome en cuenta”.

Tribunales ambientales

Dentro de la institucionalidad creada en 2010 existen tribunales ambientales que deberían estar funcionando en Antofagasta, Santiago y Valdivia, pero hoy solo lo hacen dos, ya que los ministros se escogen a través del sistema de Alta Dirección Pública, lo que deja fuera a muchas personas por calificación. Además, el proceso contempla un procedimiento “kafkiano, donde se confecciona una quina y ésta pasa al Senado, que elige tres. Luego esto se propone a la Presidencia”, relata Montenegro.

El académico explica que “los candidatos a ser ministros tienen que ser personas de mucha experiencia, muy calificadas, entonces postula gente nueva y no pasa la primera selección. Por lo mismo, el tribunal encargado de atender las causas de todo el norte de Chile no funciona, por falta de ministro”.

Lo más grave es que, entre las inhabilidades que tienen los ministros, después que terminen su mandato no pueden ejercer su profesión por dos años en la jurisdicción donde han estado, lo que también complica la posibilidad que tener postulantes.

“Lo importante de estos tribunales es que lo integran tres ministros, dos de los cuales son abogados, entonces se incorpora el conocimiento no jurídico de lo ambiental. Los problemas ambientales no son cien por ciento aplicación de la ley y es necesario que se incorporen conocimientos de arqueología, biología, educación, sicología, antropología y geografía, una mirada transdisciplinaria”.

Los faltantes de la legislación

La evaluación de proyectos por parte del SEA se ha hecho sobre la base de levantamientos de información particular sobre cada territorio, pero según plantea Montenegro, “a pesar de lo que se ha avanzado en el derecho ambiental, todavía hay faltas graves. Nos habríamos evitado todo estos problemas si tuviéramos una política de ordenamiento territorial, ya que podríamos definir por potencialidades de recursos, utilización, necesidades humanas, biodiversidad, entre otras dimensiones. Con este modelo podríamos definir áreas sin proyectos y lugares donde propiciar la extracción de recursos, según la necesidad”.

El abogado de la Universidad de Chile dice que se está “haciendo un ordenamiento improvisado con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que no está capacitado para esto, porque cuando se dice no a una termoelectrica, porque está cerca de una reserva marina, esa información se debería haber manejado antes de que se presentara el proyecto incluso”.

Por lo mismo, se hace urgente tener una ley de suelo, donde con estudios se pueda asegurar que al explotar un territorio no existirán problemas que afecten el habitar en el futuro. Asimismo, se hace fundamental la aprobación de un Código de Aguas acorde con esta realidad, una ley de biodiversidad y una ley de urbanismo y construcción, proyectos que siguen frenados en el Congreso.

Cuando la comunidad se defiende

Longotoma es un valle trasversal ubicado a 18 kilómetros de La Ligua. La vocación territorial de sus habitantes se basa en la agricultura y la producción de flores, pero actualmente este poblado se encuentra con escasez hídrica, producto del mal uso de las aguas por parte de las grandes empresas agropecuarias que se ubican en la parte alta de la localidad.

Sumado a esta escasez, la comunidad debió organizarse y resistir frente a un proyecto de Minera Amistad, que pretendía explotar el campo dunar ubicado en borde costero de Longotoma. En dicho espacio habitan aves migratorias que anidan en el sector del humedal y existen conchales que son vestigios de la cultura bato y molle.

Carolina Chávez, dirigenta del movimiento Valle Limpio, explica que “la organización de la comunidad tuvo dos partes: una de ellas fue la conformación de un equipo técnico que fue fundamental para elaborar informes donde se estudió, evaluó y argumentó la inviabilidad del proyecto. El equipo que se generó fue diverso, participaron personas de la comunidad, de La Ligua y de todo el país. Entre ellos habían biólogos, arqueólogos y arquitectos, entre otros profesionales que pusieron sus conocimientos y herramientas al servicio de esta comunidad”.

“Lo segundo fue la organización de la comunidad para lograr convocatoria, opinión pública y acciones, como tomarse la Ruta 5 Norte. También hicimos llamados a las autoridades a través de la prensa, a la institucionalidad, que era en realidad lo que más nos molestaba por la forma injusta de operar. Ellos no consultan a la ciudadanía y se favorece a las empresas, no a las comunidades. Nosotros vivimos una serie de atropellos que teníamos que denunciar en ese minuto”, profundiza Carolina, mientras recuerda los casi dos años de lucha que enfrentaron como movimiento para que el proyecto minero fracasara en su intento por instalarse en el valle.

“La comunidad se puso en alerta en defensa de la familia, de los hijos y de nuestro futuro. El valle de Longotoma es una comunidad agrícola, entonces el trabajo en la tierra es el que nos permite vivir. Nosotros no podemos trabajar como mineros, porque no conocemos ese oficio, sabemos producir la tierra y si nos contaminan la tierra, nos quitan el sustento de la vida”, relata Carolina.

El proyecto de Minera Amistad pretendía extraer arena metalificada de la duna, lo que podía disminuir las condiciones de biombo entre el agua del mar y la napa subterránea que ingresa al valle, contaminando la poca agua que hay disponible para la actividad agrícola y dañando la calidad de vida de quienes colindan con el campo dunar, ya que se proyectaba el paso de camiones de carga por dentro de la comunidad.

Según plantea la dirigenta, “la empresa encontró un camino expedito para entrar y operar, sobre todo porque pensaron que esta comunidad pequeña, donde viven compesinos, no debía presentarles mayores problemas ni trabas. Ellos asumen que hay cierta ignorancia dentro de estas comunidades, por lo tanto, la gente asumiría y no evaluaría el daño que pudieran provocar a futuro. La verdad es que acá se encontraron con una situación inversa, porque los hijos de los campesinos hoy estudiamos, tenemos ciertos conocimientos y la misma información que está a disposición nos permite tener otra opinión con respecto a las empresas, ser más analíticos y críticos cuando estas empresas se quieren instalar en las comunidades”.

Otro factor que aportó en la resistencia de esta comunidad fue el acompañamiento que recibieron de la comunidad de Huentelauquén, que también enfrentó a la empresa de capitales brasileños. Pero el tema va aún más allá: en Brasil existen varias órdenes judiciales en contra de Ibrahim Bittar Neto y se le acusa de fraude, compra de autoridades y extracción ilegal de minerales, toda una trayectoria de delitos que la institucionalidad ambiental obvió al permitir la instalación de la Planta de Concentración Magnética Dunas de Guallarauco.

Carolina plantea que “una de las claves es conformar un equipo técnico, llamar a todos los profesionales que puedan sumarse y levantar argumentos, analizar el proyecto, porque el Servicio de Evaluación Ambiental y el ministerio tienen muy poca información disponible y la información que manejan es un reglamento. Lo que ellos hacen es una lista de chequeo y no tienen argumentos contundentes para respaldar las aprobaciones que realizan”.

“Nosotros detuvimos la instalación de esta minera porque argumentamos que su proyecto era en escala y que lo que estaban presentando como una faena de exploración, en realidad, era el inicio de un proyecto que contemplaba una explotación de 20 años. Son las trampas del sistema y las empresas, quienes junto a sus abogados conocen la normativa y siempre actúan al margen de ella para que sus proyectos sean aceptados por la institucionalidad ambiental”, denuncia la dirigenta de Longotoma.

Sin embargo, Carolina Chavez dice que “a la comunidad le permitió despertar, en el sentido en que las dunas tiene un valor más allá del paisaje o de recreación. La gente aprendió mucho, estudiamos juntos en este proceso. Nos dejó alerta para futuras amenzas que pudieran presentarse y el equipo técnico que se conformó sigue funcionando, se ha articulado para diferentes conflictos que se han generado en la provincia. Yo creo que las dunas dieron un punto de partida que nos permitió unirnos, estudiar los casos y estar alerta siempre”.