Diputado Pilowsy por “Pacogate”: “Es una máquina de oficiales para corromperse”

Como “una falla sistémica en los controles de Carabineros” calificaron un grupo de diputados las recientes revelaciones tanto del fraude al interior de la institución, que lleva más de diez mil millones de pesos contabilizados, y el pago de remuneraciones irregulares a médicos anestesistas en Dipreca y que la Fiscalía se encuentra investigando. Por esto, los parlamentarios solicitarán la creación de una comisión investigadora que indague en estos casos.

Como “una falla sistémica en los controles de Carabineros” calificaron un grupo de diputados las recientes revelaciones tanto del fraude al interior de la institución, que lleva más de diez mil millones de pesos contabilizados, y el pago de remuneraciones irregulares a médicos anestesistas en Dipreca y que la Fiscalía se encuentra investigando. Por esto, los parlamentarios solicitarán la creación de una comisión investigadora que indague en estos casos.

Este jueves la Cámara de Diputados solicitó la creación de una comisión investigadora para indagar en las irregularidades en el manejo de las finanzas al interior de Carabineros, en el llamado caso “Pacogate”, al que se le sumó durante esta jornada la revelación sobre el procedimiento lleva adelante la Fiscalía por el pago irregular de remuneraciones a médicos en Dipreca.

Ya son más de diez mil millones de pesos el monto al que, hasta ahora, asciende el monto del fraude en Carabineros, mientras que son casi 700 millones de pesos en pago de remuneraciones de horas médicas a anestesistas en Dipreca sin contraprestaciones.

Por todo esto, es que el diputado del PS Leonardo Soto sostuvo que es necesario crear esta comisión para investigar las responsabilidades administrativas y políticas en la institución porque queda claro que allí fallaron todos los mecanismos de control para evitar estas irregularidades.

“Esta comisión investigadora va a investigar este hecho puntual, pero al mismo tiempo va a investigar todas las irregularidades que se puedan haber producido en el pasado en torno a materias no tan sólo remuneraciones, porque aquí sólo se ha visto los problemas de pago de personal, pero también hay indicios de irregularidades en temas, por ejemplo, de inversiones, en compra de vehículos, en compra de helicópteros que es necesario revisar. Esto no es un hecho aislado, es una falla sistémica en los controles de Carabineros, nosotros vamos a indagar a fondo, piedra por piedra, hasta descubrir por qué se dio estas irregularidades que hoy día conocemos”.

Por su parte, el diputado de la DC y presidente de la comisión investigadora del llamado “Milicogate”, Jaime Pilowsky, calificó al fraude en Carabineros como “una máquina de oficiales para defraudar el Fisco” inaceptable, lo mismo que lo ocurrido en Dipreca, e hizo un llamado a que la institucionalidad del Estado debe dar garantías de buenas prácticas a los ciudadanos.

“Aquí había una máquina de oficiales para corromperse, para poder defraudar al Fisco y la verdad es que nos parece inaceptable, como también nos parece inaceptable que en Dipreca se produzca una situación como esta. Las instituciones, en general, la Cámara de Diputados, el Senado, las Fuerzas Armadas, los ministerios tenemos que dar muestras de confianza de que los recursos están siendo bien invertidos, y por eso es necesario esta comisión investigadora, no solamente para determinar los responsables, sino que hacer propuestas concretas en el ámbito administrativo y también en el ámbito legal”.

Pilowsky hizo énfasis en la necesidad de generar normativas que apunten a prevenir este tipo de situaciones, pero también a evitar la prescripción de estos delitos, tal como un proyecto de ley que ya fue ingresado al Parlamento, al cual es necesario imprimirle urgencia, señaló el diputado de la Falange.

“Hoy día se tramita un proyecto de ley que homologa el plazo de prescripción de la responsabilidad administrativa. El contralor señaló en este mismo Congreso que la responsabilidad de los funcionarios de Carabineros estaba prescrita, por qué, porque la legislación actual establece que la prescripción es de seis meses, en el caso de las Fuerzas Armadas dos años, y en el caso de los funcionarios públicos civiles 4 años. La verdad es que esto es inexplicable del punto de vista jurídico, por eso nosotros presentamos el año pasado un proyecto de ley en esta materia, y le hemos pedido urgencia al proyecto en el Senado”.

Finalmente, el diputado de la DC Sergio Espejo sostuvo que el Estado debe asegurar que este tipo de irregularidades no se repita, pero que “con los antecedentes que tenemos, no tenemos esa seguridad”, concluyó.





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