El Gobierno ha resaltado en los medios de comunicación y la opinión pública la firma o ingreso de proyectos de ley al Congreso. Ahora último puso en marcha el debate por la reforma al Capítulo XV de la Constitución que se esperaba para fines del 2016 entrara en trámite. Asimismo, en los próximos días deberían comenzar a discutirse las iniciativas que dividen al Servicio Nacional de Menores en dos, modificación que se venía estudiando desde la administración anterior y que está acompañada de otro paquete de proyectos en discusión en el Parlamento.

No obstante, los plazos para legislar se reducen cada vez más y una serie de proyectos comprometidos por el Ejecutivo para despachar antes del 2018, se mantienen paralizados.

Educación fue uno de los ejes con los que la Presidenta Michelle Bachelet sustentó su campaña, pero hoy significativos proyectos de este ámbito se transforman en muestras del estancamiento.

La Reforma a la Educación Superior fue ingresada a mitad del año pasado y continúa en primer trámite legislativo, pues el Gobierno ha presentado ya en más de una ocasión, indicaciones que no han logrado destrabarla. Además, se anota el proyecto de Nueva Educación Pública en su segundo trámite y que luego de meses sin avance en el Senado, ahora está próximo a su votación en particular.

Al respecto la directora de política educativa y estudios de Educación 2020, Nicole Cisternas, identificó dificultades tanto en el Gobierno como en las dos Cámaras del Congreso integradas en gran parte por parlamentarios de la Nueva Mayoría. En efecto, compartió la postura de algunos que piden la aplicación de mayor urgencia a las transformaciones.

La experta sostuvo que al Ejecutivo le ha faltado un mayor trabajo pre legislativo e incorporar distintas visiones. “Especialmente en el proyecto de Educación Superior ha sido la incapacidad de generar un proyecto que aúne criterios. En el caso de Nueva Educación Pública, el atraso en un primer momento se debió principalmente al Parlamento que tuvo el proyecto parado más de seis meses”.

Por estos días también ha hecho noticia la transparencia de los patrimonios de autoridades que se rigen por la Ley de Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Interés, normativa que se publicó a principios del 2016.

Si bien el director de incidencia del centro de estudios Espacio Público, Manuel Aris, reconoce que en el marco de la contingencia por los casos de financiamiento irregular de la política, a principios del año pasado se aprobaron proyectos fundamentales con rápida tramitación. Actualmente está pendiente el proyecto de Penalización de la Corrupción y Cohecho que se mantiene en segundo trámite legislativo, al igual que el que previene y sanciona los conflictos de interés, este último excluido de las prioridades de Gobierno.

Otros proyectos que se han visto obstaculizados son el de despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales que atraviesa su segundo trámite legislativo y se esperaba saliera del Congreso el año pasado.

Con estos antecedentes a la vista y los resultados del estudio “Del Dicho al Hecho 2017” de la Fundación Ciudadano Inteligente, que registra un cumplimiento en un 48 por ciento de las promesas legislativas del Gobierno en los últimos tres años, el coordinador legislativo de la organización, Octavio Del Favero, criticó que la agilidad en los procesos de cambio se relacionen con el apoyo social a la mandataria.

El abogado dio cuenta de que se han despachado reformas importantes como el acuerdo de unión civil, la reforma al binominal y la tributaria, pero posteriormente a su juicio, el ritmo declinó, lo que sería coincidente con la pérdida de popularidad de la Presidenta. “Hay una señal de cómo estamos construyendo los procesos de cambio, en este caso estaban muy sostenidos por la figura misma de la mandataria que al verse afectada, también bajó las posibilidades de éxito y que los cambios se concretaran a lo largo de su gobierno”.

Del Favero aventuró además que en un contexto de campaña electoral se incrementarán las diferencias entre parlamentarios de distintos bloques políticos y partidos, entorpeciendo las posibilidades de negociación respecto de ciertos proyectos de ley.

En tanto, el coordinador del programa legislativo de Libertad y Desarrollo, Francisco López, afirmó que las mayores divergencias se observan hoy en la agenda económica, en especial en los debates del proyecto de Reforma al Código de Aguas, el que atañe a las sanitarias y el que moderniza el Servicio Nacional del Consumidor.“Veo que hay discrepancias no solo entre las coaliciones sino también al interior de la Nueva Mayoría hay diferencias sustanciales en lo que se busca con los proyectos de ley, esto puede ser bastante decidor para ver cuáles son los proyectos que se van a poder aprobar o no”.

López espera que se pueda avanzar en proyectos que tengan un impacto o sean de utilidad en materia de seguridad, de menores, de productividad, en mejora de regulación, eliminación de la burocracia y aumento de transparencia.

Otros de los compromisos del Gobierno todavía ni siquiera son enviados al Congreso a pesar de ser demandados por la ciudadanía, hablamos del proyecto de Reforma al Sistema Previsional y la nueva Ley de Migraciones.