La Corte Suprema falló a favor de la comunidad mapuche-lafquenche, luego que presentaran un recurso de amparo denunciando y pidiendo que se le revocara la aprobación de calificación ambiental al proyecto GNL Penco – Lirquén que busca instalar un terminal marítimo para el traslado de gas en la bahía de Concepción.

El fallo del máximo tribunal se dio porque la calificación del Servicio de Evaluación Ambiental fue aprobada sin que existiera una consulta indígena en el sector, aunque la evaluación afirmaba que este procedimiento sí se había abordado.

La consulta establecida en el convenio 169 de la OIT había sido ingresada el 30 de octubre de 2015 a nombre de la Asociación Koñintu Lafken Mapu de Penco, comunidad que impugnó esa referencia y que hoy, luego del fallo,  tendrán tres meses para generar esta consulta.

Pese al fallo favorable, la comunidad mapuche se siente de manos atadas, ya que la legislación medioambiental aborda esta consulta como un antecedente más y no de forma vinculante, por lo que la decisión y el poder recaen en el Estado y los privados que pretenden ejecutar este proyecto.

En este sentido, Pablo Rivas, abogado ambientalista a cargo de la defensa mapuche, explica que la consulta se reduce a propuestas de mitigación económica, mientras que los temas que aquí se discuten tienen que ver con la cosmovisión mapuche que defiende su rehue como un espacio ritual de valor inconmensurable y que reviste una emergencia de protección.

El abogado explicó que “lamentablemente en Chile la legislación ambiental es muy acotada, siempre se busca por soberanía quitarle sustancia al convenio 169 que es la mejor herramienta legal para proteger los derechos de los pueblos indígenas”.

Por lo mismo, el proceso está muy acotado a discutir sobre medidas de compensación o mitigación. “El Estado avala que los privados conversen de plata con las comunidades y no sobre la medición real y efectiva de los impactos en el medio”, sostuvo.

En el mismo tenor, el jurista agregó que “diversas organizaciones del mundo mapuche han expresado que la consulta es un mero proceso administrativo y que el Estado es muy reticente a aplicar. En el fondo, esto responde a la voluntad de los privados y del Estado, que prevalece porque ellos tienen mucho más poder negociador”.

María Flores Quillapan, presidenta de la Asociación Indígena Koñintu Lafquen Mapu de Penco, se refirió a los daños que generará la construcción de este terminal marítimo para el pueblo mapuche y su cultura ancestral.

La representante mapuche explicó que como pueblo les afecta directamente porque “el rehue está controlado por una machi que en ese lugar hace sus rogativas, encuentra sus plantas medicinales y como comunidad celebramos el guillatún. En el lugar que destruirá este proyecto hacemos nuestras ceremonias, hay un conchal ancestral, presentamos a nuestro pueblo y nos conectamos con los ngen (espíritus).  Para nosotros es un lugar sagrado”.

La empresa Biobiogenera declinó referirse al tema, argumentando que es un asunto muy delicado y que prefieren mantenerse fuera de la discusión.

La consulta indígena, que se realizará en la costa de Concepción, tendrá una vigencia de tres meses, tiempo en el que se busca exponer y proteger el patrimonio tangible e intangible de este lugar.