La Fiscalía local de Victoria, en la región de La Araucanía, notificó el cierre de la investigación sobre el secuestro del que fue víctima el año pasado el lonko de la comunidad autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul.

Los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2016 cuando funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) ingresaron hasta la comunidad para realizar un operativo, a raíz de la denuncia del latifundista René Urban por el supuesto robo de un tractor.

La PDI irrumpió cerca de las seis de la tarde en los predios de la comunidad con carros lanzagases y con armas antidisturbios. Queipul relató que en medio de este violento operativo y afectado por las bombas lacrimógenas, fue apartado por dos hombres que le ofrecieron ayuda y lo llevaron donde se encontraba una tercera persona que lo golpeó e introdujo en un vehículo.

Luego, a eso de las cuatro de la madrugada, despertó muy mal herido en la comuna de Traiguén, a unos 30 kilómetros de su hogar. De inmediato, se dirigió a la comisaría de Ercilla interponer una denuncia por secuestro. Antes de perder la conciencia por los golpes, reconoció la presencia de funcionarios policiales.

Con estos antecedentes, se presentó una querella para iniciar una investigación judicial contra quienes resultaran responsables. En esa oportunidad, se conversó con la Fiscalía que las indagatorias se apegarían a los criterios culturales para no tener ningún tipo de problemas  con la comunidad.

Sin embargo, sin consultarle a la víctima, se cambió el persecutor a cargo de la causa. En un comienzo asumió el fiscal Héctor Leiva, quien solicitó a la fiscalía regional inhabilitarse porque llevaba una querella contra Queipul por daños y desórdenes públicos. En ese entendido, asumió la investigación el fiscal César Shibar, quien sin embargo lleva otra causa de 2013 por estos hechos, pero ha manifestado que no habría razón para inhabilitarse.

El lunes 24 de abril pasado el fiscal Shibar se reunió con el lonko y le indicó que no habrían más antecedentes para seguir con la causa, pese a que sólo se tomaron las declaraciones de carabineros y a ningún testigo, según señaló Queipul. “Estuvimos más de una hora hablando y el fiscal dijo que iba a cerrar el caso porque supuestamente no habrían más pruebas. Me preguntó como dice eso si ni siquiera se han hecho las diligencias”.

Cierre de la investigación sin declaraciones clave

El cambio de fiscal marcó la orientación de la investigación. La abogada representante del lonko, Karina Riquelme, explicó que se evidenció un cambio en el compromiso de palabra que se había adquirido para indagar el caso.

Dentro de las diligencias, se realizarían visitas a la comunidad donde ella y el lonko siempre estarían presentes. “Hubo una descoordinación que repercutió en la comunicación que se entregaba. Siempre se dijo que la carpeta estaba en la fiscalía de Temuco, luego Victoria, Collipulli”, enfatizó la abogada.

Sin embargo, el mismo día en que se le entregó la carpeta investigativa se notificó sobre el cierre de la investigación. Con esto, explicó que no tuvo tiempo para evaluar en detalle el avance del caso y las nuevas diligencias que se solicitarían.

Karina Riquelme sostuvo que en los documentos se explicita que el lonko es quien no quiere que cooperar con la indagatoria, lo que es contradictorio con la propia declaración que prestó.

La también abogada del Centro de Investigaciones y Defensa del Sur (CIDSUR) agregó que desde junio del año pasado hasta la fecha se avanzó muy poco en esta investigación.

En la carpeta sólo figuran las declaraciones de tres carabineros, parte del operativo realizado en junio, y se reconoce, según detalló la abogada, un “copiar /pegar”, es decir, todas son exactamente iguales.  Por lo que según constataría la defensora no se tomaron declaraciones a quienes salieron en búsqueda del lonko, ni de la familia, ni hubo una reconstitución de escena, entre otros peritajes.

La profesional señaló que durante los últimos ocho años ha presentado querellas por víctimas mapuche y en varias de ellas se ha tomado la decisión de no perseverar, a diferencia de cuando los mapuche son los imputados. En esa línea, mencionó el caso de  Cristián Paillan ” a quien le dispararon por la espalda, lo subieron a un helicóptero y lo amenazaron de tirarlo. Esa causa la cerraron sin siquiera notificarle a la víctima ni a la abogada. Yo me encontraba en Santiago cuando hicieron una audiencia y cerraron la causa sin mi presencia. Presentamos recursos de apelación y de queja y no hubo ninguna posibilidad de apertura. Tenemos otras querellas donde Fiscalía no ha hecho ningún tipo de diligencia ni tampoco formalizan pese a que se identifican a los presuntos responsables. Este último es el caso de  Miguel Antiqueo que perdió un ojo por un disparo en medio de un allanamiento”.

Una opinión compartida por el abogado de la Defensoría Popular y representante de los imputados Sabino y César Catrilaf en el caso Luchsinger Mackay, Rodrigo Román, quien señalo que en este tipo de hechos evidencia la falta de objetividad del Ministerio Público. “Se confirma la tesis de que existe justicia para ricos y otra para pobres y justicia para chilenos y otra para mapuche”.

El lonko Víctor Queipul manifestó que le parece muy grave que el Ministerio Público tome este tipo de decisiones, lo que en alguna medida vinculó con su negativa a ser censado, el 19 de abril pasado. Sin embargo, reconoce que es un tema mucho más preocupante y que denota la discriminación de la justicia:”Sabemos que si hubiese sido un diputado o un alcalde le hubiesen dado mucho más énfasis pero si es una querella presentada por un mapuche siempre buscan excusas para no perseverar”.

En tanto, para el próximo 17  de mayo, se fijó una audiencia donde la Fiscalía va a plantear el motivo porque no va a perseverar en la causa y los denunciantes podrán apelar a esta notificación.