Este martes, la comisión especial de Recursos Hídricos del Senado aprobó la idea de legislar la reforma al Código de Aguas.

La votación contó con los votos a favor de la senadora PPD Adriana Muñoz, el socialista Carlos Montes, en reemplazo de su par Isabel Allende, y el DC Jorge Pizarro. Mientras, el senador de la UDI Víctor Pérez rechazó la legislación y el parlamentario de Renovación Nacional Francisco Chahuán se abstuvo.

La discusión en particular de la iniciativa se iniciará a partir del próximo martes 9 de mayo. Sin embargo, a pesar de este respaldo de legislar el proyecto, hubo reparos respecto de la constitucionalidad de ciertos artículos. Esto fue planteado por la oposición, asegurando que la normativa dividiría los derechos de aguas en dos sectores: “uno que regirá hasta Los Ángeles y otro de Biobío al sur”, apuntando a la incertidumbre para los agricultores.

Sin embargo, la opinión que esgrimieron los representantes de la Nueva Mayoría es que la actual legislación es anacrónica porque surgió sin ningún debate durante la dictadura y ha mercantilizado el recurso hídrico.

Lo que más preocupa  a los ambientalistas son las indicaciones expuestas por la Dirección General de Aguas (DGA) e ingresadas por el Ejecutivo que modificó varios de los artículos despachados por la Cámara de Diputados.

Desde la Fundación Newenko explicaron que dentro de las indicaciones destaca la flexibilización del carácter temporal de los derechos de aprovechamiento de agua que contaría con una renovación automática y no una prórroga estudiada considerando criterios técnicos.

También se flexibilizan las reglas propuestas en la Cámara relacionadas al control y fiscalización de las aguas del sector minero, eliminando la obligación de las empresas de solicitar autorización para el uso de nuevas “aguas halladas”.

Además, se advierte que una de las indicaciones suprime la posibilidad de establecer un caudal ecológico en áreas con ecosistemas amenazados, lo que podría derivar en sequías totales de los ríos.

El diputado de la DC Mario Venegas señaló que es un retroceso ante el evidente lobby empresarial. Por lo mismo, con las significativas diferencias que se han generado entre ambas cámaras, el parlamentario no descartó que se convoque a una Comisión Mixta. “Hay cambios en el Senado que han demostrado una línea equívoca pero que luego pagamos todos”, sostuvo.

El Código de Agua, que  se instauró en 1981 durante la Dictadura, estableció el carácter privado de los derechos de uso.

La iniciativa en trámite no es retroactiva, es decir, no toca los derechos de agua que ya fueron otorgados y que tienen fines empresariales, energéticos o para uso agrícola.

La senadora del PPD, Adriana Muñoz señaló que, a su juicio, las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo no han desvirtuado la orientación de la Reforma y la gran barrera será la votación de los parlamentarios opositores que este martes hicieron reserva de constitucionalidad. “En la Nueva Mayoría por cierto que han presentado indicaciones que vamos a analizar. Veremos si estamos de acuerdo o no, pero nuestra gran dificultad es la derecha que ha manifestado su férrea oposición a la reforma”, expresó.

Adriana Muñoz recordó que un 90 por ciento de los derechos  de aguas superficiales ya se han entregado y sólo resta un 10 por ciento por adjudicar que se apegarían a esta nueva legislación. Por otro lado, un 50 por ciento de las aguas subterráneas deberían ser reguladas cumpliendo con las condiciones de la nueva normativa.

Algunos legisladores y organizaciones ambientales aseguran que lo fundamental es que se garantice el correcto uso del agua considerando la crisis hídrica que enfrenta el país y los perjuicios que ha provocado su uso desmedido en las comunidades rurales e indígenas.

El sociólogo y activista por la defensa del agua Rodrigo Faúndez, señaló que no habrá un cambio de fondo al modelo hídrico si no hay modificaciones a nivel constitucional. “Acá no va a cambiar nada fundamental en términos de la propiedad del agua y el mercado irracional si no se toca la Constitución porque, en definitiva, la propiedad del agua privada sigue consagrada por sobre el derecho humano, el bien común y el uso público”, precisó.

Las regulaciones que se pretenden establecer con esta modificación al Código de Aguas buscarían evitar la especulación y el mercado que se ha generado con el recurso hídrico, aunque las organizaciones ambientales enfatizan que este proyecto es muy limitado respecto del desequilibrio que se ha configurado en el país.