Un grupo de ex prisioneros políticos ocupó la sede metropolitana del Instituto de Derechos Humanos ubicado en calle Eleodoro Yáñez en la comuna de Providencia. La misma acción se repitió en otras cinco ciudades como Arica, Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Puerto Montt.

Los manifestantes exigen mejoras en las indemnizaciones que reciben del Estado, también piden acceso de calidad a los servicios de salud junto con poner fin al secreto de medio siglo establecido por la Comisión Valech.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Braulio González, presidente de la Asociación de ex prisioneros políticos “Salvador Allende”, acusó al Gobierno de no quierer solucionar las exigencias que le han planteado.

El dirigente apuntó al ministro del Interior, Mario Fernández, quien debe ser el puente entre el Gobierno y los ex prisioneros, pero afirmó que con el personero todo lo conversado “queda en nada”.

“El problema con Mario Fernández es que él dice que para todo tiene que consultarle a un ministro. Para ver el tema de la indemnización, tiene que consultarlo con el ministro de Hacienda; para ver el tema de reparación (y nos habían ofrecido un subsidio), tiene que verlo con el ministro de Vivienda. Entonces, al final se sienta en la mesa, él hace como un puente, pero no resuelve nada y eso nos tiene molestos”, precisó González.

El representante recordó que hace más de un mes que las conversaciones están suspendidas con el Gobierno porque no han sido convocados a reuniones. A su juicio, la estrategia apunta a “gastar tiempo para que las demandas se diluyan”.

El catastro que manejan, no es alentador: Son unos 15 mil ex prisioneros políticos los que han muerto esperando soluciones, además de otros 3 mil que el dirigente aseguró están en malas condiciones de salud y que requieren acceso oportuno y de calidad a servicios de atención, otra de las demandas que están planteando a las autoridades.

Al mismo tiempo se suman las indemnizaciones que son frenadas en los tribunales a través del Consejo de Defensa del Estado, que apela a las decisiones judiciales dilatando así una respuesta a los ex presos políticos.

“El Gobierno nos llama cuando quiere, conversamos, llegamos a algunos acuerdos, después esos acuerdos se rompen. Entonces, al final el Gobierno se ha dedicado a tomarnos el pelo. Y es por eso que como nosotros nos merecemos respeto, somos las víctimas de los derechos humanos, de prisión y tortura”, con esos argumentos, González explicó el objetivo de la manifestación, “para decirle al Gobierno que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias frente a los temas que hemos estado conversando y que al Gobierno no les interesa, para que podamos llegar a un acuerdo alguna vez”.

El dirigente precisó que se mantendrán en las sedes del INDH en Santiago y regiones hasta ser escuchados por el Ejecutivo, pero con el compromiso de sacar adelante las demandas que están planteando y no dejar que se extingan como el proyecto que terminaba con el secreto de la Comisión Valech que en 2016 fue rechazado en el Parlamento sin que desde La Moneda se comprometieran a reponer la iniciativa al debate legislativo.