“Las ONG son los cómplices directos de los traficantes de personas” asegura Pierre Larti, uno de los portavoces de GI en Francia. Para él estas organizaciones prosiguen el trabajo de los traficantes al ayudarlos a llegar a las costas europeas.
Para él, como para sus homólogos reunidos en torno al proyecto “Defend Europe”, las personas que socorren a los migrantes en perdición en el mar son “de hecho militantes políticos favorables a una masiva inmigración”.
El grupúsculo planea así bloquear los navíos de estas instituciones que se encuentran en los puertos europeos para impedirles su labor: “Nos opondremos a sus barcos y defenderemos a Europa” proclama su sitio Internet en cuatro idiomas (francés, inglés, alemán, italiano).
A mediados de mayo, a bordo de un pequeño barco a motor un puñado de militantes de GI intentaron impedir que el Aquarius, un barco de la ONG SOS Mediterráneo, saliera del puerto siciliano de Catania, antes de ser detenidos por los guardacostas.
Fondos y voluntarios
Para su campaña “Defend Europe”, GI busca reunir fondos y voluntarios. Entre 60.000 y 70.000 euros ya habrían sido recaudados, según fuentes internas de la organización.
También el banco Crédit mutuel donde tenían una cuenta anunció a principios de la semana que denunciaba la cuenta tras haber “tomado conocimiento de las actividades de esta asociación”, según un comunicado.
Pero la denuncia está sometida a un preaviso de dos meses, según las normas monetarias y financieras, un plazo durante el cual GI va a poder usar su cuenta para su campaña de recaudación.
La semana pasada, la Delegación interministerial francesa de lucha contra el racismo, el antisemitismo y el odio anti-LGBT (Dilcrah) inició un “procedimiento para informar a la fiscalía de la república” sobre la operación “Defend Europe”.
Según esta delegación, la operación puede constituir una “provocación para discriminar a personas o a un grupo en función de su origen”, lo que es sancionable con un año de prisión y 45.000 euros de multa. También puede considerarse como una “asociación de malhechores con vistas a cometer el delito de obstaculización de medidas de asistencia y socorro”, sancionable con “diez años de prisión y 150.000 euros de multa”.
Pierre Larti asegura que GI tiene fondos suficientes para lanzar su operación este verano. Pero las asociaciones no se van a quedar con los brazos cruzados. “No podemos permitirnos observar sin hacer nada, hay vidas en peligro, el racismo y el odio tienen consecuencias dramáticas, muchas vidas se pierden cada año” subraya ‘Some of us'”.
Según el Alto Comisionado para los refugiados, cerca de 2.000 personas habrían muerto desde principios de año en el Mediterráneo al intentar llegar a las costas europeas.
*Por RFI
