Durante estos días se han expresado distintas opiniones respecto del alcance que tendría el Plan Araucanía. Por un lado, el anuncio fue valorado por autoridades de la zona y por la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural en la región. Sin embargo, varias agrupaciones mapuche han enfatizado que se trataría solamente de un “gesto cosmético”.
Desde esta vereda se apunta a que no cualquier reconocimiento es válido sino que requiere de ciertos mecanismos que lo doten de legitimidad. Dentro de estos, se habla de los criterios planteados en la Asamblea Constituyente Indígena sobre participación y autonomía para cualquier política que busque implementarse en la zona.
En esa lógica, preocupa la puesta en marcha de lo comprometido en este Plan Araucanía, por lo lejos que está de solucionar el conflicto. Así lo expresó a Radio y Diario Universidad de Chile el cientista político José Marimán.
A su juicio, este conjunto de medidas no son más que “las cuestiones de última hora” que aprueban los gobiernos antes de concluir sus periodos. Es decir, para dejar constancia de que fue durante el segundo mandato de Michelle Bachelet que se pidió perdón y que se firmó un “plan de desarrollo” para la Araucanía.
Todo esto, señaló, a sabiendas que ninguna de ellas sería factible de aplicar de manera seria porque podría asumir un próximo gobierno de derecha, reticente a enfoques de soberanía territorial.
“Son cuestiones de última hora que se comprometieron incluso en el programa de este Gobierno para los primeros 100 días y nunca se hicieron y, si se plantean a esta altura de enviarlas al Congreso no tendrían ninguna posibilidad de surgir”, señaló.
José Marimán subrayó que “el problema es que la elite chilena, que atraviesa todo el espectro político, se niega a avanzar en situaciones que en otros países son realidades incuestionables”.
Un planteamiento que desarrolló el dirigente Diego Ancalao refiriéndose al proceso de plurinacionalidad iniciado, por ejemplo, en Canadá donde se han establecido derechos en consecuencia a las “primeras naciones” que habitaron ese territorio.
A su juicio, las condiciones culturales en Chile definen un territorio plurinacional en los hechos pero no en el derecho y cualquier anuncio por parte del Ejecutivo debiese ser coherente con ello.
Ancalao cuestionó que este perdón expresado por el Ejecutivo no viniese aparejado con un anuncio sobre la reducción de efectivos policiales en la región o por la entrega de derechos políticos, como cupos en el Congreso para los representantes de los pueblos originarios.
En esa línea, se refirió a algunas medidas económicas que tendrían más pertinencia con el territorio y con la reducción de la pobreza en la región, como la regulación de la industria forestal.
“Se echa de menos que la Presidenta no reconociera que esta región es la más pobre, pero precisamente porque las 10 comunas más pobres son a la vez las que tienen más del 20 por ciento de su superficie forestada con pinos o eucaliptus”, subrayó en entrevista con RadioAnálisis.
Desde las organizaciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Chile, valoraron el mensaje de la Presidenta Michelle Bachelet. Silvia Rucks, representante de esta entidad, dijo que es un paso importante pero que de todas maneras les gustaría conocer la recepción de los mapuche ante las medidas comprometidas.
Durante estos días se han expresado distintas opiniones respecto del alcance que tendría el Plan Araucanía. Por un lado, el anuncio fue valorado por autoridades de la zona y por la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural en la región. Sin embargo, varias agrupaciones mapuche han enfatizado que se trataría solamente de un “gesto cosmético”.
Desde esta vereda se apunta a que no cualquier reconocimiento es válido sino que requiere de ciertos mecanismos que lo doten de legitimidad. Dentro de estos, se habla de los criterios planteados en la Asamblea Constituyente Indígena sobre participación y autonomía para cualquier política que busque implementarse en la zona.
En esa lógica, preocupa la puesta en marcha de lo comprometido en este Plan Araucanía, por lo lejos que está de solucionar el conflicto. Así lo expresó a Radio y Diario Universidad de Chile el cientista político José Marimán.
A su juicio, este conjunto de medidas no son más que “las cuestiones de última hora” que aprueban los gobiernos antes de concluir sus periodos. Es decir, para dejar constancia de que fue durante el segundo mandato de Michelle Bachelet que se pidió perdón y que se firmó un “plan de desarrollo” para la Araucanía.
Todo esto, señaló, a sabiendas que ninguna de ellas sería factible de aplicar de manera seria porque podría asumir un próximo gobierno de derecha, reticente a enfoques de soberanía territorial.
“Son cuestiones de última hora que se comprometieron incluso en el programa de este Gobierno para los primeros 100 días y nunca se hicieron y, si se plantean a esta altura de enviarlas al Congreso no tendrían ninguna posibilidad de surgir”, señaló.
José Marimán subrayó que “el problema es que la elite chilena, que atraviesa todo el espectro político, se niega a avanzar en situaciones que en otros países son realidades incuestionables”.
Un planteamiento que desarrolló el dirigente Diego Ancalao refiriéndose al proceso de plurinacionalidad iniciado, por ejemplo, en Canadá donde se han establecido derechos en consecuencia a las “primeras naciones” que habitaron ese territorio.
A su juicio, las condiciones culturales en Chile definen un territorio plurinacional en los hechos pero no en el derecho y cualquier anuncio por parte del Ejecutivo debiese ser coherente con ello.
Ancalao cuestionó que este perdón expresado por el Ejecutivo no viniese aparejado con un anuncio sobre la reducción de efectivos policiales en la región o por la entrega de derechos políticos, como cupos en el Congreso para los representantes de los pueblos originarios.
En esa línea, se refirió a algunas medidas económicas que tendrían más pertinencia con el territorio y con la reducción de la pobreza en la región, como la regulación de la industria forestal.
“Se echa de menos que la Presidenta no reconociera que esta región es la más pobre, pero precisamente porque las 10 comunas más pobres son a la vez las que tienen más del 20 por ciento de su superficie forestada con pinos o eucaliptus”, subrayó en entrevista con RadioAnálisis.
Desde las organizaciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Chile, valoraron el mensaje de la Presidenta Michelle Bachelet. Silvia Rucks, representante de esta entidad, dijo que es un paso importante pero que de todas maneras les gustaría conocer la recepción de los mapuche ante las medidas comprometidas.
Durante estos días se han expresado distintas opiniones respecto del alcance que tendría el Plan Araucanía. Por un lado, el anuncio fue valorado por autoridades de la zona y por la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural en la región. Sin embargo, varias agrupaciones mapuche han enfatizado que se trataría solamente de un “gesto cosmético”.
Desde esta vereda se apunta a que no cualquier reconocimiento es válido sino que requiere de ciertos mecanismos que lo doten de legitimidad. Dentro de estos, se habla de los criterios planteados en la Asamblea Constituyente Indígena sobre participación y autonomía para cualquier política que busque implementarse en la zona.
En esa lógica, preocupa la puesta en marcha de lo comprometido en este Plan Araucanía, por lo lejos que está de solucionar el conflicto. Así lo expresó a Radio y Diario Universidad de Chile el cientista político José Marimán.
A su juicio, este conjunto de medidas no son más que “las cuestiones de última hora” que aprueban los gobiernos antes de concluir sus periodos. Es decir, para dejar constancia de que fue durante el segundo mandato de Michelle Bachelet que se pidió perdón y que se firmó un “plan de desarrollo” para la Araucanía.
Todo esto, señaló, a sabiendas que ninguna de ellas sería factible de aplicar de manera seria porque podría asumir un próximo gobierno de derecha, reticente a enfoques de soberanía territorial.
“Son cuestiones de última hora que se comprometieron incluso en el programa de este Gobierno para los primeros 100 días y nunca se hicieron y, si se plantean a esta altura de enviarlas al Congreso no tendrían ninguna posibilidad de surgir”, señaló.
José Marimán subrayó que “el problema es que la elite chilena, que atraviesa todo el espectro político, se niega a avanzar en situaciones que en otros países son realidades incuestionables”.
Un planteamiento que desarrolló el dirigente Diego Ancalao refiriéndose al proceso de plurinacionalidad iniciado, por ejemplo, en Canadá donde se han establecido derechos en consecuencia a las “primeras naciones” que habitaron ese territorio.
A su juicio, las condiciones culturales en Chile definen un territorio plurinacional en los hechos pero no en el derecho y cualquier anuncio por parte del Ejecutivo debiese ser coherente con ello.
Ancalao cuestionó que este perdón expresado por el Ejecutivo no viniese aparejado con un anuncio sobre la reducción de efectivos policiales en la región o por la entrega de derechos políticos, como cupos en el Congreso para los representantes de los pueblos originarios.
En esa línea, se refirió a algunas medidas económicas que tendrían más pertinencia con el territorio y con la reducción de la pobreza en la región, como la regulación de la industria forestal.
“Se echa de menos que la Presidenta no reconociera que esta región es la más pobre, pero precisamente porque las 10 comunas más pobres son a la vez las que tienen más del 20 por ciento de su superficie forestada con pinos o eucaliptus”, subrayó en entrevista con RadioAnálisis.
Desde las organizaciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Chile, valoraron el mensaje de la Presidenta Michelle Bachelet. Silvia Rucks, representante de esta entidad, dijo que es un paso importante pero que de todas maneras les gustaría conocer la recepción de los mapuche ante las medidas comprometidas.
