Desde hace algunos años, la crisis que vive el Servicio Nacional de Menores ha sido un tema que constantemente han utilizado los distintos sectores políticos, convirtiéndose incluso en uno de los tópicos más abordados por los candidatos presidenciales. Sin embargo, al momento de los hechos son varias las situaciones que muestran el sistemático abandono y desprotección de los niños por parte de las autoridades, cuya situación desde el emblemático caso de la muerte de Lissette, no ha visto mejoras sustanciales.

Han pasado casi 15 meses desde que murió la menor de 11 años Lissette Sierra en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename) develando con ello la situación de abandono y vulnerabilidad de miles de niños y adolescentes a lo largo del país.

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Una crisis que se arrastra por varios años y que ha involucrado a ministros y directores de servicio de todos los colores políticos, pero que a partir de este caso, así como de la investigación iniciada por la Fiscalía, ha adquirido mayor notoriedad pública, lo que motivó la conformación de una segunda comisión investigadora en la Cámara y un conjunto de propuestas legales que fueron ingresadas a principios de este año por el Gobierno.

Sin embargo, los dos proyectos que crean los servicios de Protección Especializada y de Reinserción Social Juvenil, que vendrán a reemplazar la actual institucionalidad, no poseen urgencia del Ejecutivo.

Esto, sumado a la disputa entre el oficialismo y la oposición por el rechazo del informe de la comisión investigadora Sename II, motivó a los trabajadores de la entidad a emplazar a las autoridades y parlamentarios para que dejen de sacar “cálculos políticos mezquinos” y que se centren en mejorar la situación de los menores vulnerados.

La presidenta de la asociación de Funcionarios del Sename (Afuse) Alicia del Basto enfatizó que pese a los cambios en la administración del servicio y a los discursos de las autoridades, los problemas persisten en el organismo, cuya situación es incluso peor que cuando se desató la crisis.

“Hay una deuda tremenda con ellos y con los trabajadores. Hoy día podemos decir, cuando la directora nacional y el ministro hacen ver a la prensa y a la sociedad civil que el Sename ha tenido mejorías después de que Lissette falleció, el Sename, tal vez yo podría decir está peor que antes de que muriera Lissette (…) así como estamos no podemos seguir”.

Un escenario que el presidente de los Trabajadores del Sename, Walter Arancibia graficó señalando que en estos momentos “hay dos niños que están desahuciados en el Sename. Uno en Pudahuel, otro en Playa Ancha, esperando morir y van a ser dos víctimas más (…) hoy la preocupación está centrada en si se aprobó o no (el informe) para pasarse cuentas entre ellos” recalcó.

En esa línea el dirigente remarcó que la mayoría de los niños que fallecen en los centros es por falta de atención médica y por un abandono del Estado, que se traduce por ejemplo, en la reducción presupuestaria para la capacitación de funcionarios:

“Se habla de la falta de capacitación de los funcionarios. Sin embargo en el presupuesto del año pasado que aprobaron todos esos diputados que dicen que falta capacitación, nadie de ellos parece que se dio cuenta que el presupuesto de capacitación para los funcionarios del Sename se rebajó (…) no tenemos atención de salud mental infanto-juvenil, y muchos de esos niños que se han suicidado en el Sename fue por falta de atención”.

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Para la experta en temas de infancia de la Universidad Andrés Bello, Pamela Soto, ha existido una omisión y una negligencia permanente de los sucesivos gobiernos que han desencadenado en esa situación.

En ese sentido la académica cuestionó que desde las autoridades, conociendo los daños que producía el sistema, siguieran administrándolo de la misma manera. Además expresó que luego de lo ocurrido con Lisette, se hubieran esperado acciones concretas por parte del Gobierno, entre ellas un aumento de recursos, para que casos como ese no siguieran ocurriendo.

“Uno lo que hubiera esperado es que efectivamente hubieran medidas efectivas e inmediatas de inyección de recursos para poder proteger a los niños que todavía están dentro de los centros, yo creo que es lo mínimo que se puede hacer. Ahora, cuando no hay voluntad política, no hay recursos económicos para hacer las cosas”.

En relación a la fallida comisión investigadora Sename II, la académica de la UNAB lamentó que se haya desperdiciado la oportunidad para “hacer un reconocimiento como sociedad, un reconocimiento público de que se cometieron horrores de manera sistemática y crónica en el Sename”.

Asimismo, manifestó que “lo más probable es que no haya otra oportunidad de establecer algún tipo de responsabilidad respecto de lo que ha ocurrido (…) estos hechos de vulneración permanente de los derechos de los niños han quedado impune socialmente”.