La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el informe de admisibilidad en el cual se adjuntan las demandas de mil 719 víctimas de prisión política y tortura sufridas durante la Dictadura cívico-militar -representadas por la Unión de Ex Presos Prisioneros Políticos de Chile (UNExPP)-, casos que fueron declarados prescritos por el sistema judicial chileno.

La UNExPP denunció al Estado chileno por vulnerar el derecho a acceder a la justicia y a una reparación integral por el daño sufrido como consecuencia de la persecución y represión estatal sufrida en dictadura.

“Es decir, que denunciamos como los tribunales nacionales han rechazado nuestras demandas reparatorias, ello a pesar de haber sido secuestradas, mantenidas prisioneras y torturadas tanto física como psíquicamente, situación acreditada por la Comisión Valech, vulnerando el derecho a una adecuada indemnización cuando el Consejo de Defensa del Estado reclamó la improcedencia de la acción solicitando se declararan prescritas”, señalan desde la organización.

Nelly Cárcamo, presidenta de la UNExPP, señaló que están muy contentos con esta resolución ya que significa entrar en la “recta final” de un proceso muy largo en donde han debido enfrentar “a toda la maquinaria estatal”, además de la indiferencia y falta de respeto hacia las víctimas.

“Nuestra acción judicial tiene que ver con la impunidad, también. Estamos denunciando la falta de justicia, no es posible que no se persiga la responsabilidad de delitos tan graves como es la tortura, que está consignado como uno de los delitos de lesa humanidad más graves por la legislación internacional humanitaria, por lo tanto esa es una de las causas que nos empuja y nos lleva a seguir adelante”.

Nelly Cárcamo aseguró que la decisión de la CIDH es un motivo de orgullo para ellos como ex presos políticos, ya que muchos de ellos viven en una situación precaria y con muchas necesidades, por lo que debieron extremar recursos para alcanzar este logro.

El abogado y vicepresidente de la UNExPP, Víctor Rosas, recordó que la primera demanda en este sentido fue hecha en 2002 y luego de demostrar, a través de las sucesivas sentencias contrarias a sus intereses de parte de los tribunales chilenos, que se les denegaba la justicia, pudieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Rosas sostuvo que además de buscar justicia y reparación de parte del Estado, plantean también la necesidad de que la CIDH releve la manifiesta contravención al derecho internacional que comete Chile al mantener la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, por ejemplo amparando el secreto de 50 años que impuso la comisión Valech a los testimonios de las víctimas de prisión política y tortura.

“Resulta que en nuestro país, donde tenemos reconocidos cerca de 40 mil víctimas de prisión política y tortura, el gobierno de Chile no ha iniciado ninguna investigación para que se establezca quiénes eran los ejecutores materiales o los inductores o toda la trama que llevó a que en Chile fuera justificado aplicar una política de terrorismo de Estado basado en la tortura”.

Una vez oficializada la admisión de esta demanda las partes tendrán cuatro meses para lograr un avenimiento y realizar las observaciones pertinentes, no obstante desde la UNExPP descartan la posibilidad de llegar a algún acuerdo con el Estado, ya que en reiteradas ocasiones anteriores han tratado de acercarse a los sucesivos gobiernos para lograr acercamientos, pero nunca han sido escuchados.