Este sábado, se conocieron nuevos antecedentes que apuntan a irregularidades en el pago de las pensiones realizado por Capredena a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Según consignó La Tercera existen más de 300 jubilados de Capredena que reciben hasta cuatro pensiones de manera simultánea, lo que significa para el Estado un gasto mensual de 871 millones de pesos. Este antecedente se suma a los ya conocidos casos de pensiones por invalidez de segunda clase que reciben miembros de las Fuerzas Armadas considerados física y mentalmente sanos. y que poseen incluso condenados por violaciones de derechos humanos.

El abogado Roberto Ávila, lleva tiempo siguiendo estas causas y ha actuado como querellante en el caso de as jubilaciones en Gendarmería, Dipreca y ahora por las pensiones de invalidez de segunda clase.

En entrevista con el programa Política en vivo* de Radio Universidad de Chile, Ávila explicó que “ante la pasividad del Gobierno, del Parlamento y del Ministerio Público” en este tema, decidió presentar la querella por los llamados “jubilazos” en Gendarmería, lo mismo por la presentación de una querella en el caso de 97 jubilaciones en Dipreca.

Ambas denuncias están actualmente en investigación, las que se suman a una tercera querella por las pensiones de invalidez de segunda clase en el Ejército.

“Actualmente, se ha hecho público que hay cinco mil funcionarios del Ejército con pensiones de invalidez de segunda clase, que no podrían trabajar en nada. Yo le quiero decir que cinco mil es más de la cantidad de inválidos que trajo el ejército chileno de la Guerra del Pacífico en la que se tomó el Morro de Arica a carga de bayoneta y se tomó Lima y se ganó la batalla del Campo de la Alianza. Este ejército tiene más inválidos por situación profesional que el ejército que triunfó en la Guerra del Pacífico”.

Revisa aquí El prontuario delictual de los ex DINA y CNI que reciben millonarias pensiones 

Ávila fue enfático en señalar que muchos de los ex uniformados que perciben este tipo de pensiones, tal como se revelado en distintos medios de prensa, son ex agentes de los organismos represivos de la Dictadura, por lo tanto se produce el contrasentido de que el Estado está realizando una acción reparatoria con una persona que ha cometido delitos: “Eso repugna al derecho, el delito no puede ser fuente de ingreso ni de reparación por parte del Estado”, sostuvo el jurista.

Transición e impunidad 

También criticó el actuar del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, ya que además de no haber atendido este problema, en circunstancias que en distintos ámbitos de la Defensa ya se anticipaba, su respuesta una vez que estalló el caso sólo ha sido proponer comisiones de estudio para resolverlo.

“El ministro de Defensa José Antonio Gómez parece entender su rol más bien como de vocero, de relacionador público de las Fuerzas Armadas (…) acepta condecoraciones del comandante en jefe del Ejército, es decir, acepta que un subordinado suyo lo condecore, que un subordinado condecore a su superior. Con ese criterio vamos a ver un cabo condecorando a un general. Cuando un ministro de Defensa tiene esa concepción es comprensible que diga frente a estos hechos delictuales evidentes, simplemente ‘voy a estudiar el asunto'”.

El abogado espera que la justicia suspenda el pago de estas pensiones, como medida cautelar, al menos mientras se resuelve la situación judicial. Pese a esto, el actuar del Ministerio Público en otros casos similares ha dejado bastante que desear respecto de las investigaciones, por lo que asume que no habrá este tipo de medidas por de pronto.

En la fotografía: El abogado Roberto Ávila en el programa “Política en Vivo”.

El jurista planteó la hipótesis que la mantención de estos beneficios previsionales a ex uniformados, incluso a condenados por violaciones a los DDHH, es parte de las transacciones y acuerdos entre los gobiernos de las postdictadura y las Fuerzas Armadas, para mantener la estabilidad de dichas administraciones.

“Siempre pensamos que la Transición involucraba la mantención del modelo y la impunidad de los militares, expresada claramente en la defensa del general Pinochet que hicieron los gobiernos democráticos de la época cuando estuvo preso en Londres, pero ahora nos estamos dando cuenta que también implicaba el chipe libre en materia de recursos económicos”.

Finalmente, Roberto Ávila expresó su preocupación por la incertidumbre respecto de los plazos investigativos en estos casos, ya que mientras no se formalicen las pesquisas la Fiscalía puede disponer de todo el tiempo que estime conveniente, en circunstancias que al “erario fiscal se lo están apropiando indebidamente, a la vista de todos”, concluyó.

*Política en Vivo, programa radial conducido por el periodista de Felipe Pozo, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por Radio Universidad de Chile.