“Los ultimátum no son una política correcta”. Fueron las palabras del subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, al referirse al petitorio entregado por los camioneros.

En el documento exigen modificaciones a la ley antiterrorista, la creación de “una unidad de investigación y persecución penal a cargo de un grupo de elite compuesto por Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y el Ministerio Público para las regiones afectadas por el terrorismo, actos incendiarios, quema de camiones y robos”.

Además, solicitan la designación de un delegado presidencial por tiempo indefinido, “vigilancia permanente y efectiva a través de personal policial” y un programa de asistencia para “los conductores víctimas de actos incendiarios” en la zona.

En el petitorio también advierten que si en un plazo de 7 días no hay respuesta a sus demandas las bases de las organizaciones quedarán “en libertad de acción para organizar y/o adherir a cualquier tipo de movilización”. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, afirmó que “el Gobierno debe entender la gravedad de la situación y entregar una solución adecuada”.

En la misma línea, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, manifestó que no se ha trabajado para terminar con la violencia en el lugar.  “Cuando los asaltos son provocados por terroristas especializados da lo mismo si hay un guardia o 15 guardias. Aquí hay una debilidad generalizada y una especie de complicidad, pero no se está haciendo la pega para acabar con la delincuencia en este país”.

Modificaciones a la ley antiterrorista

Los camioneros exigen “dar suma urgencia legislativa a la  modificación de la ley antiterrorista, tendiente a dar mayor facultad a las policías y fiscales, incorporando la figura del agente encubierto y los testigos protegidos”.

Sobre este punto, el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, comentó que eso ya existe y con mucha mayor intensidad que lo recomendado internacionalmente. “Ellos están diciendo algo mediático, completamente contrario a lo que establecen los cánones internacionales. Es una exigencia populista”.

De acuerdo al jurista, lo que están solicitando “no tiene sustrato jurídico, ni siquiera en las posiciones más conservadoras de la doctrina. Lo que hay en la ley chilena ya es extremo de acuerdo a los estándares internacionales”.

Julio Cortés, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) coincidió con Morales y agregó que “distintos órganos internacionales han señalado que la legislación actual transgrede derechos fundamentales, por la desigualdad en la que pone a los imputados en relación con los persecutores”.

Beneficios políticos en un año de elecciones

Para Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa y miembro de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche, lo que ha realizado el gremio de camioneros durante los últimos días es parte de una maniobra comunicacional que busca sacar provecho político a corto plazo.

“Yo no sé qué más pretenden hacer porque ya está militarizada la zona. Ahora hay una elección presidencial de por medio y tal vez en el futuro las movilizaciones de los camioneros también tendrán que ver con la forma en que las corrientes políticas se aseguraran ese uno o dos por ciento, que definirá las presidenciales en los próximos meses”, sostuvo.

Sobre lo anterior, cabe mencionar que Sergio Pérez forma parte del “consejo ciudadano de Sebastián Piñera, un grupo elegido por él mismo y sus asesores para apoyar la campaña.

Para el alcalde de Tirúa, la política ha fracasado, por lo que “cualquier tipo de improvisación que se genere sobre estos hechos solo contribuirá a desvirtuar y no abordar el tema de fondo que es la convivencia con los pueblos originarios”.