El conflicto entre el Gobierno y el pueblo mapuche mantiene en Estado crítico al Ejecutivo. Les ha sido difícil tomar el control de la situación. El intento de manejar la huelga de hambre de los imputados en el Caso Iglesias, solicitando que se modificara la medida cautelar de prisión preventiva, no dio resultado debido a que Tribunales no acogió esa postura. Se vieron obligados a retirar la calificación terrorista, revitalizando el movimiento de los mapuches y generando un malestar entre el sector oficialista que tiene una visión penalista hacia el mencionado pueblo originario.

Mientras tres de los cuatro comuneros bajaron la huelga y sienten que dieron un golpe al Gobierno, en Santiago, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, el conductor de las políticas de seguridad pública en el mandato de Michelle Bachelet, ha mostrado signos de su enojo.

Primero, este lunes, se retiró antes del palacio de Gobierno, dando pie a las especulaciones sobre una eventual salida. Los rumores se acrecentaron con su tardía llegada a La Moneda este martes, confirmando que Aleuy se sentía pasado a llevar por la decisión de sus superiores de haber recalificado el delito.

También rondaba en los pasillos las críticas hechas por el ministro Barraza, secretario de Estado que se mostró contrario a la política de represión usada por la autoridad en materia mapuche. Puntualmente, criticó la Operación Huracán encabezada por el Subsecretario, a la vez que desestimó que en la región existiese terrorismo.

El contexto permitía que, minuto a minuto, creciera la incertidumbre sobre su permanencia en el Gobierno. Incluso, desechó participar de la reunión de coordinación con los policías. Solo se encerró en su oficina a la espera que la Presidenta lo recibiera, y eso ocurrió pasadas las 17:00 horas.

Las hipótesis apuntan a que el segundo hombre de Interior estaría molesto con la recalificación en el Caso Iglesias, medida que tomó el Gobierno para evitar la muerte de alguno de los comuneros ayunantes. Tras esto, durante la tarde del martes,  Aleuy habría presentado su renuncia. Sin embargo, el Gobierno anunció que el subsecretario hará uso de su feriado legal, esto a “pedido” de la propia Presidenta, quien le habría solicitado  un período de reflexión sobre si seguir en el cargo, tiempo en que La Moneda hará los esfuerzos por no salir trasquilada. Esto, solo 33 días después que estallara la crisis por minera Dominga, donde Rodrigo Valdés dejó su cargo en Hacienda.

Pese a que Michelle Bachelet, mientras era candidata en 2013, dijo que no volvería a aplicar la Ley Antiterrorista tal como lo hizo durante su primer mandato que duró entre 2006 y 2010, en la práctica sí lo hizo. El símbolo de esta política de invocar la cuestionada norma ha sido el encargado de seguridad, así han apuntado distintos representantes mapuches.

El werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, manifestó a nuestro medio el pasado 26 de septiembre que la Operación Huracán, operativo de Carabineros para detener a ocho comuneros mapuches en distintos puntos del país, sería un montaje orquestado por Aleuy:

“¡Es un montaje del Ministerio del Interior!, porque representados por Mahmud Aleuy, lo único que hacen es anunciar más represión en la zona con el objeto de vincular a los mapuche con la violencia, pero eso no ha resultado”, dijo.

Postura similar fue la de Juan Carlos Reinao, presidente de los alcaldes mapuche y alcalde de Renaico. El dirigente dijo a nuestro medio que la reciente visita de Aleuy a Argentina, en la que se reunió ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, era una medida comunicacional para dar una señal a los empresarios. Recordemos que tras la cita, Aleuy anunció que se cerrarían 12 pasos ilegales entre Chile y Argentina, conclusión a la que llegaron tras una reunión motivada por un supuesto tráfico de armas entre ambos países descubierto en el Plan Huracán.

La huelga de hambre de los comuneros del Caso Iglesias obligó al Gobierno a modificar su discurso carcelario frente al conflicto con el pueblo originario, lo que afecta los intereses de la labor de Aleuy. Pero hay motivos políticos superiores, piensan algunos, como es el caso del diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, quien respaldó las decisiones de Michelle Bachelet.

“Yo respaldo la gestión que hace el gobierno en esta materia, el gobierno es mucho más que la mirada operativa policial en los conflictos locales, que es la mirada que tiene Mahmud Aleuy. El gobierno tiene que velar porque los conflictos, como los con pueblos originarios que se arrastran por siglos, no aumenten a una escala mayor”, señaló.

No han sido tiempos fáciles para Aleuy. Durante septiembre también vio cómo absolutamente todo el espectro político rechazaba una de sus iniciativas para satisfacer los intereses del trabajo de las policías. El subsecretario del Interior fue el impulsor de llamado ‘Decreto Espía’, el que tenía por objetivo ampliar la información que las compañías de telecomunicaciones deben entregar a las policías con fines investigativos.

Esta fue una iniciativa muy cuestionada por atentar en contra de la privacidad de las personas. Al respecto, Pablo Voillier de la ONG Derechos Digitales señaló a nuestro medio que “Haciendo esto por decreto, lo que busca el subsecretario Aleuy es saltarse la discusión democrática que la regulación de un tema sensible, como este, que afecta derechos fundamentales y que incluso puede afectar la democracia porque nuestra interpretación es que la vigilancia masiva es incompatible con el estado democrático de derecho, eso es muy grave”.

Tras la salida temporal de Aleuy, el Gobierno informó que el cargo lo ocupará el jefe de la subdivisión de Gobierno Interior, Mario Ossandón.