Durante la mañana de este jueves la Corte Suprema entregó el fallo respecto del recurso de amparo interpuesto por la defensa de los detenidos en la Operación Huracán, el que fue alegado el pasado martes. Finalmente, el Máximo Tribunal acogió la solicitud y determinó que los ocho imputados dejen la prisión preventiva que decretó el Juzgado de Garantía de Temuco.

Según lo dispuesto por la Suprema, la medida cautelar no se ajustaba debido a que la magistrado del tribunal de La Araucanía, Mónica Arancibia, no presentó los argumentos suficientes para ordenar la prisión de los ocho acusados.

El ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, uno de los cinco que vieron el recurso de amparo que fue resuelto de manera unánime, señaló que es fundamental que en los tribunales de primera instancia, se determinen bien los motivos para decretar la prisión preventiva de alguien, puesto que en nuestro país existen altas cifras de personas que son privadas de libertad pero que finalmente resultan absueltas.

“La Corte Suprema está consciente de la injusticia que se comete con personas que han sido procesadas en prisión preventiva y luego absueltas y es difícil reparar esa prisión. Hay una información periodística que habla de 2.018 personas que han sido sometidas a prisión preventiva y han terminado absueltas. Ese es un costo que el Estado no puede darse el lujo de ponderar y aceptar”, dijo.

La Operación Huracán se dio a conocer a la luz pública el pasado 23 de septiembre, cuando de forma paralela se detuvo a los ocho acusados en distintos puntos del país. De inmediato se tomó conocimiento de que el Ministerio del Interior, a través de la Agencia Nacional de Inteligencia, fue la precursora de la avanzada policial en contra de la causa mapuche. Por esto mismo, la decisión de la Corte Suprema posiblemente no sea del agrado del Ejecutivo, algo que se pudo percibir en las escuetas declaraciones entregadas por la vocera de Gobierno, Paula Narváez.

“Constitucionalmente al Gobierno no le corresponde opinar sobre las decisiones que toma otro poder del Estado. Nosotros como Gobierno acatamos lo que la Justicia ha determinado en ese sentido específico, que tiene que ver con las medidas cautelares de prisión preventiva. Sí decir que esto es una investigación que sigue adelante”, señaló.

Desde los familiares de los acusados, Griselda Calhueque, esposa de Jaime Huenchullán, werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui uno de los acusados que se encontraba en prisión en la cárcel en Temuco, señaló a nuestro medio que al enterarse de la noticia sintió  de inmediato felicidad, pero que las sensaciones son contradictorias, puesto que siempre estará con el miedo de que caiga una nueva avanzada judicial en contra de su esposo o algún cercano de la comunidad.

“Al principio se veía oscuro y pensábamos que a medida que pasará el tiempo se iba a aclarar, pero no pensé que sería tan luego, porque las acusaciones eran muy fuertes. Terroristas, de asociación ilícita, incendios, se acusó bastante fuerte. El Estado chileno una vez más se equivocó con nosotros, con nuestros hermanos. Creo que siempre nos han querido hacer desaparecer del mapa, pero una vez más demostramos cuánta fuerza tenemos como mapuche”, expresó.

Durante el jueves llegaron las órdenes de liberar a los imputados a las respectivas cárceles. En tanto, el proceso judicial en sí seguirá en marcha, y ahora el Ministerio Público deberá buscar nuevos antecedentes para acreditar la tesis levantada por Carabineros de Chile, acerca de la existencia de una asociación ilícita terrorista responsable de una serie de incendios de camiones.