El gobierno de Michelle Bachelet nos tiene acostumbrados a escándalos mediáticos. Al menos una vez por mes estalla un conflicto en el seno de la administración de La Moneda, dejando varios heridos en el camino, uno de los de esta semana es el subsecretario de salud Jaime Burrows.

El problema se desató cuando Contraloría ordenó un proceso para determinar a los responsables de la compra injustificada y posterior vencimiento de 90 mil tarros de leche de inicio, alimentación con la que el ministerio pretendía dar inicio a un plan piloto cuyo objeto era “mejorar” la alimentación de los lactantes menores de seis meses que se atienden en el sistema público de salud.

La investigación, además, busca resolver por qué se adquirió esa cantidad del producto Nutrilon Premium 1, siendo que según los documentos que sustentan el proyecto, tan solo se necesitaban 9 mil para su puesta en marcha.

Con los antecedentes en conocimiento público, se inició una rueda de críticas políticas a la labor de Burrows, nada fuera de norma, menos en un año electoral, cuando todos los sectores aprovechan la menor oportunidad para obtener réditos en las urnas.

Sin embargo, el incendio no se apagó ahí: ¡No solo se había pagado por 81 mil tarros extras de leche!, la misma empresa se había adjudicado otra licitación por el mismo producto y por la misma cantidad: otros 96 mil tarros de Nutrilon llegarían a las bodegas de Salud.

Alejándonos del debate político en torno a la responsabilidad o irresponsabilidad de las autoridades a cargo, expertos en nutrición infantil ubicaron el problema de fondo. Acá no se habla de millones más, millones menos, entregados a una empresa en particular, lo que está en juego es la alimentación de nuestros lactantes.

En ese contexto, había una primera contradicción entre el planteamiento de las autoridades de Salud y sus decisiones financieras: a ojos de la opinión pública, hay un compromiso del Estado con la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida de un ser humano, bajo el agua, en cambio, una política tendiente a desmotivar a las madres que quieren lactar.

Profesionales de distintos campos médicos expusieron sus argumentos. A juicio de informes internacionales estaría absolutamente demostrado que entregar fórmulas de alimentación atenta contra la lactancia materna exclusiva al facilitar el ítem nutrición. Entonces, ¿las autoridades quieren o no quieren que nuestros infantes se alimenten con leche materna?

La posición internacional es clara: durante los primeros seis meses es –salvo excepciones- fundamental recibir el alimento materno. Nutrientes, defensas, reducción de la obesidad y apego serían el sostén de la vida adulta. A diferencia de lo que se creía veinte años atrás, no hay leche de tarro que iguale, siquiera, a las bondades de la leche de mamá.

Sin embargo, la industria alimenticia, también ha sido clara en su postura: no perderán esta batalla tan fácilmente. Así, con publicidad y gobiernos como sus mejores aliados, han mantenido la cadena productiva de este tipo de fórmulas, mal conocidas como leche de reemplazo.

Las ganancias empresariales no solo benefician a los productores de estos tarros… el único que gana con la masiva compra que hizo el Ministerio de Salud no es la compañía Danone, acá ganan todos los empresarios. No es casual que estos productos irrumpieran en el mercado de la mano de la llegada masiva de las mujeres al espacio laboral.

Comprometerse con la promoción de la lactancia materna es como un tablero de ajedrez, una pieza afecta a todo el juego. Para que una mujer amamante de forma exclusiva durante seis meses necesita estar en su casa, todo el tiempo. Algo que quedó prácticamente garantizado por la ley de extensión del posnatal.

Sin embargo, cuántas mujeres realmente pueden gozar de ese derecho. Primero, únicamente las que tienen un contrato de trabajo. Según una encuesta de Fundación Sol del año 2015, las mujeres reinan (porcentualmente) en los espacios de trabajo doméstico y familiar no remunerado.

El dato es fundamental para entender el cuadro: en Chile el derecho a la maternidad es solo para algunas. Principalmente porque en la ley 20.545 (la que extiende la licencia postnatal) no se avanza particularmente en lo referido al pago de los subsidios pre y postnatales.

Por ejemplo: Para que una mujer reciba el pago de su licencia debe ser empleada dependiente al menos 3 meses antes de la concepción. Además, es obligación ser afiliadas a isapre o Fonasa por más de seis meses anteriores a la fecha de embarazo. Por si fuera poco, es necesario contar con cotizaciones de AFP en caso de ser trabajadora independiente.

Las que no cumplen con los requisitos, no tienen derecho al subsidio. Es decir, si quisieran pasar seis meses alimentando a sus hijos de forma exclusiva, no tendrían dinero propio para alimentarse a ellas mismas.

Pero, ¿por qué pagar para que sean madres? La pregunta estaría de más si Chile fuera un país que ve y piensa a la maternidad como un beneficio social y no como un acto individual, primando una versión neoliberal del nacimiento.

Así, y según la misma lógica, asegurando que la “leche de fórmula” será entregada en los consultorios, las madres tendrían un problema menos en qué pensar, sus hijos –gracias al Estado- serían “bien alimentados”, por lo tanto, podrán “tranquilas” volver a trabajar.

La ecuación perversa es advertida por diversos profesionales de la salud. Detrás de la intención de entregar este tipo de productos, está la de promover el regreso temprano a los lugares de trabajo.

Tal como lo señala la nutrióloga Cecilia Castillo, “hay una intencionalidad por montar esto de la manera que lo hacen. Nuestra principal crítica es a la gestión del Gobierno, no solo es entregar fórmula y, por el lado, decir que creemos en la lactancia materna. Para fortalecerla (la lactancia) es necesario un compromiso de todos y en la política pública. Es un bonito discurso, pero no hay un apoyo real”.