Luego de seis meses de trabajo, los diputados de la Comisión Investigadora del fraude en Carabineros, resolvieron por amplia mayoría que el actual general director de la institución, Bruno Villalobos, no tiene  ningún tipo de responsabilidad en el millonario desfalco.

El informe emitido por los parlamentarios pasará a Sala en la Cámara de Diputados, donde será votado en los próximos días. Jaime Pilowsky (DC), presidente de la Comisión, argumentó que se decidió no sancionar a Villalobos porque el fraude se produjo hasta muy poco tiempo antes de que asumiera el cargo.

“Las transferencias por parte de este fraude se produjeron hasta el año 2015, es decir, hasta dos meses después de que asumiera el general Villalobos. Lo que le reprochamos es no haber realizado, frente a ese ambiente de descontrol, medidas de modernización y gestión con anticipación”, manifestó.

Para el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, la responsabilidad de los generales directores es ineludible si se considera que este mega fraude se extendió durante casi doce años y en él participaron más de un centenar de uniformados.

El parlamentario enfatizó en que este hecho tiene un perjuicio  sin precedentes para el Estado chileno. “La responsabilidad de lo que ocurre en la institución está asignada por Ley en el general director, sin duda él debe responder. La misma normativa determina que la responsabilidad de prevenir y fiscalizar no es delegable, por consiguiente deben responder política y administrativamente todos los generales directores que no vieron lo que estaba pasando”.

En ese sentido, sostuvo que “era inconsistente, débil y hasta permisivo para el futuro de la institución”, establecer que no existen responsabilidades políticas y administrativas de los generales directores mientras se produjo el fraude, donde se incluye a Villalobos.

El parlamentario dijo estar decepcionado con el informe. “Creo que los hechos son tan graves que las consecuencias son evidentes. Hay un trato tenue y complaciente de no meterse con estas instituciones. Creo que la democracia no ha sido suficientemente enérgica para establecer sanciones a los responsables por omisión o por acción”.

Mientras que el diputado de la Democracia Cristiana, Sergio Espejo, calificó el informe final como un error. El parlamentario esperaba un acuerdo en determinar responsabilidades en al menos cuatro niveles de los altos cargos: la Dirección de Finanzas, la Subdirección General, la Inspectoría General y los generales directores.

Del mismo modo, con anterioridad había criticado la falta de controles tanto de parte de la banca privada, con la que se relacionó la institución, como con las autoridades de Gobierno, en particular con el Ministerio del Interior.

“Ni la banca privada, que tuvo la oportunidad de conocer cuentas en las que se movieron sumas muy cuantiosas, ni las autoridades con las que se relaciona administrativamente Carabineros, en este caso el Ministerio del Interior, llevaron a cabo las supervisiones y los controles indispensables para mitigar el riesgo de que ocurriera el fraude. Los controles han sido deficientes y eso tiene que quedar establecido”, comentó.

Otro de los puntos claves de la jornada era establecer una posición respecto del rol que tuvo el Ministerio del Interior, ante lo cual la diputada Marcela Sabat (RN) dijo que se registró la “falta de observancia sobre los informes que emitió la Contraloría General de la República”. Desde su perspectiva, si esta falta se hubiese advertido antes, las medidas se podrían haber aplicado con anterioridad”.

El ministro del Interior, Mario Fernández, señaló que las conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión no reemplazan la actividad de la Fiscalía y los tribunales, ya que son instancias distintas. “Dentro de la esfera que estas comisiones investigadoras tienen, de acuerdo a la Constitución, se espera que sean constructivas”.

Este lunes, los diputados establecieron de forma unánime la responsabilidad de los subdirectores generales, entre los que se incluye a Marcos Tello, quien actualmente ejerce el cargo, y de los inspectores generales que sido parte de Carabineros durante los últimos 10 años.

La malversación que se originó en el Departamento de Control y finanzas ya supera los 26 mil millones de pesos y suma más de 120 formalizados hasta el momento.