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Año XI, 19 de julio de 2019

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Informe INDH: Las cifras detrás de la violencia y discriminación hacia las mujeres

Sobre este tema, la abogada de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Silvana del Valle, dijo que el problema es que las políticas públicas abordan estos temas de forma fragmentada y criticó que muchas veces las instituciones del Estado perpetúan la violencia de género.

Karina Palma

  Sábado 23 de diciembre 2017 11:03 hrs. 
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“Si bien los cambios en la cultura y las relaciones de género han avanzado en nuestro país, persisten desigualdades entre hombres y mujeres en diversos ámbitos de la vida nacional”. Esta es una de las conclusiones a las que llegó el informe 2017 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el capítulo “Cultura de discriminación arbitraria hacia las mujeres”.

En términos laborales, el estudio confirma la brecha salarial al señalar que las mujeres tienden en promedio a ganar un 31,7 por ciento menos que los hombres. Esto se traduce en que el sueldo promedio de una mujer es de 410.486 mil pesos, mientras que el del hombre alcanza los 601.311 mil pesos.

En detalle, las trabajadoras que cuentan con educación primaria reciben un 42 por ciento menos que sus pares masculinos. Entre quienes tienen educación secundaria la brecha es de un 36 por ciento, para la educación técnica y universitaria la cifra disminuye a un 30,9 y 34,5 por ciento, respectivamente. No obstante, vuelve aumentar en el caso de las personas que poseen postítulos, maestrías o doctorados, donde el porcentaje alcanza el 36,8 por ciento.

La situación se agudiza cuando las personas jubilan, pues el 85 por ciento de las pensionadas recibe menos que el salario mínimo y seis de cada diez tiene pensiones bajo la línea de la pobreza. Algunos de los factores que generan esta situación son los menores salarios, las trayectorias laborales discontinuas y la mayor expectativa de vida, entre otros.

A esto se suma la poca presencia de las mujeres en cargos de responsabilidad. En el personal del poder ejecutivo, cuerpos legislativos y miembros directivos de la administración pública y empresas del Estado, las mujeres corresponden apenas al 27,4 por ciento, mientras que los hombres son el 72,6 por ciento.

De acuerdo a Pamela Caro, doctora en Estudios Americanos e investigadora de la Universidad Santo Tomás, las políticas públicas no se han orientado a los hombres que hoy están en altos cargos. En esa línea, explicó que como no se van a generar nuevos puestos directivos, se necesita un cambio cultural en el plano de la aceptación que tienen los hombres.

“Un equipo directivo homogéneo tiene un valor inferior en términos de recoger los distintos componentes  de la realidad social. Por eso si las mujeres, como componente de la diversidad de género, o jóvenes, en el caso etario, se incorporan a la toma de decisión, aumenta la probabilidad de tener visiones distintas para enfrentar un mismo problema. Es un valor en sí mismo”, añadió.

Kemy Oyarzún, coordinadora del Magíster en Estudios de Género y Cultura de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, comentó que en este tema Chile está muy atrasado en relación a los países de la OCDE. Sin embargo, advirtió que comparte la tendencia de países latinoamericanos como Argentina y Brasil.

En este punto destacó las políticas de Uruguay, donde se instaló un sistema nacional de cuidados, y explicó: “Las mujeres siguen teniendo doble y triple jornada, pues siempre están a cargo de los cuidados. No solo de la crianza de los niños, sino también de los cuidados de los enfermos y ancianos. Esto ocurre porque no existe un sistema nacional de cuidado”.

El rol de los medios de comunicación y la discriminación en salud

Sobre el papel que han jugado los medios de comunicación y la publicidad en la discriminación por género, el estudio analiza el caso sobre la agresión que sufrió Nabila Rifo e indica que cuando se habla de femicidios, estos no se contextualizan en el marco de la violencia de género.

Del mismo modo, “las temáticas suelen tratarse desde la lógica policial, como hechos del ámbito privado, sin tomar en consideración que se dan en el contexto de una cultura en que priman prejuicios, sobre la inferioridad de las mujeres o en papeles estereotipados que legitiman la violencia contra la mujer”. Mientras que en el caso de la publicidad, manifiesta que “reproduce estereotipos de género discriminatorios presentes en la sociedad y colabora en su legitimación y permanencia”.

Para Mónica Maureira, del Observatorio de Género y Equidad, los organismos fiscalizadores de estos temas, como el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), no han logrado una incidencia política que permita cambios en la práctica en los medios.

“Las organizaciones de mujeres y feministas son las que tienen capitalizado el análisis respecto de estos temas, pero no hay interlocución de parte de las instituciones, no hay un diálogo sistemático que permita que se generen decálogos o protocolos de autorregulación sobre estos temas. Otro adicional, que tiene que ver con participación y la representación, es la formación de profesionales”, expresó.

En materia de salud, el texto advierte que las mujeres representan el 66,3 por ciento de las personas en lista de espera de GES (Garantías Explícitas en Salud), cuyas patologías con mayor retraso corresponde a enfermedades exclusivamente femeninas como salud dental integral de la embarazada, cáncer cérvico uterino y cáncer de mamas.

Respecto de la distribución de beneficiarios por subsistema de salud, las mujeres representan el 52,7 por ciento del total de usuarios en Fonasa, cifra que desciende al 45,8 en el caso de las Isapres. Sobre estas últimas, se establece que este sistema “aplica prácticas de discriminación hacia las mujeres, principalmente a través del encarecimiento de los programas de salud el cual, considerando además que las mujeres en promedio tienen más bajos salarios que los hombres, se transforma en una barrera para que ellas puedan afiliarse libremente a planes de calidad de este sistema de salud privado”.

A la discriminación en todos los ámbitos antes mencionados, se suman otros factores como el origen étnico y/o el ser migrante. En ese sentido, el informe advierte que en el caso de las mujeres indígenas la tasa de desocupación aumenta al 10 por ciento, respecto del 8,2 de sus congéneres no indígenas. De igual forma, tienden a recibir remuneraciones más bajas, tendencia que se repite en las mujeres migrantes.

Las recomendaciones

Silvana del Valle, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, sostuvo que el problema es que las políticas públicas abordan estos temas de una forma fragmentada. En ese sentido, manifestó que el Estado debe enfocar sus medidas en la prevención de la violencia.

“Es fundamental la implementación de una educación no sexista. También pensamos que la violencia institucional que se ha instalado en todas las funciones del Estado ha sido invisibilizada y, de hecho, normalizada porque lo que ocurre es que en lugar de acoger, reparar y solucionar los problemas que viven las mujeres, lo que hacen es seguir perpetuando la violencia. En este mismo sentido, nos parece muy importante que las personas que han sido agresores de mujeres no debieran estar presentes en aquellos lugares donde se toman decisiones para todo el país”, agregó.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos recomendó al Estado generar los mecanismos legales para evitar las brechas salariales, introducir elementos técnicos y financieros para abordar la discriminación en materia de pensiones y promover a la brevedad cambios en las Isapres, para hacerse cargo de las discriminaciones arbitrarias hacia las mujeres. Del mismo modo, se sugiere al Consejo Nacional de Televisión continuar su tarea en materia de fiscalización.