Mataron a la negra. Mataron a Macarena Valdés. El 22 de agosto de 2016 en el sector de Tranguil, en la comuna de Panguipulli, fue encontrada muerta Macarena Valdés, de 32 años. Ella y su compañero Rubén Collío, vocero de la Coordinación Newen Tranguil, eran conocidos por su oposición a la construcción de una central de paso en territorios pertenecientes a comunidades indígenas, a cargo de la empresa hidroeléctrica RP Global y la empresa eléctrica chilena Saesa. El día anterior a su muerte, dos trabajadores de la hidroeléctrica le exigieron a la propietaria donde residían los Collío-Valdés que echara del lugar a la familia porque el werken Collío  “estaba revolucionando mucho a la gente”. Aquello fue acompañado de una advertencia: “que se cuidara, porque había gente que lo iba a agredir”. Al día siguiente, Macarena fue encontrada muerta. A menos de veinticuatro horas, la empresa Saesa dio inicio a la instalación del cableado de alta tensión (Fuente Radio Villa Francia).

La muerte de Macarena fue catalogada como un suicidio por Carabineros y el Servicio Médico Legal. Sin embargo, sus cercanos nunca creyeron esta tesis, advirtiendo que se trataba de un asesinato en el marco la lucha que la comunidad estaba llevando a cabo contra la instalación del mencionado proyecto hidroeléctrico (Fuente Radio Universidad de Chile).

Recientemente, una segunda autopsia descartó la tesis del suicidio por ahorcamiento. En conversaciones con Radio Universidad de Chile el médico forense encargado del peritaje señaló que no hay signos que demuestren que el cuerpo se haya suspendido a través del ahorcamiento estando con vida, lo que genera una evidencia que se contrapone a la información oficial respecto a que se trataría de un suicidio (Fuente Radio Universidad de Chile).

El trabajo de Fiscalía quedó cuestionado. En base a estos nuevos antecedentes, es de esperar que la justicia actúe. Dirigentes sociales vinculados a causas medioambientales, como Lucía Sepúlveda, señalan que acá “se podría determinar la presencia de sicarios en crímenes contra defensores de los territorios y eso es gravísimo” (Fuente Lucía Sepúlveda, Radio Universidad de Chile).

El caso de Macarena grafica la situación de peligro en la que se hallan defensores del medioambiente y los territorios, cuestión que hoy queremos denunciar. Amenazas y hostigamientos por defender los derechos humanos y la protección del medioambiente que también han sufrido quienes luchan en nuestro país por la recuperación del agua como un derecho humano inalienable, entre los que se encuentran los miembros del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) Rodrigo Mundaca y Verónica Vilches.

En Chile aún nos regimos por el Código de Aguas formulado en dictadura, que considera el agua como un bien nacional de uso público, pero a la vez como un bien económico, cuyos derechos de aprovechamiento pueden otorgarse a particulares a perpetuidad. Todo esto ha dado origen a un mercado devastador de las aguas. Un ejemplo de esto es lo que sucede en el patio trasero de la V Región, en la Provincia de Petorca.

Según investigaciones de CIPER,  el 90 por ciento de los derechos de aprovechamientos de aguas consuntivas, de las que no devuelven el agua utilizada, está en poder de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que casi el 100 por ciento de los derechos no consuntivos, que sí devuelven el agua a su caudal, pertenece a transnacionales.

El proyecto de reforma constitucional al código de aguas, que en algún momento fue prioridad de este gobierno, sigue siendo tramitado en el Congreso. Dicho proyecto pretende modificar el concepto de derechos de aprovechamiento de agua, dándoles un carácter temporal. Además, busca privilegiar el uso humano y usos esenciales para el desarrollo local y ambiental. La reforma al Código de Aguas que fue tramitada en la Cámara Baja pretendió fortalecer la intervención y fiscalización  del Estado sobre las cuencas y derechos de agua. A su vez, se buscó que la definición legal de agua como un bien de interés público y de uso nacional prevaleciera ante su explotación en manos de empresas privadas, priorizando el consumo humano y de las comunidades. Asimismo, se prohibía la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en áreas protegidas declaradas Parques Nacionales y Reservas de Región Virgen.

Sin embargo, esta es una reforma pobre y engañosa, pues sólo está dirigida 10% del agua que falta por entregar, sin tocar derechos gratuitos y perpetuos que ya han sido entregados y que constituyen el 90% restante.

Esta es la situación del agua en nuestro país, en el contexto mundial de la crisis hídrica y del innegable cambio climático, producto del calentamiento global. Somos uno de los escasos países, si no el único, donde el agua constituye un bien privado antes que un derecho. Pero a pesar de centrarnos en nuestro entorno cercano, no debemos olvidar que existe una denegación generalizada del derecho al agua, a nivel mundial. Hay más de mil millones de personas que carecen de un suministro suficiente de agua y miles de millones que no tienen acceso adecuado a servicios de higiene y saneamiento. Esta crisis ha sido relevada por diferentes informes y organismos de Naciones Unidas.

El agua es un derecho esencial para la realización de todos los otros derechos humanos y en Chile se encuentra en manos de grandes empresas privadas. Escuchemos lo que la sociedad civil organizada tiene que decir. Escuchemos también las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, pero no esperemos sentados a que el Estado cumpla con ellas. La organización social continuará fortaleciéndose, mediante la generación de redes cooperativas.