Se concretó una salida alternativa entre SQM y la Fiscalía. El trato pactado entre el persecutor Pablo Gómez y los abogados representantes de la firma, y aceptado por el Octavo Juzgado de Garantía, incluye un pago de 900 millones de pesos al Fisco y otros 1.650 a fundaciones de beneficencia; además de la instrucción de entregar un informe de cumplimiento de medidas anti corrupción, en concepto de indemnización por lo defraudado.
La investigación derivada del caso Penta indagó los pagos realizados por el ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, a empresas y personas vinculadas al ex senador y ministro de Economía, Pablo Longueira, acusado de favorecer a la empresa durante la tramitación de la ley del royalty minero.
Hace algunos días, el propio Gómez había adelantado el corazón de la suspensión condicional del procedimiento: “Le estamos diciendo a la empresa que no pague el tope de $450 millones sino que pague el tope de $900 millones que establece la ley como máximo de multa, eso va a ser a beneficio fiscal. Esto, a cambio de que la minera no sea condenada por la causa”, explicó en la oportunidad. Durante el cierre del acuerdo agregó que el trabajo de la justicia no se condice con la “justicia de Twitter”, defendiendo los criterios de la salida pactada entre SQM y el Ministerio Público.
Sin embargo, el acuerdo no fue fácil de alcanzar, sobre todo por la posición del Consejo de Defensa del Estado, a favor de llegar a un juicio oral por los delitos imputados.
Según indicó la consejera María Inés Horvith, lo que el CDE buscaba era una pena y no una indemnización, esto para entregar una señal potente a la ciudadanía que ha seguido con atención el caso: “Como Consejo estimamos que la salida alternativa debe mantenerse para casos que no comprometan intereses públicos relevantes, y consideramos que el caso SQM sí se comprometían esos intereses”.
La abogada del CDE Lupy Aguirre precisó que esta era una “señal de política criminal” entregada por el Ministerio Público, toda vez que “la empresa paga coimas a políticos y cómo soluciona el problema, pagando”, anunciando que podrían apelar a la decisión.
Otra de las dudas planteadas por la jurista dice relación con la situación puntual de Pablo Longueira, en el caso que estas salidas alternativas se extendieran a otros imputados en la causa, como él. Gómez aclaró que esa causa permanece abierta con una imputación vigente por cohecho, en la que nada se ha dicho de una posible vía de acuerdo y no un juicio oral.
Se concretó una salida alternativa entre SQM y la Fiscalía. El trato pactado entre el persecutor Pablo Gómez y los abogados representantes de la firma, y aceptado por el Octavo Juzgado de Garantía, incluye un pago de 900 millones de pesos al Fisco y otros 1.650 a fundaciones de beneficencia; además de la instrucción de entregar un informe de cumplimiento de medidas anti corrupción, en concepto de indemnización por lo defraudado.
La investigación derivada del caso Penta indagó los pagos realizados por el ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, a empresas y personas vinculadas al ex senador y ministro de Economía, Pablo Longueira, acusado de favorecer a la empresa durante la tramitación de la ley del royalty minero.
Hace algunos días, el propio Gómez había adelantado el corazón de la suspensión condicional del procedimiento: “Le estamos diciendo a la empresa que no pague el tope de $450 millones sino que pague el tope de $900 millones que establece la ley como máximo de multa, eso va a ser a beneficio fiscal. Esto, a cambio de que la minera no sea condenada por la causa”, explicó en la oportunidad. Durante el cierre del acuerdo agregó que el trabajo de la justicia no se condice con la “justicia de Twitter”, defendiendo los criterios de la salida pactada entre SQM y el Ministerio Público.
Sin embargo, el acuerdo no fue fácil de alcanzar, sobre todo por la posición del Consejo de Defensa del Estado, a favor de llegar a un juicio oral por los delitos imputados.
Según indicó la consejera María Inés Horvith, lo que el CDE buscaba era una pena y no una indemnización, esto para entregar una señal potente a la ciudadanía que ha seguido con atención el caso: “Como Consejo estimamos que la salida alternativa debe mantenerse para casos que no comprometan intereses públicos relevantes, y consideramos que el caso SQM sí se comprometían esos intereses”.
La abogada del CDE Lupy Aguirre precisó que esta era una “señal de política criminal” entregada por el Ministerio Público, toda vez que “la empresa paga coimas a políticos y cómo soluciona el problema, pagando”, anunciando que podrían apelar a la decisión.
Otra de las dudas planteadas por la jurista dice relación con la situación puntual de Pablo Longueira, en el caso que estas salidas alternativas se extendieran a otros imputados en la causa, como él. Gómez aclaró que esa causa permanece abierta con una imputación vigente por cohecho, en la que nada se ha dicho de una posible vía de acuerdo y no un juicio oral.
Se concretó una salida alternativa entre SQM y la Fiscalía. El trato pactado entre el persecutor Pablo Gómez y los abogados representantes de la firma, y aceptado por el Octavo Juzgado de Garantía, incluye un pago de 900 millones de pesos al Fisco y otros 1.650 a fundaciones de beneficencia; además de la instrucción de entregar un informe de cumplimiento de medidas anti corrupción, en concepto de indemnización por lo defraudado.
La investigación derivada del caso Penta indagó los pagos realizados por el ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, a empresas y personas vinculadas al ex senador y ministro de Economía, Pablo Longueira, acusado de favorecer a la empresa durante la tramitación de la ley del royalty minero.
Hace algunos días, el propio Gómez había adelantado el corazón de la suspensión condicional del procedimiento: “Le estamos diciendo a la empresa que no pague el tope de $450 millones sino que pague el tope de $900 millones que establece la ley como máximo de multa, eso va a ser a beneficio fiscal. Esto, a cambio de que la minera no sea condenada por la causa”, explicó en la oportunidad. Durante el cierre del acuerdo agregó que el trabajo de la justicia no se condice con la “justicia de Twitter”, defendiendo los criterios de la salida pactada entre SQM y el Ministerio Público.
Sin embargo, el acuerdo no fue fácil de alcanzar, sobre todo por la posición del Consejo de Defensa del Estado, a favor de llegar a un juicio oral por los delitos imputados.
Según indicó la consejera María Inés Horvith, lo que el CDE buscaba era una pena y no una indemnización, esto para entregar una señal potente a la ciudadanía que ha seguido con atención el caso: “Como Consejo estimamos que la salida alternativa debe mantenerse para casos que no comprometan intereses públicos relevantes, y consideramos que el caso SQM sí se comprometían esos intereses”.
La abogada del CDE Lupy Aguirre precisó que esta era una “señal de política criminal” entregada por el Ministerio Público, toda vez que “la empresa paga coimas a políticos y cómo soluciona el problema, pagando”, anunciando que podrían apelar a la decisión.
Otra de las dudas planteadas por la jurista dice relación con la situación puntual de Pablo Longueira, en el caso que estas salidas alternativas se extendieran a otros imputados en la causa, como él. Gómez aclaró que esa causa permanece abierta con una imputación vigente por cohecho, en la que nada se ha dicho de una posible vía de acuerdo y no un juicio oral.
