En Ecuador, el presidente Lenín Moreno ha ganado su apuesta, al menos temporalmente. Durante el referéndum y la consulta popular de este domingo, los 13 millones de electores del país han dicho siete veces Sí a las preguntas planteadas por el jefe de Estado, según un conteo rápido realizado por el Consejo Nacional Electoral. Más allá de las preguntas económicas y sociales, una nueva etapa política inicia en el país, en particular por la prohibición de la reelección indefinida.

Con un vicepresidente en la cárcel, un procurador en fuga y numerosos ex ministros en la mira de la justicia, los casos de corrupción se han multiplicado en el Ecuador. Eso explica probablemente porqué 75% de los electores han votado a favor de la “muerte civil” de las personas condenadas por corrupción, o sea la suspensión definitiva de sus derechos de participación.

El domingo en la noche, en la televisión, el presidente Moreno se ha felicitado de lo que ve como el inicio de la construcción de un nuevo Ecuador.

“Comenzando por el gobierno, estamos obligados a concretar este mandato sin ninguna demora. Todos estamos obligados a respetar y a honrar la voz de nuestro pueblo, a ser consecuentes con esta clara y contundente victoria que ha tenido el Sí. Sé que los próximos 30 días, la Asamblea Nacional pondrá en marcha nuevos mecanismos para realizar las reformas legales necesarias”, declaró Moreno.

Por su parte, Rafael Correa felicitó en un tuit a sus militantes, alegando que “ningún movimiento por sí solo puede lograr el 36% alcanzado, peor en tan poco tiempo y en lucha tan desigual”.

“La lucha continúa. No podemos aceptar en un Estado de Derecho, tamaño rompimiento constitucional. ¡Hasta la victoria siempre!”, agregó el exmandatario, que regresará a Bélgica el próximo martes.

Aparte de la supresión de la reelección indefinida, el 64% de los electores ha aprobado la restructuración del Consejo de Participación Ciudadana, un órgano que designa las autoridades de control en el país.

Los ecuatorianos han también aprobado la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores, la supresión de la polémica ley de plusvalía y mayores controles sobre la minería metálica.