Tres semanas después que la Fiscalía decidiera cerrar la investigación por la llamada Operación Huracán, el Gobierno anunció en la noche de este miércoles presentar una querella en el proceso por la presunta manipulación de las pruebas presentadas por Carabineros.

El documento, firmado por Matías Moya, abogado del ministerio del Interior, sostiene que es su deber “velar por el mantenimiento del orden y la seguridad pública en el país” y que la acción judicial está dirigida “en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, por los delitos consumados de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público”.

“Como ha sido de público conocimiento, a raíz de información de prensa publicada en el último mes, se ha dado inicio por parte del Ministerio Público, a una investigación por la adulteración de los informes policiales elaborados por funcionarios de Carabineros”, explica la querella del Ejecutivo.

“Esta conducta habría llevado al Ministerio Público a tomar una serie de decisiones procesales sin el adecuado fundamento, lo que en la práctica ha significado un grave entorpecimiento a la correcta administración de justicia”, añade.

La querella fue la segunda determinación tomada por el Gobierno durante la jornada, porque más temprano se había presentado la apelación al sobreseimiento de los involucrados en el caso. “La resolución(… ) genera un agravio para esta parte querellante ya que, habiéndose solicitado el rechazo de la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa, el tribunal accedió a ella perjudicando los intereses de la persecución penal al poner término con su resolución al procedimiento, y muy posiblemente ocasionando impunidad respecto de delitos gravísimos”.

Así califica el Ejecutivo la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco de sobreseer a los ocho comuneros mapuche y dar por cerrada la causa por la llamada “Operación Huracán”. En el texto del recurso de apelación el gobierno se refiere a la investigación del Ministerio Público y señala que es “absolutamente imposible de acuerdo a los antecedentes y pruebas contenidos en la carpeta investigativa inferir la inocencia de los imputados. Es justamente por esta situación ambigua, y por esta investigación incompleta que realizó el Ministerio Público, que esta parte querellante solicitó previamente la reapertura de la investigación a SS., y concretamente que un organismo suficientemente calificado realice un informe que permite aclarar la evidente opacidad que presenta la investigación”, en una clara crítica al actuar del Ministerio Público en la “Operación Huracán”.

A lo anterior se suman acusaciones por las evidentes “faltas de rigurosidad” y “errores metodológicos” en los informes emitidos por el Ministerio Público arguyendo que no hay explicación para la utilización de ciertos procedimientos en el  análisis de los equipos periciados. Señalan que “hay discordancia entre los supuestos archivos con problemas, en el primer documento nos habla de solo 5 y en el segundo de 7, ello a pesar de que se analizaron menos dispositivos en este segundo caso”.

El abogado de la Intendencia Regional de La Araucanía expresa en el escrito  que existen aún 23 diligencias pendientes “por lo que la investigación malamente podría catalogarse como agotada” lo que, según los querellantes,  indica el incumplimiento del ente persecutor del deber constitucional y legal de agotar la instancia de indagaciones.

Respuesta a los fiscales

Uno de los puntos del texto del recurso dice relación con la polémica “negligencia” del Gobierno al no solicitar el levantamiento del secreto de la investigación, según denunciaron los fiscales durante los alegatos de la audiencia de sobreseimiento.

“Cuando el Ministerio Público actúa respetando los principios consagrados en su Ley Orgánica Constitucional y que inspiran la reforma procesal penal en Chile, no cierra investigaciones con pruebas secretas y permite a los intervinientes un efectivo ejercicio de sus derechos”, puntualiza el  Ejecutivo en el documento.  Y alegan que  “de buena fe” esperaron el resultado de las diligencias declaradas secretas, “supuestamente para resguardar la eficacia de la investigación, y que, de un día para otro, de manera abrupta y casi subrepticia, se entera que la investigación se encuentra cerrada, sin tener conocimiento del contenido de las piezas declaradas secretas, cuestión que se extendió hasta mucho después, porque el Ministerio Público entregó copias incompletas de la carpeta. La situación descrita, se traduce en una situación imposible e insuperable para este querellante.

Finalmente, Matías Moya, abogado representante de la Intendencia, señala que de acuerdo al mérito de los antecedentes “no es posible concluir en base a los medios probatorios existentes que se encuentra claramente establecida la inocencia de los imputados”. Posteriormente señala que dado que el Ministerio Público actualmente investiga a los peritos de esta causa por  haber presuntamente adulterado los informes y que ello puede llevar a decisiones contradictorias. “En efecto, si los imputados de la presente causa son finalmente sobreseídos (…) ello implica que los imputados en la otra causa, deberían ser culpables de haber adulterado los informes periciales, pero si en el futuro fuesen absueltos o sobreseídos, tendríamos dos resoluciones contradictorias sobre los mismos hechos”.

“Un computador, una flecha y un celular”

Una investigación realizada por Ciper Chile expuso la existencia de un correo electrónico enviado por el capitán Leonardo Osses de la unidad Operativa Especializada con destino al creador del malware Antorcha, Álex Smith. En él se contenían conversaciones que, posteriormente, fueron encontradas en los teléfonos de los comuneros mapuches imputados.

El texto cuyo asunto era “un computador, una flecha y un celular” se envió el mismo día en que los comuneros fueron detenidos y  mientras Osses y Smith se encontraban en dependencias del Labocar en Temuco. Según la comparación que realizó Ciper sobre el contenido del archivo con los chats en los teléfonos incautados,  los mismos mensajes fueron utilizados al día siguiente como evidencia en el control de detención, por lo que el traspaso de información fue textual.

Los mensajes encontrados en el teléfono de Llaitul  incluyen un  diálogo entre “Matute” y “Negro”, misma conversación que aparece en el archivo enviado por Osses a Smith, salvo por los nombres de las partes:  “Matute” es identificado como Jorge Huenchullán y “Negro” como Héctor Llaitul.

Junto a este, serían varios los mensajes presentes en el correo electrónico del uniformado a Smith  que se repiten en dos teléfonos propiedad de Llaitul.

La audiencia de revisión de cautelares de garantías por la denuncia realizada por el Ministerio Público en contra de funcionarios de Carabineros que resulten responsables de los delitos de obstrucción a la justicia y falsificación de documento público, en el marco de la “Operación Huracán” fue reprogramada para mañana al mediodía, oportunidad en que también se revisará  la excepción de incompetencia del tribunal presentada por Marisa Navarrete, abogada defensora de los uniformados.