Ya están los nombres de los ministros y subsecretarios del gobierno venidero, sin embargo aún falta saber quién será el director del Departamento de Extranjería y Migración, puesto clave para el desarrollo de las políticas migratorias.

Se habla que tomará el cargo el actual director ejecutivo de la Fundación Nuevas Contingencias Sociales, Álvaro Bellolio, personaje que deberá hacer frente al auge de la migración en Chile, un tema especialmente relevante para el desarrollo del país.

Si bien aún no se tiene la absoluta seguridad de quién ocupará el cargo, las agrupaciones de migrantes si tienen las cosas claras en cuanto a lo que debe hacer el nuevo gobierno en políticas migratorias: para ellos lo primordial es una nueva ley al respecto.

En ese sentido, el secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza, aclaró desde gobiernos anteriores que está pendiente una normativa sobre inmigración y que, teniendo en cuenta el contexto actual, se necesita con urgencia una ley con “verdaderos enfoques de derecho”.

Considerando el tiempo que posiblemente se demore la promulgación de una nueva ley, Cardoza dijo que urge regularizar en lo inmediato la situación de miles de extranjeros.

“Estamos ante una irregularidad que es sistémica a la legislación actual y que debiera abordarse. Esta es una medida paliativa, pero es importante porque hay un número significativo de personas en vulneración de derechos, entonces en ese sentido una regularización extraordinaria es necesaria”.

Ante la cada vez más próxima fecha en que el gobierno de Sebastián Piñera asuma las riendas del país, Cardoza dijo sentirse preocupado debido al tono que utilizó en su campaña, alejada del enfoque de derecho y más próxima a medidas restrictivas.

“Estamos expectantes y con preocupación, porque vimos a lo largo de la campaña electoral, algunas expresiones que nos preocupan mucho en el sentido de cuál es el enfoque que se tiene de la migración. Estamos queriendo ver un enfoque positivo de la realidad, pero hasta el momento lo que nos dicen es que el actuar no sería la política migratoria con enfoque de derecho, sino que incluye una serie de  elementos que tienen que ver más con una política restrictiva”.

Para el dirigente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, es primordial que el siguiente ejecutivo cambie la institucionalidad concerniente a la migración. Al respecto explicó que el Departamento de Extranjería no es la mayor autoridad migratoria, pues depende de la Subsecretaría del Interior y, como tal, en la estructura del gobierno es simplemente un departamento adscrito a otro organismo.

En ese sentido afirmó que la autoridad migratoria está delegada en distintos órganos. Así, la facultad para sancionar corresponde a la Intendencia o directamente al Ministerio del Interior, mientras que el otorgamiento de residencias depende de los gobernadores. El Departamento de Extranjería cumple entonces un rol técnico-asesor del subsecretario del interior, aseguró Noriega.

Por eso el dirigente cree que las instrucciones establecidas por el Departamento de Extranjería son de cuestionable validez jurídica, porque como tal no puede establecer normas. Por eso para Noriega cambiar la institucionalidad es primordial para el siguiente gobierno.

“Tiene que reformularse la institucionalidad, debe haber una autoridad migratoria exclusiva para este tema, porque hoy el país la demanda. Si esta es una subsecretaría como tal o un servicio nacional, es un tema a discutir, pero lo importante es crear una autoridad, ya que hoy esta autoridad es difusa, y por tanto no es conveniente para manejar una política nacional de migración. Necesitamos una autoridad con capacidades resolutivas”.

Tanto Noriega como Cardoza consideran que la única solución a todos estos problemas es una nueva ley migratoria, e incluso, un cambio en la Constitución para reconocer la ciudadanía a los extranjeros.

Además Noriega expresó que la migración no se puede regular por ley alguna, pues es imposible mecanizar la movilidad humana. Lo que sí se puede y debe hacer es aprovechar la migración para beneficio del país, mientras que intentar contenerla sería inútil.

La actual ley de migraciones en Chile data desde 1975, y es la normativa migratoria más antigua de Latinoamérica. Regula la permanencia, la entrada y salida de extranjeros, sin embargo no hace referencia a sus derechos.

En agosto del 2017 la presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto que modifica la ley de migraciones. Actualmente la iniciativa aún se encuentra en trámite legislativo.