Esta mañana el gobierno anunció que se marginaría del proceso de conciliación en el que estaban participando ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, la minera Dominga, el Servicio de Evaluación Ambiental y terceros (ong, comunidad, organizaciones vecinales, entre otros).

En el escrito presentado por el Ejecutivo a la entidad judicial, se explica “que sin perjuicio de las facultades que son propias del tribunal, se estima necesario que en este caso exista un pronunciamiento jurisdiccional,  esto debido al tenor de las materias reclamadas que dicen relación principalmente con la legalidad de un acto administrativo enmarcado en el proceso de evaluación de impacto ambiental”. Lo anterior significa que el Gobierno pide que sea un tribunal de justicia el que resuelva el conflicto entre las partes.

El argumento del gobierno para no participar de la conciliación dice relación con que el foco del alegato de la empresa es demostrar la ilegalidad de un acto administrativo, lo que necesita del fallo de un tribunal y no de una conciliación entre las partes que solo pueden hacer más confuso el proceso.

Liesbeth van der Meer, Directora de Oceana habló con Diario y Radio Universidad de Chile a la salida de la sesión y explicó que “no se pudo realizar, ya que el SEA no quiso ser parte de esto. Nosotros nos enteramos a las diez de la mañana que no íbamos a ser parte de la conciliación, es decir, las organizaciones civiles y la comunidad que está representada por más de seis abogados no iba a poder ser parte de la conciliación y eso terminaba con la empresa y el Servicio de Evaluación Ambiental estableciendo medidas de conciliación”.

“Para nosotros es insólito que se establezca un acto de conciliación cuando hay un proyecto que está rechazado por razones técnicas, porque no había línea base, entonces cómo se iban a levantar bases de conciliación para subsanar esto. Era imposible, es como hacerlo a ojos cerrados, porque no tenemos la información   sobre el impacto que va a causar el proyecto sobre la zona”, denunció la directora de Oceana.

Para la titular de Medioambiente y presidenta del Comité de Ministros, Marcela Cubillos, la decisión que se ha tomado frente al llamado a conciliación que realizó el juez Daniel Guevara es la de no participar. Señaló que “en Chile existe un procedimiento técnico y eminentemente participativo de evaluación de proyectos”.

Por su parte, Van der Meer argumentó que “no ir a la conciliación fue el paso correcto. Nosotros creemos en la institucionalidad, sin embargo, estamos preocupados por la sentencia, ya que cuando se abrió la conciliación, lo que se dijo es que este proyecto tiene falencias irreparables y por eso se quería conciliar. Lo otro que se decían es que se había abierto este proceso con el objetivo de favorecer a la empresa, eso es lo que más nos preocupa. La sentencia la va a dictar la misma persona que llamó a la conciliación, esa es la preocupación que tenemos nosotros”.

Dominga y sus vínculos con Piñera

El proyecto Dominga comenzó su proceso de evaluación ambiental en 2013. En marzo de 2017 la comisión de evaluación de Coquimbo calificó como desfavorable el proyecto, a lo que la empresa Andes Iron presentó un recurso de reclamación que llevaron a la realización de  alegatos ante el  Comité de Ministros del gobierno de Bachelet. En octubre de 2017 se rechazó el reclamo de Dominga por tres votos contra dos.

La empresa presentó otro recurso de reclamación, esta vez ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, alegando que el proceso de evaluación fue “irregular y viciado” y que, por lo tanto, el rechazo es “arbitrario e ilegal”.

El rechazo de Dominga dividió al gabinete de Bachelet, al punto de generar la renuncia del ministro de hacienda Rodrigo Valdés; su subsecretario Alejandro Micco y el ministro de economía Felipe Céspedes; todo el equipo económico de la ex presidenta.

Dominga es un proyecto con una inversión de 2.500 millones de dólares, que tiene como principal inversionista a la familia Délano, cuya cabeza es Carlos Alberto Délano, acusado y declarado culpable del delito de financiamiento ilegal de campañas políticas, quien además es íntimo amigo de Sebastián Piñera.

Luego de la formalización de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín por el caso Penta, vendieron varias de las empresas de su holding: Banco PENTA Security, Banmedica y algunos fondos de infraestructura, con lo que su liquidez quedó en unos 1.200 millones, según la recopilación de información en esta materia realizada por las periodistas Andrea Insunza, Paula Molina y Francisca Skoknic.

Estos empresarios se mantuvieron sin invertir, aunque Délano continuó con su proyecto de construir la mina de hierro y cobre junto a un puerto en La Higuera, iniciativa que ha marcado uno de los conflictos socio-ambientales más complejos y largos de resolver para el Ministerio de Medio Ambiente.

Otro personaje que se agrega a este entramado es Pablo Wagner, subsecretario de Minería en el primer gobierno de Piñera, quien recibía pagos de Penta y al mismo tiempo aconsejaba a los inversionistas de Andes Iron sobre cómo presentar el proyecto ante la cartera.

Esta situación llevó a Wagner a ser formalizado por cohecho, investigación que sigue en curso en la fiscalía.

Luego de ser rechazado por el gobierno el reclamo del proyecto Dominga, la empresa insistió en la ilegalidad del proceso y el tribunal ambiental sorprendió con una instancia de conciliación, una medida inédita en que se echó mano al Código de Procedimiento Civil para resolver un caso en el que se discute la legalidad de un acto administrativo.

Quien ideó esto fue el presidente del tribunal, Daniel Guevara, abogado, ex seremi de Bienes Nacionales de Ricardo Lagos, ex militante de la DC y de RN. Guevara incluso dijo en entrevista con El Mercurio que esta idea había surgido en el marco de un seminario organizado por Valor Minero y dicho diario. Valor Minero es una institución público-privada dirigida por el ex ministro durante la administración Lagos, Álvaro García.

García ha realizado gestiones tendientes para instalar la idea de la conciliación como forma de solución de los conflictos ambientales, aunque en esta perspectiva siempre hay una parte que se superpone a la otra y, en este caso, con el nivel de acuerdos políticos y empresariales de seguro serían los terceros (comunidad, ONG, fundaciones, vecinos, entre otros) los que tendrían que deponer su postura.

Con la decisión del Ejecutivo de no participar en la conciliación, se deslegitima la labor de los Tribunales Ambientales llevando la resolución de este tipo de disputas a la sede de los tribunales ordinarios. El tribunal Ambiental de Antofagasta no se refirió al retiro del gobierno en el proceso y decidió proseguir con la audiencia fijada para la tarde de hoy,  en la que se revisarían los quince puntos que dieron base al llamado a conciliación, sin embargo al no formar parte el Ministerio de Medio Ambiente lo más probable es que la audiencia no llegue a ninguna resolución.