El anuncio del presidente Sebastián Piñera de una nueva regulación en el tema de migración tuvo varios aspectos que pasaron casi desapercibidos. Quizás uno de los más silenciosos fue la insistente vinculación que realizó entre este fenómeno y la delincuencia, algo que varios entendidos en la materia se apuran en distinguir como dos cuestiones que no tienen nada que ver.

Pablo Ceriani, argentino y ex Vicepresidente del Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile y analizó desde su perspectiva las medidas anunciadas por la alta autoridad del país. Y por cierto que comentó la frase en la que Piñera dijo que esta regulación se realizaba en parte para mitigar “los riesgos asociados al movimiento de personas, combatiendo la inmigración irregular y reprimiendo las actividades delictuales en nuestras fronteras”.

“Las personas que migran de esa manera no tienen relación alguna o responsabilidad alguna con delitos trasnacionales”, enfatizó.

“Es complejo y debe evitarse de todas maneras esa asociación, porque tiende a la confusión y tiende a asociar a la migración irregular con el delito. Eso se agrava por el hecho que la propia frase dice ‘combatir la migración irregular’. La migración irregular no se combate, no es un enemigo, se atiende, se responde, se resuelve, y sobre todo se resuelve en el sentido de proteger a las personas que están en esas condiciones, que son personas de extrema vulnerabilidad”, agregó.

El retroceso del Mercosur

Otra de las medidas que anunció Sebastián Piñera corresponde a una que se establecerá mediante un decreto presidencial. Esta guarda relación con que, a partir del 23 de abril, las visas temporales –que permitían a ciertas personas en calidad de turistas acceder a la residencia definitiva– solo se podrán solicitar fuera del país.

Para Ceriani, quien actualmente es director del Programa Migración y Asilo del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, esto es “particularmente preocupante” puesto que esta medida “es tapar el sol con un dedo; no ha funcionado en ningún país”. No solo porque activaría el tráfico de personas, sino que también porque hace perpetuar esta manera de percibir a los inmigrantes que llegan a vivir, en este caso, a Chile.

Pablo Ceriani, ex Vicepresidente del Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y su Familiares

“La respuesta a eso (irregularidad) es a través de la realidad. Son familias y personas que están trabajando. Lo que hay que abrir son canales permanentes de regularización, de paso de una situación irregular a regular. Esto no es una amnistía ni mucho menos: son medidas de integración social; medidas realistas que intentan dar protección a un mercado de trabajo a veces precario, informal; medidas que intentan prevenir explotación laboral, infantil, y muchos otros abusos que se aprovechan de la irregularidad migratoria”, expresó.

Sin ir más lejos, el 4 de diciembre de 2009 se suscribió en Santiago el “Acuerdo sobre Residencia de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile”, en donde Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y este país acordaron que los ciudadanos de estas naciones –siempre y cuando no posean antecedentes penales o delictivos– podrán acceder a una “visación temporaria por un año, la cual puede ser prorrogada por otro año más”, y a continuación se especifica que estas mismas personas tendrían la oportunidad de “impetrar solicitud de permanencia definitiva en vez de prorrogar la visa”.

Con antecedentes como este –en el que, dicho sea de paso, se aclara que los permisos podrán ser otorgados por “Consulados Chilenos en el exterior” pero también por “el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior” e incluso por “las Gobernaciones Provinciales”–, es que Ceriani señaló que hay compromisos internacionales que “de alguna manera están siendo contradichos o siendo incumplidos por medidas como lo es impedir el paso de una situación irregular, de visa de turista, a una situación de residencia”.

El Congreso mudo y Haití

La reformulación de la visa temporal fue una de las tantas políticas adoptadas por Sebastián Piñera que comenzarán a regir mediante decreto presidencial. Para Pablo Ceriani,  “un tema de agenda pública e importante para el país, requiere que sea el resultado de un debate democrático y participativo. En principio, en términos republicanos, es el Congreso Nacional el que puede dar mayores garantías de que eso sea así”.

Esto, acorde al experto, debido a que “todos los actores políticos, sociales, las propias organizaciones de migrantes, instituciones nacionales e internacionales puedan ser abiertamente parte de ese proceso de discusión, y que sea basado en datos”.

Por otra parte, dentro de las restricciones a la que se verán sometidos los ciudadanos haitianos, apareció una excepción que hablaba de una “visa humanitaria”. En esta materia el gobierno informó que con “foco en la reunificación familiar”, se establecerá un visado para fines humanitarios con una duración de 12 meses. El papel se podrá solicitar únicamente en el Consulado Chileno en Haití, y será prorrogable por una vez y que posibilitaría incluso solicitar la residencia definitiva.

Sin embargo, a renglón seguido se especifica que habrá un “máximo anual” para este tipo de ingreso, lo que a Pablo Ceriani le pareció preocupante debido a que lo humanitario “no es una respuesta de concesión discrecional. Está basado en el derecho internacional humanitario y de refugiados y otros mecanismos de protección”, por lo que si se invocan estas razones debería “haber cierto carácter de universalidad, de lo contrario sería más selectivo que parecería acercarse a otras medidas que se anunciaron, de selectividad, mirada instrumental y utilitarista de la migración, que es un modelo que hoy no está funcionando”.

Para el experto, en la actualidad “difícilmente un país puede decidir con cierto grado de eficacia quién va a entrar, de dónde va a entrar y de qué tipo de profesión esa persona va a tener”.

La visa de responsabilidad democrática para ciudadanos venezolanos también llevó a Pablo Ceriani a hacer una reflexión. “Es bastante llamativa, eso valdría para otros países, inclusive Haití, y otros países de la región en el norte de Centroamérica u otras regiones. Sería más apropiado facilitar la migración regular por el acuerdo del Mercosur, o considerando que Venezuela es un país sudamericano, o el asilo en el caso que corresponda, no por un visado tan inédito que parecería responder más a una cosa más política y no de protección de derechos”, dijo.

Por último, Pablo Ceriani afirmó que estas medidas solo agilizan el trabajo de los traficantes de migrantes. Como ejemplo usó a algunos países de la Unión Europea, donde existe “proceso de militarización de fronteras, uso de radares, drones, centros de detención en países de tránsito y lo único que ha hecho eso es aumentar la vulnerabilidad y los riesgos, la violencia contra las personas que se movilizan, contra los niños, contra las mujeres, y el crecimiento de las redes de trata de personas. Y por supuesto el negocio del crimen organizado que se aprovecha de esa necesidad y al mismo tiempo se aprovechan de la ausencia de canales de migración regular”.

“Es un mensaje equivocado. La migración requiere no solo compromisos en términos normativos de respetar los tratados regionales, universales, y la propia Constitución. Sino que luego requiere regularla con coraje, valentía, sobre la realidad y no el prejuicio, y con políticas de corto y largo plazo. Y con una mirada más regional como ha sido el acuerdo de residencia que ha facilitado por ejemplo la residencia de cientos de miles de personas a lo largo de los últimos diez años”, terminó.