La universidad Arcis vive sus últimos días y los estudiantes, como ha sido la historia del cierre, siguen detrás de las autoridades para terminar con lo que queda se sus carreras profesionales. A fines de febrero, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago decretó la “liquidación forzosa” de la Universidad Arcis, en otras palabras, la quiebra de la institución. Esto, producto de una deuda que asciende a 85 millones de pesos.
Por estos días los estudiantes se encuentran cursando el segundo semestre del 2017, el cual ha sido interrumpido por diferentes razones, pero el aviso de remate con el que se encontraron en la prensa terminó por sepultar totalmente sus aspiraciones de terminar con su formación en esta casa de estudios.
“Lo preocupante de este remate es que los bienes que ahí se señalan son los que la ley declara esenciales para la continuidad de estudios como, por ejemplo: pizarrones, mesas, sillas y computadores”, explicó Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis.
Sobre lo mismo, la dirigenta estudiantil dijo que no conocían el inventario de bienes con los que cuenta la universidad, ni tampoco si se va a rematar un porcentaje de los bienes que ya no usan o si se entregarán a subasta todos los que la universidad tiene.
La incertidumbre ha acompañado durante todo este proceso a los estudiantes, pero en este momento, el quedar sin mobiliario e instrumentos mínimos para desarrollar sus clases hace imposible continuar con el proyecto de un cierre programado para el 2021, incluso prorrogable a 2022.
Sandra Beltrami expresó que la aspiración de los estudiantes es que “se respete el cierre programado y que esto no se transforme en una reubicación forzada, disfrazada. Si otras universidades van a realizar una función de supervisión, que sea realmente eso y que no implique una reubicación”.
El cierre programado de la universidad se vio interrumpido cuando la junta de acreedores le puso término de giro a la liquidación de la universidad Arcis, lo que implicó el despido de toda la planta docente que en estos momentos tiene contrato hasta el treinta de abril, para que terminen de impartir el año académico del 2017. En ese sentido, “hay incertidumbre respecto al 2018 y cómo se seguirá avanzando para terminar lo comprometido con los estudiantes”.
Una de las propuestas es que la Universidad Católica del Maule asuma como entidad supervisora del cierre, para que los estudiantes terminen con sus cátedras y obtengan el titulo comprometido por el plantel en cierre.
Por su parte, en cuatro ocasiones el liquidador ha rechazado reunirse con los estudiantes, y el único día que accedió, los jóvenes estaban citados al Congreso para exponer en la Comisión de Educación. “No ha habido voluntad del liquidador Jorge Rojas de recibirnos ni escuchar nuestras demandas”, denunció Beltrami.
Aún más grave es la situación que existe con los documentos académicos. “El sistema computacional de la universidad no funciona, no hay registros de notas ni de títulos, no hay registros de certificados, no se sabe quién ha estudiado y quién no. Hay responsabilidades respecto a la pérdida de estos documentos. Estamos a la espera de que el liquidador haga las denuncias pertinentes y busque a los responsables, porque en este momento todos esos documentos de respaldo de los estudios desarrollados por los estudiantes no existen o están extraviados”.
Los estudiantes de la Universidad Arcis exigen que se haga un reglamento donde se exprese claramente dónde y cómo se puede encontrar la información académica de los alumnos, ya que este es un vacío en la ley.