El Mineduc firmó un convenio que permitirá que más de un millar de alumnos terminen sus carreras desde Santiago, respetando sus mallas curriculares.
Los estudiantes denuncian que el liquidador no los ha recibido y que se enteraron por la prensa del remate del mobiliario de la universidad. Asimismo, los alumnos manifestaron que los documentos académicos que demuestran sus estudios se encuentran extraviados y no existe un responsable claro.
El hecho se produjo luego de que se registrara una protesta por el fallo del TC que declara inconstitucional la prohibición de incluir sostenedores con fines de lucro en universidades de educación superior.
“El ministerio a través de la ley 20.800 tiene la obligación de garantizar nuestros derechos, tanto constitucionales como también los derechos que están establecidos en esta ley. Eso ellos no lo hicieron y esa es la omisión ilegal y arbitraria que nosotros estamos alegando”, explicó Sandra Beltrami, presidenta de la Feuarcis.
Sandra Beltrami, vocera de la Confederación de estudiantes de Chile (CONFECH), señaló que “una vez más existe una falta de política pública desde el Estado”. Al mismo tiempo, cuestionó que el Gobierno ha haya tipificado el lucro en la educación como delito.
Este miércoles los estudiantes marcharon por tercera vez en el año para rechazar las iniciativas legislativas que se encuentran en el Congreso. Durante esta jornada, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados deberá continuar con la discusión del proyecto de Educación Superior hasta su total despacho.
Este viernes la Confech junto a organizaciones sociales y gremiales, convocaron a una movilización para el primero de junio. Los dirigentes, enfatizaron en que durante los cuatro años de este Gobierno no se ha considerado las propuestas de la ciudadanía.
Luego que Consejo Nacional de Educación decidiera cancelar la personalidad jurídica del plantel, los alumnos instaron al Mineduc a revelar un plan de reubicación.
Representantes de la Confech entregaron las indicaciones sobre la reforma a la bancada estudiantil. Entre los puntos más defendidos por los estudiantes se encuentra el fin al endeudamiento, la gratuidad universal, el fin del lucro, un marco regulatorio que asegure la calidad y el fortalecimiento a la educación pública.
Dirigentes universitarios y secundarios acudieron a la Intendencia Metropolitana para ingresar un permiso que les permita marchar este nueve de mayo por la Alameda. Además de ratificar la convocatoria para el próximo martes, los estudiantes le exigieron a la ministra Adriana Delpiano que no vete el debate.
Con la abstención de la diputada comunista Camila Vallejo, la comisión rechazó la idea de legislar sobre el proyecto de educación superior. Ahora, es el Ejecutivo el que debe decidir si presenta el texto a la Corporación arriesgando un fallo mayor, o bien, le quita la urgencia legislativa para volver a revisarlo al interior de la instancia parlamentaria.
Acusan a la secretaria de Estado de vulnerar los derechos de los estudiantes. La acción se fundamenta en el prejuicio creado en la opinión pública al adelantar la clausura de la entidad académica.
Presidenta de la federación estudiantil, Sandra Beltrami, acusó incoherencia de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien afirma que la entidad educativa tiene un reconocido nivel académico, pero es inviable económicamente. “Aquí vemos cuál es el interés del Estado”, precisó la dirigenta.
Como inaceptable calificó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis la decisión de la justicia de decretar la quiebra de la casa de estudios, poniendo por encima los derechos de los acreedores por sobre el derecho a la educación de sus estudiantes. Además, responsabilizó al Ministerio de Educación por el agravamiento de la crisis de la institución.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis, Sandra Beltrami, señaló que hay un interés por terminar con el proyecto educativo de la casa de estudios. Además, cuestionó a los parlamentarios de oposición a quienes acusó de querer buscar dividendos políticos a raíz de esta crisis.
Cumplido un año de administración provisional, la Universidad Arcis podría ver extendido este periodo de ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Los estudiantes y académicos del plantel emplazaron al Mineduc a pronunciarse cuanto antes sobre la situación porque se mantienen incertezas sobre el eventual cierre de la casa de estudios.
La iniciativa busca modificar la ley 20.800, de administración provisional y administración de cierre. De contar con el apoyo del Congreso y el financiamiento del Ejecutivo, se podrían solucionar los conflictos de los estudiantes de universidades privadas en condiciones críticas.
