Luego de desatarse la crisis ocasionada por las órdenes de deportación de inmigrantes de la generación Windrush, de origen caribeño, que llegaron a Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, Amber Rudd compareció ante una comisión parlamentaria donde negó que el ministerio del Interior se hubiese trazado cuotas o porcentajes de deportaciones.
Sin embargo, este domingo el diario The Guardian reveló una carta de Rudd a Theresa May en la que le informaba su intención de deportar un 10 por ciento más de inmigrantes “en los próximos años”, calificando el objetivo como ambicioso pero alcanzable.
Ante esta prueba reina de que el ministerio del Interior sí tenía una política de deportación masiva, Amber Rudd se vio obligada a renunciar a su cargo para evitar hacer más daño al gobierno de Theresa May. Fue remplazada por Sajid Javid, miembro del Parlamento y antiguo director del banco Deutsche Bank.
Para Amber Rudd, este escándalo del Windrush y su renuncia puede haber puesto fin a sus aspiraciones personales de escalar en su partido, ya que muchos la veían como una futura líder Tory y hasta Primera ministra.
Aunque el gobierno de May ya se ha disculpado con los inmigrantes que llegaron de las colonias británicas entre 1948 y 1973 y ha prometido compensación, el maltrato a los inmigrantes afrocaribeños ha causado serio daño a la imagen de la dirigente, pues las políticas de deportaciones masivas iniciaron cuando ella ejercía el cargo de ministra del Interior.
El gobierno de May causó indignación por su cerco a los caribeños que llegaron al Reino Unido entre 1948, cuando el barco Windrush trajo a un primer grupo de jamaicanos, y los años 1970.
Ellos y sus padres, bautizados como la generación Windrush, fueron invitados a reconstruir el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial -cuando muchos de ellos eran legalmente británicos, al haber nacido antes de la independencia de sus países-, y tras habérseles concedido un permiso indefinido de residencia.
Sin embargo, en los últimos tiempos, aquellos que no pudieron acreditar, con documentos y de manera exhaustiva, cada año pasado en Reino Unido, se vieron amenazados de deportación y en algunos casos, privados de servicios sociales básicos.
