Esta semana el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) publicó su tradicional informe en el que se detallan los gastos militares que realizan los países alrededor del mundo. Una de las principales noticias que se dio a conocer fue que en 2017 el monto en el plano internacional llegó a su cifra más alta –1,73 billones de dólares– desde la Guerra Fría, aquel tiempo en el que el planeta se vio en medio del enfrentamiento entre el capitalismo y comunismo.

El país que más gastó dinero durante el año pasado fue Estados Unidos, con una inversión que alcanzó los 610 mil millones de dólares. Lo siguieron China y después Arabia Saudita. En Sudamérica el tema también arrojó cifras interesantes, siendo Brasil la nación que más dispuso de compras militares, con un desembolso superior a los 29 mil millones de dólares.

Y Chile no se quedó atrás. El gasto militar llegó a los 5.135 millones de la moneda norteamericana, acorde a la publicación de SIPRI. La cifra es la cuarta más alta entre nuestros vecinos, siendo superado por Brasil, Colombia y Argentina. Sin embargo, si es que se revisa el ranking de gasto per cápita, se encuentra que nuestro país es el segundo de la región sudamericana, en una lista que encabeza Uruguay.

Para el académico y analista Guillermo Holzmann, existen distintas razones que llevan a comprender estos montos astronómicos destinados al concepto de Defensa.

“Chile tiene una posición geoestratégica que es relevante primero por los kilómetros de costa que tiene, y la proyección de 200 millas marinas que también se aplica a Isla de Pascua. Tiene una responsabilidad en el Océano Pacífico, en la zona antártica y en el control de una de las bocas del estrecho de Magallanes. Las potencias valoran eso, y se requiere una capacidad del país para tener acción sobre cualquiera de estos puntos, así poder cautelar su protección”, dijo.

Además de la posición estratégica, Holzmann indicó que el país guarda una intención por resguardar una postura frente a los vecinos, y que cada nación se encarga de ello, a su vez.

El economista del  Massachusetts Institute of Technology  (MIT), Andrés Solimano, explicó que en Chile no hay claridad sobre si “los gobiernos civiles posteriores al régimen hayan ejercido control en este gasto militar”. Asimismo, argumentó que los fondos de las Fuerzas Armadas (FFAA) no se discuten en el Parlamento, y menos se produce una discusión “desde la ciudadanía”. Además, existen otras razones, como la Ley Reservada del Cobre.

“Se habló que se iba a derogar en el gobierno de la doctora Bachelet, pero no pasó. Segundo, tutela bastante débil del gobierno civil respecto de las FFAA en muchos aspectos, y tercero, la ausencia de información a la ciudadanía, y de si estas son las prioridades para Chile”, expresó.

Para el economista, la situación no solo se limita a la compra de armamento, sino que también existe un desembolso importante en gasto de pensiones y de distintos tipos de servicios, como el de salud, vivienda y educación.

Otra es la visión que tiene del ranking SIPRIE el analista de defensa, Eduardo Santos. Según sus cálculos, el gasto militar durante 2017 se redondeó en 4.500 millones de dólares. “Puede ser que mucha de esa cifra (la del SIPRI) todavía tiene el error de considerar a Carabineros dentro del Ministerio de Defensa”, añadió.

En ese sentido, explicó que los aportes por la Ley Reservada del Cobre “han bajado a la mitad” desde 2015, y que las Fuerzas Armadas estarían perdiendo peso.

“En este momento, el cheque que se hace a las FFAA para comprar armas está del orden de 360 millones de dólares en los últimos tres años. Por ejemplo, el primer trimestre de este año, el aporte efectivo fue de 125 millones de dólares, entonces ya se está produciendo una reducción importante que no se ha comunicado y ha sido poco publicitada”, señaló.

El debate se da justo en el momento en que personas del mundo político han comenzado a exigir transparencia concreta en esas instituciones.