En medio de la cuenta pública anual de la Contraloría General de la República, su titular Jorge Bermúdez, solicitó al Ejecutivo que dote a la entidad de mejores herramientas para fiscalizar el flujo de los dineros públicos.

Es por eso que, en su discurso, Bermúdez se refirió a la discusión que se da en el Congreso sobre el secreto bancario que se incorpora en la reforma a la Ley de Bancos, solicitando que se aborde el punto relativo a la información bancaria de las entidades públicas.

 “Solicito encarecidamente, al poder ejecutivo, que en la actual discusión que se da en el Congreso sobre la reforma a la Ley de Bancos, se incorpore una indicación, o se apoyen las existentes, en orden a permitir el acceso, por parte de la Contraloría, a la información bancaria de los servicios públicos, no de los funcionarios, de los servicios, porque lo que hay aquí, es plata pública”.

El funcionario enfatizó que “es probable que, de haber tenido esta facultad, se habrían podido prevenir grandes casos de defraudación que hoy día todavía nos impactan”. Asimismo, Bermúdez recalcó la misión institucional que posee la Contraloría.

“La Contraloría es heredera de una tradición de control administrativo que viene de los tiempos de la Colonia, y que abarca más de cuatro siglos. Su presencia histórica demuestra el importante rol que ha tenido en las distintas etapas de la vida republicana. En la actualidad, la Contraloría General de la República tiene un norte claro que guía todo su trabajo, y al que apunta de manera transparente y honesta ante la ciudadanía: ser la institución autónoma que vela por los cuidados y uso de los recursos públicos”.

El Ministerio de Hacienda y los senadores de la Comisión de Hacienda, decidieron crear un comité técnico especial para acordar una redacción sobre el secreto bancario que se incorpora en la reforma a la Ley de Bancos.

Esta fue una de las primeras conclusiones después de la primera reunión de este grupo con el titular de las finanzas públicas, Felipe Larraín, para abordar este proyecto que busca colocar a Chile dentro del marco de Basilea 3, y que en general concita unanimidad.