A contar del 2020 los ciudadanos chinos comenzarán a acumular una puntuación equivalente al Credit Score norteamericano, aunque en este caso, relacionado, además de lo comercial, con la fiabilidad social, la que, a su turno, será determinada por el comportamiento tributario, social, político o fiscal de las personas, mediante al uso masivo del Big Data.

El “Sistema de Crédito Social” (SCS) es una iniciativa del gobierno chino cuyo propósito es generar una metodología de calificación reputacional a nivel de todo el país, asignando una apreciación de “crédito social” a cada ciudadano, según los datos que recaba el gobierno sobre su estado económico y social, así como para calificar a las empresas que operan en el mercado interno.

El SCS, anunciado a mediados del 2014, es coordinado por un Grupo Líder Central para Reformas de Profundización Integral y según el “Plan general de planificación para la construcción de un sistema de crédito social (2014-2020)”, emitido por el Consejo de Estado, el que ha informado que el modelo se centrará en cuatro áreas: “honestidad en los asuntos gubernamentales”, “integridad comercial”, “integridad social” y “credibilidad judicial”.

Ya en 2015, ocho compañías recibieron licencia para comenzar a generar los softwares para los sistemas de crédito de prueba, entre ellas, Ant Financial, desarrolladora de software de Alibaba Group, Tencent, y otras seis compañías privadas y mixtas. Los sistemas de puntuación administrados por las entidades privadas utilizaron datos como Sesame Credit para comenzar la fase experimental. En 2017 no se otorgaron licencias y a contar de febrero pasado, aunque aún no está en vigencia un sistema integral de crédito social a nivel nacional, hay múltiples pruebas piloto locales, así como en sectores de la industria que incluyen software de reconocimiento facial para examinar registros del gobierno y que pueden usar información del comportamiento en línea de ciudadanos chinos.

Hasta ahora no está claro si el sistema funcionará según lo previsto originalmente, pero el gobierno chino ha acelerado la implementación del SCS, publicando numerosos documentos y planes de política desde que el plan principal se anunciara en junio de 2014.

Según Rogier Creemers, investigador postdoctoral en el Programa de Derecho Comparado de Medios y Políticas de la Universidad de Oxford, quien publicó una traducción del documento, el objetivo de la iniciativa es “aumentar la conciencia de las integridades y el nivel de credibilidad dentro de la sociedad” y se presenta como un medio para perfeccionar la “economía de mercado socialista”, eliminando problemas como la inseguridad alimentaria, trampas o productos falsificados, así como para fortalecer e innovar en la gobernanza social, lo que indica que Beijing lo considera un modo de regular la economía y como herramienta de guía y control del comportamiento ciudadano.

El sistema de crédito social se limitará a China continental, es decir, no se aplicará en Hong Kong ni Macao. Sin embargo, hasta ahora los planes conocidos no distinguen entre las empresas chinas y extranjeras que operan en el mercado nacional, lo que plantea la posibilidad que las firmas foráneas que operan en la nación asiática también queden sujetas al sistema.

Como es evidente, el SCS ya ha generado controversias en su aplicación a individuos y compañías y, según los medios, ya ha suscitado castigos por violar protocolos sociales tales como el bloqueo a nueve millones de personas con “puntajes bajos” de la compra de boletos para vuelos nacionales. El modelo, en sus etapas preliminares, ha usado también la prohibición a personas y sus hijos con puntajes insuficientes de estudiar en algunas escuelas, alquilar piezas de ciertos hoteles, usar tarjetas de créditos y hasta para obtener empleo.

El SCS también se ha utilizado para calificar a los individuos según sus hábitos en Internet, compras y otros actos personales, como realizar una mala conducción, fumar fuera de las zonas autorizadas, comprar demasiados videojuegos, o publicar “fakenews” en internet.

Los sistemas de credit score no son nuevos. En Estados Unidos llevan aplicándose desde hace decenas de años y se acepta que, si alguna vez alguien ha impagado algo, es más probable que en lo sucesivo deje de pagar, así como que quien tiene más propiedades e ingresos podrá afrontar mejor sus obligaciones que si tiene bajo sueldo y/o altas deudas.

Lo que es novedad es la aplicación de Internet y redes sociales en la generación del Credit Score y que sea una empresa de Internet la que opte por elaborarlo. El Sesame Credit que materializó Ant Financial para Alibabá, con 400 millones de usuarios, utiliza dicha información, al tiempo que hay patente para usar el Credit Score medio de “amigos” de Facebook para determinar el propio o, incluso agregar datos de PayPal, Twitter, Amazon y Whatsapp.

Aunque el algoritmo mediante el cual Ant financial elabora el Sesame Credit es un secreto bien guardado, se sabe que incorpora las compras hechas con Alipay, la profesión y residencia, el pago de facturas y tarjetas de crédito y retraso en las mismas, la cantidad de amigos usando Sesame Credit y los que la persona atrae, lo que le otorga ventajas al usuario tales como descuentos en reservas de hoteles o alquilar coches sin fianza.

Aunque por el momento el Sesame Credit parezca algo aún con sentido y sin ulteriores amenazas (mejor o peor puntuación según los pagos de facturas y recibos a tiempo), que el Gobierno chino busque implantar un Social Score utilizando los datos proporcionados por Sesame Credit, ha sonado como campana de alerta para diversas organizaciones de derechos humanos y civiles, y hacen recordar el capítulo “Piquero” de “Black Mirror”, que describe una sociedad en la que las redes sociales puntúan a cada persona con la que se interactúa, y en base a su calificación global, aquellas tienen más o menos acceso a facilidades económicas, laborales y sociales. La máxima del SCS es que “mantener la confianza es glorioso, y romperla es una desgracia” -con toda la subjetividad político-social que dicha afirmación plantea- y ha hecho que Human Rights Watch lo describa como “escalofriante” y lleno de arbitrariedades.

Recientemente, Reuters informó que las nuevas restricciones a los ciudadanos y empresas con calificaciones de crédito social de baja confiabilidad entrarían en vigencia el pasado 1º de mayo. Veremos.