El gobierno prepara una propuesta en materia de pensiones para presentar este viernes, el su primera cuenta pública ante el Congreso pleno, y la oposición está lejos de articular una contrapropuesta conjunta. Así lo mostraron durante la jornada de este lunes, en donde se encontraron diferentes actores para debatir en torno al tema. La mesa reunió, entre otros, al ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés y al vocero del No+AFP, Luis Mesina. El líder del movimiento social por pensiones dignas admite que no existen posturas ni siquiera cercanas entre Valdés y sus propuestas, al mismo tiempo que reconoce que la propuesta de gobierno no solucionará el problema que aqueja y aquejará a millones de ciudadanos chilenos a la hora de jubilar.
¿Cómo evalúa la situación en la que está el debate previsional? Esto a propósito de un proyecto que se presentará y a raíz de las voces de la ex Nueva Mayoría, que dicen que puede ser un proyecto aún más conservador que el que llevó a cabo el gobierno de Michelle Bachelet.
Sí, leí las declaraciones de Rodrigo Valdés. Ayer en una mesa redonda me tocó participar con él y con el director de la OIT (en el Cono Sur). La opinión de Rodirgo Valdés es compleja, porque este gobierno va a tener mucha más osadía en materia previsional que la que tuvo el gobierno pasado. Ellos van a ser mejores gestores de este modelo privado, porque lo que persiguen es mantener intacto el modelo de capitalización individual, para eso es fundamental dar ciertas señales a la opinión pública y a la gran mayoría de los chilenos que se opone a este sistema. La gente se opone porque el nivel de las pensiones es indigno. La gente no se moviliza porque haga grandes análisis respecto de los sistema previsionales. La gente se moviliza cuando siente que un sistema no es capaz de garantizarle derechos fundamentales. Entonces lo que va a plantear, por la información que tenemos, el gobierno el próximo viernes es que va a seguir con la política de aumentar el gasto público: transferencias de recursos públicos para el mantenimiento de una industria que opera con cánones absolutamente privados. Entonces es más de lo mismo.
¿Qué otras críticas se apuntan contra la visión del gobierno en material previsional?
Intentan generar ciertos incentivos para que la gente no se retire a la edad que está establecida en la norma. Esto nos parece un despropósito, porque aumentar en uno o dos años más la edad de jubilación de las personas no mejora sustancialmente las pensiones. Lo que es más grave es que la gente se está pensionando más allá de la edad porque el monto de jubilación es muy bajo, pero eso tiene dos problemas: castiga a las personas de los sectores socioeconómicos más pobres, porque quienes se mueren primero son los pobres. Estamos prolongando la edad de jubilación para las mujeres más pobres en circunstancias en que van a morir en condiciones de indignidad. Lo otro es que el gobierno probablemente anuncie un incentivo para aquellos trabajadores que han cotizado sobre 15-20 años, 0,10 UF por cada año de contribución, lo que daría 2 UF promedio de mejoramiento para las pensiones. Unos 54 mil pesos. Eso es una cantidad bastante baja, pero dado el nivel precario de las pensiones, puede resultar bastante atractivo desde el punto de vista populista. Lo que busca el gobierno es dar un impacto propagandístico en términos de satisfacer a quienes hemos venido reclamando el mejoramiento de las pensiones. Lo que la gente tiene que tener claro es que todas las conquistas que el mundo del trabajo logre son única consecuencia de las movilizaciones que hemos llevado. Nada se consigue si no es con pelea, con salir a la calle.
El ministro Valdés habría argumentado que para construir mayorías había que bajarle la vara al proyecto que había presentado el gobierno. Es decir, que para mejorar el sistema de las AFP habría que ser menos ambiciosos que lo que fue el gobierno de la Nueva Mayoría. ¿Cuál es su mirada respecto a la posición del ministro Valdés?
Parece ser que a la ex Nueva Mayoría le preocupa más que el gobierno del Piñera pueda arrogarse ciertas pequeñas mejoras en materia previsional. La política se ha subordinado a los intereses de los grandes poderosos. No existe en la política ese componente axiológico y ético que obliga a quien ejerce este rol a llevar adelante los proyectos sustentados en sus ideas y convicciones. Aquí lo que prima es la vieja política fracasada que ha hecho que en nuestro país se haya exacerbado la diferencia del ingreso. Lo que plantea No+AFP es en absoluto una propuesta descabellada que vaya a generar conflicto en la economía nacional. No altera las cuentas fiscales, no produce un trastorno al mercado de capitales, no genera una destrucción del ahorro interno, que es lo que malintencionadamente se nos intenta adjudicar. Nuestra propuesta cambia el foco del desarrollo del país y vamos a cuestionar este modelo extractivista, que contamina el medioambiente. Económicamente, desde el punto de vista financiero, nuestra propuesta está garantizada, es posible financiarla y abre un debate respecto de los impuestos. En 10 o 20 años más vamos a tener que abrir un debate respecto de quién tributa en este país. Nosotros somos partidarios del impuesto progresivo a las grandes fortunas del país que permiten que una nación se desarrolle. Sin impuestos a las grandes fortunas no hay posibilidad de desarrollo de una nación. Eso no lo dice la teoría marxista, lo dice la teoría económica simple.
El ex ministro Valdés cuestionó las proyecciones en términos de ahorro del movimiento No+AFP. ¿Qué podría decir al respecto?
Eso lo explicamos claramente. Señalamos que es un mito que nuestra propuesta acabe con el ahorro interno. Tenemos más de 216 mil millones de dólares, cerca del 90 por ciento del PIB chileno, una cantidad gigantesca. Menos del 1 por ciento del ahorro total que tenemos (2.116 millones de dólares) es más que lo que costó toda la línea 6 del metro (1.350 millones de dólares). La línea 3 cuesta 1.670 millones de dólares. Con el 1 por ciento podríamos construir una línea y media del metro. Son cantidades siderales. Podríamos resolver el problema hospitalario de este país a nivel del estándar que tienen países como Alemania, Suiza… Y nos sobra mucho dinero. Entonces cuando se dice que nuestro movimiento quiere acabar con el ahorro interno, no podríamos ni aunque quisiéramos gastarlo todo. Nuestra economía es muy chica como para gastar todo ese dinero. Entonces es absolutamente irresponsable los juicios que hay en nuestro movimiento. Lo que sí queremos hacer es pagar mejores pensiones a partir de ahora y en cinco años, de manera gradual, establecer una pensión mínima que esté igual al salario mínimo: $270.000 pesos.
¿Entonces hay recursos suficientes para eso?
Hay recursos suficientes para transitar hacia esa discusión que generan lo que se conoce como un aumento a la demanda delegada: más personas con mayores ingresos consumen más en la economía y se genera un circulo virtuoso. Si la gente consume más, aumenta la oferta de bienes y servicios para que la gente consuma . Hay que tener cuidado con que la inflación no se escape, pero eso es política macroeconómica que se puede abordar con seriedad. Acá, siempre que el movimiento social construye una propuesta se construye el fantasma del terror, de la crisis, del desempleo. Solo un dato: hoy llevamos más de 400 mil empleos que han desaparecido y la perspectiva dice que de aquí a tres años más podemos perder casi 3 millones de empleos formales. ¿Cuál es la política del Estado respecto de lo que va a pasar con la incorporación tecnológica? Ninguna. Aquí se requiere garantizar derechos básicos. Eso solo lo hace la seguridad social.
En el foro de ayer también se habló de lo poco que contribuye el Estado a las pensiones. ¿Qué reflexión se puede hacer sobre esto?
Nosotros creemos que el Estado debe tener un rol protagónico en lo que es la garantía de este derecho. El Estado no puede ser un actor neutral que observa cómo privados y trabajadores resuelven este tema. Es una responsabilidad que le compete en primer lugar al Estado. En ese plano, en nuestra propuesta planteamos que el Estado tiene que empezar gradualmente a hacerse responsable, en primer lugar, de los funcionarios públicos. Pagar la contribución que corresponde como empleador de más de 450 mil trabajadores. Tenemos que resolver el problema de lo que pasa con los honorarios. Tiene que contratarlos y garantizarle derechos fundamentales. El Estado, además de asumir la responsabilidad como empleador, va a tener que destinar un porcentaje del PIB que empiece en un 0,6 por ciento y que aumente cada año en un 0,3 puntos porcentuales hasta llegar a un 3 por ciento para que en 20 años el Estado esté aportando del total de los ingresos que recauda un 6 o 7 por ciento para que el 2070-2080 estemos pagando lo que hoy día están pagando el promedio de los países de la OCDE. Esto no es descabellado. Hoy destinamos un 4,4 por ciento del PIB. Ayer los economistas me decían que cómo se nos ocurría gasta un 6 por ciento, ¿y cuál es el problema? La pregunta no es esa, la pregunta es cómo sacamos esos recursos para que Chile pueda destinar ese porcentaje a nuestros viejos. Chile no se ha hecho una nación grande por el desarrollo del capital, ha sido gracias al esfuerzo de mucha humanidad, recibiendo salarios bajos y precariedad. Esa gente merece nuestro reconocimiento y una propuesta de seguridad social tiene que garantizar eso. Es necesario tener esta discusión política, no económica.
El proyecto previsional de Piñera
La propuesta del gobierno consideraría un bono permanente para la clase media (personas que reciban una pensión de máximo $810.000 pesos) y tendrá como requisito un mínimo de 16 años de cotización para mujeres y 20 para hombres. Además, y como guiño al gobierno anterior (que consideraba la idea la solidaridad) incluirán la creación de un seguro solidario. Según indica La Tercera, “el 4 por ciento de alza prevista para la cotización individual, una parte iría para la creación de un seguro de dependencia”.
Existe la posibilidad de que el gobierno también intente impulsar la competencia en el campo de las pensiones. En ese contexto evaluaría la creación de una AFP estatal y la posibilidad de que sean otras entidades (como cajas de compensación, por ejemplo) las que administren fondos de pensiones.
Otra idea, la principal, apunta a la mejora del Pilar Solidario. Según el matutino “la idea que toma más fuerza es subirlo en un 42 por ciento de manera gradual, partiendo con un 10 por ciento durante el primer año. De allí el alza se irá materializando a medida que los beneficiarios vayan cumpliendo mayor edad, hasta llegar al 42 por ciento para quienes cumplan 85 años. Hoy, el monto actual de la Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez es de $ 104.646 pesos”.
