A dos meses de que el Ejecutivo haya presentado el proyecto de migración, y a solo dos días de la primera Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera, el ex Presidente del Consejo Consultivo de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, analizó las medidas impulsadas por el gobierno, además de manifestar sus expectativas respecto de lo que en materia migratoria puede venir a futuro.

Considerando que estamos a días de la Cuenta Pública, ¿cuáles son sus expectativas respecto de lo que pueda señalar Sebastián Piñera en materia de migración?

Probablemente lo que señale el Presidente en la Cuenta Pública va a ser en la línea de lo que ha señalado hasta ahora. Se ha centrado fundamentalmente en señalar que la migración es un problema, que genera desorden, que hay mucha ilegalidad y que ellos están en la línea de ordenarlo, legalizarlo, etc… Probablemente va a sacar rendimiento al hecho de que durante en los gobiernos de la Nueva Mayoría, y su mismo gobierno anterior, tampoco se avanzó en el tema, entonces va a mostrar lo que ha mostrado hasta ahora: que están haciendo cosas en un determinado marco -muy limitado desde mi punto de vista- y que seguirá adelante con eso.

¿Por qué es limitada la visión que tiene el Ejecutivo respecto de este tema?

Porque  aquí no se ha dicho ninguna palabra ni se ha tomado ninguna medida en función de políticas de integración de la población migrante. Se ha reducido toda la necesidad de una política migratoria al control fronterizo. Esto con medidas que no van a tener el efecto deseado, según lo que se ha mostrado en este mismo país y en otros países. Hay una falencia sustantiva en términos de entender la política migratoria como política de cierre de fronteras. Aquí hay realidades territoriales en muchos barrios y comunas de la región Metropolitana y de otras regiones, donde se están generando situaciones que requieren intervención urgente en términos de política pública. Las medidas del gobierno, como el proceso de regularización, las visas consulares, y el mismo proyecto de ley que se reactivó en el Congreso con las indicaciones, no apuntan en ningún caso al proceso de integración de la población migrante. Aquí se está utilizando la política migratoria para entregar señales a la opinión pública de orden y legalidad, más que haber un interés en el proceso de integración de las comunidades migrantes, de construcción de cohesión social, etc…

Se ha caído en la dinámica de los buenos y los malos… Aparentemente los malos están orientados hacia un mismo sector, ligados a la pobreza y al color de piel…

Sí, aquí hay políticas que muestran eso: se ha buscado dar señales comunicacionales a la población. Eso va a generar problemas en términos de la implementación de las medidas. En el tema de las visas consulares por motivos de turismo a los haitianos y las visas de responsabilidad democrática para ciudadanos de Venezuela, son visas que restringen el acceso a Chile, y se han presentado como que aquí se va a parar el flujo de los haitianos, de los pobres, de los negros, y se va a “ordenar” el flujo de los venezolanos. Sin embargo, la medida de una visa consular para la población de Venezuela es efectivamente un cierre de fronteras. Ambas medidas van a incentivar el proceso de ingreso irregular al país, como ha ocurrido con otras experiencias. Son medidas que han comunicado una determinada imagen que no es concordante con las consecuencias que van a a tener esas políticas.  En esos mensajes hay, de todas formas, señales de discriminación y racismo frente a la población haitiana que son clarísimas. De hecho, en un primer momento, ellos retrocedieron en la decisión de poner la visa de turismo para la población haitiana por 30 días, haciendo una diferenciación con todos los países del mundo, que tienen una visa de turismo de duración de 90 días. El hecho de que el Tribunal Constitucional haya acogido el recurso de inconstitucionalidad que se presentó respecto de esta medida también es un indicador de que se está actuando de manera muy irresponsable.

Las organizaciones sociales han levantado propuestas desde un principio para ver cómo abordar la situación. ¿Por qué esos diagnósticos que se han hecho desde la sociedad civil no están siendo considerados por las autoridades?

Aquí la sociedad civil respecto del Ejecutivo está aislada, hay que decirlo. Durante la administración anterior se convocó al Consejo Nacional de Migraciones, que es consultivo, no es de acuerdos vinculantes, pero es un Consejo que la autoridad al menos escuchaba. El gobierno del Presidente Piñera lo primero que hizo en materia de migraciones, fue cerrar este Consejo. Le cerró la puerta a las organizaciones para poder dialogar con ellas. Entonces ahora las organizaciones se están articulando directamente con el Congreso en función de buscar espacios de disidencia desde ese punto de vista, y ha habido harta acogida en ese ámbito. Las organizaciones sociales no están participando en el proceso, yo no sé si los empresarios u otros actores sociales están participando en la definición de las políticas. Yo creo que es bueno abrir el debate a todos los actores sociales y políticos, no encapsularlo ni reducirlo solo al Ejecutivo, porque así la política va a ser menos realista, con menos información sobre lo que ocurre y con menos sustentabilidad en el tiempo, porque una política, para que tenga legitimidad, en su funcionamiento tiene que involucrar a los actores que van a ser los depositarios de esa política. Me parece que se ha cometido un error grave, no solo por las consecuencias que tiene en términos democráticos el cierre del Consejo, sino que también en términos de la capacidad de generar políticas públicas y tomar medidas que sean sustentables en el tiempo y concordantes con las necesidades reales del país.

Falta abordar el problema de manera multisectorial. Por lo que se ha visto, se centra todo en la figura del ministro Chadwick, de Interior, que se preocupa más de temas de seguridad, pero se extraña lo que pueda decir el ministerio del Trabajo, de Educación y de Salud. ¿Falta esa visión multisectorial del tema?

Aquí no se ha dicho una palabra sobre vivienda. Cuando todos sabemos que uno de los problemas críticos del proceso de incorporación de la población migrante a este país tiene que ver con la crisis en la vivienda. Los migrantes llegan a un país que, si bien tiene cuestiones que les permiten acceder a un mercado de trabajo, en el ámbito de la vivienda hay un problema que es del país. No se ha dicho ninguna palabra de educación. ¿Qué se va a hacer en materia de educación? Aquí hay colegios públicos cuya matrícula supera el 50% de alumnos migrantes. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Qué se va a hacer en materia de salud? ¿Se va a implementar política de salud para migrantes, que se diseñó durante 2016 y 2017 a través de los consejos consultivos a nivel nacional? Se hicieron más de 10 mil encuentros consultivos para definir una política de salud para la población migrante. Se presentó en octubre de 2017. Hay que decir que en ese ámbito, de salud, es donde más se ha trabajado en el pasado en materia de políticas de integración, pero este gobierno no ha dicho una palabra al respecto. ¿Qué van a hacer para resolver el proceso de integración de la población migrante? ¿O creen que cerrando la frontera y presentando un proyecto de ley que tiene problemas importantes en términos de las indicaciones que se le presentaron se va a resolver la situación que viven los migrantes hoy día?